El Comité Territorial de Seguridad, integrado por la Junta de Castilla y León, la Subdelegación de Gobierno y la Diócesis de Osma-Soria, se ha reunido esta mañana con el objetivo de intercambiar información para reforzar las acciones que coordinadamente se llevan a cabo en materia de seguridad y protección del patrimonio cultural de la provincia. 

Durante la cita, la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, reconoció la labor realizada por los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, así como la de los agentes medioambientales de la Junta, y valoró de forma positiva la coordinación en la prevención y la investigación establecida entre el Estado y la Comunidad, junto con la Diócesis, para la defensa del patrimonio soriano. 

Por su parte, el delegado diocesano de Patrimonio, José Sala, informó que desde la Diócesis se sigue trabajando en el inventario de bienes muebles de las iglesias y ermitas ubicadas en localidades poco pobladas o despobladas. El representante de la Diócesis informó, entre otras cuestiones, que se está intentando concienciar a los párrocos y habitantes de estos núcleos para trasladar los bienes muebles que puedan ser sustraídos a parroquias de los pueblos de cabecera para disminuir estos riesgos. 

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, recordó el trabajo proactivo que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, manteniendo un contacto continuo con los responsables de las parroquias de la provincia, para control y prevención de delitos contra el patrimonio. El teniente coronel jefe de la Comandancia de Soria de la Guardia Civil de Soria, Andrés Manuel Velarde, dio a conocer las actuaciones efectuadas en el último año. La Guardia Civil ha realizado más de 2.680 servicios de vigilancia del patrimonio histórico y actuaciones de control, sirviéndose de la base de datos de Patrimonio Cultural (PACU) aportada desde la Junta de Castilla y León y sobre la que han destacado la especial atención a los más de 130 puntos declarados Bien de Interés Cultural en la provincia. En este periodo ha identificado a 42 personas y vehículos en distintas zonas sensibles de la provincia, fundamentalmente de carácter arqueológico.

Además, se han identificado siete delitos: expolio de Calderuela; tentativa de robo de campanas en la iglesia de Blacos; robo de piezas del pórtico de la iglesia del despoblado de Pozuelo, en Carrascosa; robo de un cuadro (Virgen de Valvanera) de la capilla del cementerio de El Burgo de Osma; daños de una cristalera en el centro de interpretación de la muralla de Almazán; daños en una cruz tallada en arenisca (crucero) en Cidones; y pintadas en el pórtico de la ermita de La Soledad, en Vinuesa. Estos delitos conllevaron tres detenciones, dos por los expolios de Calderuela y un tercero por los daños ocasionados en Almazán. 

La Guardia Civil ha mantenido más de 40 reuniones con alcaldes de municipios y personas relacionadas con este ámbito para revisar cuáles pueden considerarse los puntos más vulnerables y mejorar las prestaciones en defensa del patrimonio.

El inspector jefe Cuerpo Nacional de Policía en Soria, Emilio Miguel Moya, dio cuenta de la aparición (en dos ocasiones) de pintadas en la trasera de la iglesia de Santa María La Mayor, en la capital, así como de la localización de restos óseos en la ladera sureste del Castillo, que resultaron pertenecer a una necrópolis hebrea. Se informó de la necesidad de comunicar casos similares al Servicio Territorial y de no retirar los restos hasta visita de los arqueólogos. 

El jefe del Servicio Territorial de Cultura, Carlos de la Casa, informó, en relación con el expolio de Calderuela, que desde el Servicio se abrieron los correspondientes (dos) expedientes sancionadores (mes de abril) y que posteriormente (junio) quedaron en suspenso dado el inicio de diligencias previas por parte del Juzgado.

En relación a las dos personas denunciadas por el uso de detectores de metales en yacimientos inventariados en Soliedra (se contabilizaron en la zona más de 240 catas), desde el Servicio se incoaron sendos expedientes con sanciones de 1.000 euros y 500 euros, respectivamente.