Más allá del gran pilar de las jubilaciones en España, el de las prestaciones públicas en manos de la Seguridad Social, o del ahorro individual, los fondos de pensiones de empleo, muy poco desarrollado, son también un fuerte puntal. Se trata de una opción que promueve la empresa para sus trabajadores, que son sus beneficiarios. Así, el promotor será el empleador, corporación o sociedad, y podrán adherirse voluntariamente a la misma toda su plantilla. 

Sin embargo, actualmente son pocas las entidades en el país que tienen planes de pensiones para sus trabajadores. De hecho, menos de dos millones de españoles eran beneficiarios, esto es, solo uno de cada diez ocupados, al cierre de 2019, con protagonismo de los funcionarios, profesionales de la banca y del sector energético, según los datos de la patronal Inverco.

En concreto, España cerró el año con 19.963.300 ocupados en el sector público y privado -como muestra la última Encuesta de Población Activa- de los que solo 1.981.166 eran partícipes de planes de empleo, es decir, menos de un 10%.

La Administración General del Estado, con 523.821 beneficiarios, aglutina casi un cuarto de los usuarios, siendo este el mayor empleador con planes de empleo, seguido de la Generalitat de Cataluña y la Valenciana, con 202.657 y 117.659 partícipes, como señala Inverco.

En el ámbito privado, la banca es uno de los sectores donde es más frecuente ofrecer esta opción a sus trabajadores. Caixabank (47.152 personas), BBVA (37.262), Santander (29.629), Caja Madrid (28.626), Sabadell (25.591) y Bankia (23.832) son algunas de las entidades de más trabajadores con esta opción.

También destaca por volumen Telefónica, con 23.833 partícipes en el plan de empleo y que ya contaba con 11.559 beneficiarios a cierre de 2019.

Mientras, en el sector energético destacan por número de beneficiarios de esta alternativa de jubilación Endesa (13.200), Iberdrola (9.420), Gas Natural (8.850), Repsol (7.528) y Cepsa (3.704). 

«Estos datos son un punto de partida importante, pero obviamente no es suficiente. Muestran que todavía falta un apoyo decidido de la Administración», explica José Luis Manrique, director de Estudios de Inverco.

Tanto esta asociación como Unespa han pedido en reiteradas ocasiones que el Gobierno fomente un modelo semiobligatorio de planes de empleo complementarios a la pensión pública, similar al que existe en el Reino Unido, ante el reto de la longevidad y por la insostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

«Hay que implementar la previsión social complementaria a través de esta alternativa porque es más fácil y al partícipe le cuesta menos ahorrar cuando la empresa está aportando de forma cuasiobligatoria, que individualmente», argumenta Manrique.

Confianza en el Gobierno

Para ello, el representante de Inverco sostiene que es necesario un «gran acuerdo social» donde estén implicados trabajadores, sindicatos y empresarios, y valora como «muy positivo» el nombramiento de José Luis Escrivá como ministro de Seguridad Social, en tanto que procede de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

«Es una persona muy técnica y creo que ahora hacen falta perfiles técnicos que sepan valorar exactamente la situación y la evolución de las pensiones públicas», sostiene Manrique, que muestra «mucha confianza» en su labor.