CCOO, UGT y CSIF cifraron ayer en unos 20,4 millones de euros la deuda que la Junta de Castilla y León mantiene con los 85.000 empleados públicos de la Comunidad -una media de 240 euros por trabajador- por el incumplimiento del acuerdo de fondos adicionales firmado en 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy y ratificado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En una comparecencia conjunta, representantes de los tres sindicatos denunciaron el sistemático incumplimiento por parte de la Junta de los acuerdos alcanzados y su «nula» voluntad de negociación, a la vez que anunciaron un calendario de movilizaciones en todas las provincias que arrancará el próximo 23 de enero de Ávila y que finalizará en Valladolid el 27 de febrero con una marcha que recorrerá centros sanitarios, colegios y dependencias de la Junta.

El secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Castilla y León, Tomás Pérez, aseguró en declaraciones recogidas por Ical, que la Junta, además de negarse a negociar, no cumple los acuerdos firmados, como en el caso de la aplicación de las 35 horas, y «desobedece» las leyes como ocurre con los fondos adicionales o el desarrollo de la Carrera Profesional.

Pérez lamentó que a pesar de las diversas propuestas de los sindicatos para sentarse a negociar la aplicación del acuerdo de fondos adicionales o la aplicación de las 35 horas, la única respuesta de la Junta han sido las «amenazas» lanzadas por Francisco Igea.

En este sentido, el secretario general de la Federación de Servicio a la Ciudadanía de CCOO Castilla y León, Carlos Julio López, reprochó a la Junta su «voluntad de desinformación al intentar presentarse como un gobierno dialogante, cuando la realidad es la opuesta» y aseveró que en el caso de las 35 horas, y a pesar de los anuncios del propio Igea y del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, la realidad es que «no ha existido ninguna negociación seria».

Carrera profesional

Por su parte, la secretaria autonómica de Acción Sindical de CSIF Castilla y León, Raquel Fernández, denunció que tampoco se ha avanzado nada en la aplicación de la Carrera Profesional, a pesar de que la ley fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 26 de marzo de 2019 y en la misma se establecía que a 31 de diciembre del pasado año tenía que estar desarrollada mediante un reglamento y convocada.

Fernández aseveró que la Junta «incumple sus propias leyes, ya que a estas alturas los sindicatos todavía no tenemos un borrador del reglamento que regule la Carrera Profesional, y se niega a dialogar.» Además, explicó que la Carrera Profesional sólo se está aplicando en Sanidad por medio de sentencias ganadas y advirtió que para el resto de trabajadores públicos la Junta «pretende aplicar una Carrera Profesional b». «Revindicamos igualdad para todos los trabajadores públicos, independientemente de la administración. Al igual trabajo, igual salario», sentenció.