El AMPA del colegio de educación especial Santa Isabel está integrado en la Plataforma ‘Educación inclusiva sí, especial también’, que convocó el pasado 23 de febrero la manifestación de Valladolid para expresar su rechazo al cierre de este tipo de centros a la que asistieron un centenar de personas de Soria. Eva María Andrés, presidenta del AMPA, asegura que en «en estos momentos hay mucha confusión e incertidumbre» y temen que la medida obedezca a recortes.
La ministra de Educación, Isabel Celaá, desmintió que se vayan a cerrar estos centros, pero el proyecto de ley para la reforma de la actual ley de educación que ya ha presentado incluye una enmienda que deja en suspenso la situación de estos centros, al fijar un plazo de diez años para dotar de recursos a los centros ordinarios manteniéndolos tan solo como de referencia o apoyo. De esta manera, se realizaría un trasvase de alumnos de centros especiales al sistema ordinario. Por su parte, el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, se ha comprometido con su continuidad y la de la oferta en los colegios ordinarios para quien solicite la educación inclusiva, ofreciendo así las dos vías. El AMPAde Soria cuenta con la total disposición de la Subdelegación del Gobierno y la Junta, que han atendido sus peticiones y reclamaciones en todo momento.
Pero la plataforma insiste en que debe contar con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) -organismo que traslada las propuestas al Consejo Escolar de Estado- a nivel regional y nacional, reclamando su apoyo para que estos centros continúen en su formato actual y con su alumnado, pero que al mismo tiempo se pueda ofrecer la educación inclusiva y las familias sean libres para elegir el proyecto educativo. Se reclama, además, la eliminación de la polémica enmienda 502 del proyecto de ley de educación. La plataforma está satisfecha por la presión que supuso la manifestación del 23 de febrero en Valladolid.
Las familias de Soria explican que muchos alumnos del Santa Isabel llegan de la educación ordinaria en la que no han logrado encajar, pero no tenemos nada en contra de la misma ni queremos desprestigiarla. «Por ejemplo, había en un aula 27 niños y tres con discapacidad, que no jugaban con el resto... Las aulas sustitutivas funcionan para los más pequeños, pero después... Sin embargo, en este centro tienen amigos, son felices, hay numerosas actividades destinadas a su inclusión... Hay vida y hay alegría, es un cambio a mejor», indica Eva María Andrés. A ello se suma el personal especializado y cualificado, fundamental para preparar a los alumnos para la inclusión social, «continuamente haciendo cosas con ellos». «Estamos con todos los profesionales, desde el que hace la comida hasta la dirección, sin ellos los centros no funcionarían», añaden.
Desde ANDE, su presidente, Arturo González, apoya el mantenimiento de estos centros y asegura que su cierre es «inviable» y «contraproducente», ya que los centros ordinarios no están preparados para la integración inclusiva total y «queda mucho por hacer». Los centros de educación especial son «esenciales», al contar con personal especializado.
rechazo al cambio. Por su parte, el sindicato ANPE Soria rechaza proposiciones de ley (presentadas en la Asamblea de Madrid por el Grupo Parlamentario Podemos y el grupo promotor de la iniciativa legislativa de los ayuntamientos) porque su aprobación implicaría la desaparición de los centros de educación especial. «La primera los reduce a centros proveedores de servicios y recursos estableciendo que todo el alumnado sea escolarizado en centros ordinarios; y la segunda no contempla la existencia de centros de educación especial y crea en los centros ordinarios las aulas especializadas», explican.
Las propuestas, según el sindicato, contrastan con el sistema educativo actual, donde el alumnado con necesidades educativas especiales cuenta con dos vías diferenciadas regidas por los principios de normalización e inclusión: la ordinaria, con apoyos y adaptaciones curriculares; y la especial, en centros de educación especial y para quienes requieren una respuesta educativa que no puede ser ofrecida en un centro ordinario. «Esto no supone en absoluto ningún tipo de segregación», subraya el sindicato.
Los trabajadores indican que para identificar y valorar las necesidades educativas especiales que algunos alumnos presentan de forma temporal o permanente y darles una respuesta eficaz, los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y los departamentos de orientación de los centros «realizan una evaluación psicopedagógica que, una vez concluida, determinará la escolarización más adecuada, contando con la conformidad de las familias y la propuesta del centro más adecuado: centro ordinario, centro de educación especial, centro ordinario preferente, unidades de educación especial en centros ordinarios, aulas hospitalarias, centros educativos terapéuticos...».
los centros. Con carácter general, los alumnos cuyas necesidades educativas especiales solo pueden ser atendidas por centros de educación especial «son aquellos cuyas pruebas psicométricas determinan un cociente intelectual muy bajo y unas habilidades adaptativas, sociales y personales muy afectadas, que requieren un apoyo que los centros ordinarios no pueden proporcionar, alumnos con trastornos del desarrollo intelectual y plurideficiencia, con discapacidad intelectual severa o con trastornos de personalidad vinculados al autismo o psicosis». El sindicato deja claro que los centros de educación especial «persiguen el pleno desarrollo integral y lograr la adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo que les preparen para la participación activa y responsable en la sociedad, con el mayor nivel de autonomía e independencia posible. Se pretende mejorar su calidad de vida, su salud y bienestar; y la adquisición de saberes que posibiliten su participación en diferentes entornos y la inclusión social».
De esta manera, cuentan con recursos específicos, tanto personales como materiales o técnicos, y una organización temporal y espacial muy diferente a la de centros ordinarios. «La inclusión educativa pasa por contemplar cada situación y alumno de forma particular, como sucede en la educación especial en la actualidad.El derecho a no ser discriminado no supone se tratado del mismo modo que los demás, sino como cada uno necesita. Algunos alumnos se adaptan bien a la escuela ordinaria, pero otros requieren una educación individualizada que solo la educación especial ofrece», insisten desde ANPE.
Por ello, advierten de que «el cierre de los centros de educación especial negaría a estos alumnos los medios específicos que su educación exige. Su traslado a centros ordinarios, la falta de adaptación de sus currículos y su mayor dificultad para afrontar cambios del entorno podrían afectar a su autoestima e impedir su integración».
Reclaman a la Junta de Castilla y León, que ultima el II Plan de Atención a la Biodiversidad, que antes de su aprobación y publicación se negocie con los representantes del profesorado de Castilla y León y con todos los colectivos afectados:padres, madres, profesores, personal laboral, equipos de orientación...
«Ambas vías, la ordinaria y la especial, son necesarias y complementarias. Si se busca la inclusión real en la sociedad de las personas con discapacidad, habrá que aceptar la existencia de una educación específica y especializada como elemento compensador de las desigualdades derivadas de la discapacidad. Lo contrario sería discriminatorio y conduciría a la segregación que se pretende evitar», concluyen.