COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Junqueras, el menos afectado por su sentencia

El Tribunal Supremo ha recibido una mala noticia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a cuenta de la inmunidad del presidente de ERC, Oriol Junqueras, pero su decisión tiene más consecuencias sobre la investidura del presidente del Gobierno y la duración de la legislatura catalana que sobre la situación del propio condenado por sedición. Frente a la euforia de los independentistas catalanes por la decisión judicial que consideran una victoria y una demostración de la politización de la justicia española, a pesar de haber sido el Supremo el que instó la cuestión prejudicial sobre el asunto, es preciso mantener la calma y estudiar con detenimiento todos y cada uno de los aspectos de la sentencia europea y sus consecuencias inmediatas, que seguramente no son ni la libertad de Junqueras, ni la nulidad del juicio y su repetición comenzando por la petición del suplicatorio al Parlamento Europeo, ni la vuelta de Puigdemont a España. Y es muy posible que a los franceses tampoco les haga mucha ilusión que el expresidente catalán, haya manifestado su intención de instalarse en Perpignan, capital de Catalunya Nord, en el imaginario independentista.

Una vez más lo importante vuelven a ser los tiempos, los cinco días que el Supremo ha dado a todas las partes para que tomen posición sobre la sentencia del tribunal de Luxemburgo y sus consecuencias, y el tiempo que se tomen los magistrados para decidir, teniendo en cuenta que la situación de Oriol Junqueras era previa a su elección como eurodiputado y que la sentencia a 13 años de prisión se conoció un día antes de la proclamación de los electos.

El propio Tribunal Supremo estableció sus salvaguardas al dirigirse al TJUE, al referirse al carácter hipotético de sus preguntas con información de que para que los parlamentarios españoles tengan inmunidad es preciso que aún no se haya abierto el juicio oral, y que además en el caso de Oriol Junqueras existía ya una condena en firme. De hecho los jueces de Luxemburgo reconocen que se trata de enjuiciar una situación de prisión provisional que ya no se da y que es el tribunal sentenciador quien “debe asumir la responsabilidad de la resolución judicial que ha de adoptarse”. A esas consideraciones se ha sumado la Fiscalía en una rápida reacción.

Después de estar en una semana de dilación del acuerdo entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, a la espera de esta sentencia y del congreso de ERC, vuelve a entrarse en otro periodo de impasse condicionado por el cónclave de los independentistas ahora que reclaman la libertad de su líder, y del tiempo que tardarán las decisiones pendientes, entre otras la que pueda adoptar el Parlamento Europeo sobre los eurodiputados independentistas condenados o huidos, que no será antes del 7 de enero y el propio TJUE sobre Puigdemont y Comín. Para esa fecha los socialistas preveían que hubiera un gobierno en ejercicio. Es de prever que los negociadores hubieran previsto la sentencia del TJUE dado el pronunciamiento previo del Abogado general de la UE, cuyos dictámenes siguen los jueces de Luxemburgo en la mayor parte de los casos.

Entretanto Quim Torra ha sido condenado a año y medio de inhabilitación especial y se ha revuelto contra la decisión judicial como si su futuro dependiera de ello en un momento en el que los dos pesos pesados del independentismo tienen una baza que jugar.