La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha prometido hoy que el Parlamento podrá votar sobre las directivas laborales que adopte la Unión Europea tras el Brexit, en lugar de que, como ahora, se incorporen automáticamente a la legislación nacional.

May dijo que la medida, que permitirá a los diputados decidir si aceptan la futura legislación comunitaria, asegura que los derechos de los trabajadores "quedarán protegidos" después de que el Reino Unido salga del bloque.

Sin embargo, la oposición y los sindicatos consideran la propuesta insuficiente y alertan de que este país podría quedarse atrás en materia de derechos laborales respecto a los miembros de la UE.

Al presentar la iniciativa, destinada a recabar apoyos para su acuerdo de divorcio -que podría ser votado el 12 de marzo-, la líder tory se comprometió además a no recortar los derechos ya incluidos en el derecho británico y a consultar con los sindicatos los futuros cambios.

La premier afirmó que el Reino Unido "ha liderado en materia de derechos laborales al tiempo que ha mantenido un mercado laboral flexible", y aseguró que a menudo el país ha sobrepasado "los estándares mínimos fijados por la UE".

Señaló que, en virtud del proyecto de ley para la retirada de la Unión Europea, "el Parlamento podrá votar sobre lo que deberá hacer el Gobierno en respuesta a cambios en la legislación europea de derechos laborales".

Las primeras votaciones tras la salida británica de la UE, prevista para el 29 de marzo, serían sobre la directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la profesional y la directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles.

La secretaria general de la confederación sindical TUC, Frances O'Grady, calificó la propuesta gubernamental de "cosmética" y "profundamente decepcionante".

"Los trabajadores necesitan garantías legales de que sus derechos adquiridos estarán asegurados después del Brexit, y eso debe incluirse en el tratado" de salida, afirmó.

La portavoz laborista de Empresas, Rebecca Long-Bailey, consideró "inaceptable" la propuesta de May, a la que acusó de permitir que en el futuro "los derechos de los trabajadores británicos puedan quedar por detrás de los de sus colegas europeos".

La presidenta de la comisión de Empresas de la Cámara de los Comunes, Rachel Reeves, recordó que ofrecer un voto al Parlamento sobre futuras directivas comunitarias "no significa que el Gobierno vaya a aceptarlas ni que un futuro Parlamento las apoye".