La modificación de estatutos del Consorcio del Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), ha devuelto al salon de Plenos de la Diputación todos los reproches a cuenta del proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente (CMA) cuyo heredero es el PEMA. José Antonio de Miguel, uno de los vicepresidentes y en su día, perteneciendo al PP, gran defensor de la CMA, ha responsabilizado de los sobrecostes a los grupos que se han opuesto durante estos años a la infraestructura. Con las sentencias del lado de la Junta salvo la del Tribunal Constitucional de 2012, y una vez desbloqueada la iniciativa, se pregunta quién pagará ahora todo ese coste, lamentando que muchos "se vayan de rositas". Por su parte, Luis Rey ha argumentado que todo ese dinero invertido de manera infructuosa se debe precisamente a los errores cometidos en su día por la Junta, que además de la parte empresarial incluía un sector residencial "que es a lo que nos hemos opuesto siempre". Repecto a la modificación del Consorcio para el PEMA debatido hoy, Rey ha justificado la abstención de su grupo por ser un organismo que carece de cometido y que no se sabe el coste que va a tener para las arcas públicas.