Mujer de entre 20 y 29 años, con estudios, que ya es madre, que no ha tenido abortos voluntarios anteriormente, que no utilizó métodos anticonceptivos, que interrumpe su embarazo antes de las ocho semanas de gestación y que acude a un centro sanitario público a solicitar la información pertinente. Es el perfil mayoritario de las sorianas que optaron en 2017 por interrumpir voluntariamente su embarazo. Fueron 122, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, quien elabora un informe anual con la información aportada por las Comunidades Autónomas [cabe matizar que cada IVE que se practica ha de ser notificada por el médico responsable de la misma a la autoridad sanitaria de la Comunidad donde se llevó a cabo la intervención]. 

El perfil mayoritario, no obstante, tiene algunos matices. De los 122 casos de sorianas que interrumpieron voluntariamente su embarazo en 2017, seis fueron menores de edad:dos chicas de 14 años, una de 15 años y tres de 17 años, lo que puede ser reflejo de la rebaja de la edad de inicio en las relaciones sexuales. 

Pero también se da el caso contrario. La mitad de las sorianas que abortaron tenían más de 30 años. Hubo un caso por encima de los 44 años y doce en mujeres de entre 40 y 44 año. Desde los años 80 se ha ido retrasando la edad de maternidad en las mujeres españolas y eso conlleva unos riesgos, que podrían justificar en parte los datos de IVE. Porque está demostrado que el retraso en la maternidad multiplica los nacimientos con alteraciones cromosómicas y malformaciones estructurales, según los datos que se presentaron en 2016 en el XIV Congreso Nacional de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM) celebrado en Valencia. De las 122 IVE de sorianas en 2017, diez fueron por riesgo de graves anomalías en el feto y 32 por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada. 

un 270% más que en los 80. De acuerdo a los datos estadísticos, en 2017 se registró un aborto cada tres días aproximadamente en Soria. En la contra, nacieron 1,5 niños al día (557 niños, según los datos de Sacyl).

Los datos de 2017 son los últimos publicados hasta la fecha, pero el Ministerio ofrece información desde finales de los años 90, lo que permite ver una evolución de la situación, con un crecimiento en los últimos treinta años que se aproxima al 270%. Desde los 33 abortos a sorianas registrados en el año 1987, la cifra fue aumentando progresivamente hasta el año 2011, cuando se marcó el dato más elevado del siglo, con 204 interrupciones voluntarias de embarazo. El repunte se produjo justo después de que entrara en vigor la ley del aborto (2010), todavía vigente, que daba libertad a la mujer para tomar esta decisión hasta la semana 14. Es el dato más alto registrado y, a partir de entonces, las cifras comenzaron a bajar paulatinamente hasta los 101 abortos de 2016. En  2017 se aprecia un repunte, con 21 casos más.

el efecto de las leyes. Los datos son el reflejo de la propia sociedad pero, también y sobre todo, de los cambios normativos. Cabe recordar que hasta 1985 la interrupción voluntaria del embarazo era un delito, de modo que las mujeres que abortaban lo hacían clandestinamente o debían viajar a un país donde no fuera delito. Desde entonces, España ha tenido dos leyes sobre el aborto. La primera fuela Ley Orgánica 9/1985 de reforma del artículo 417 bis del Código Penal. Despenalizaba por primera vez el aborto, pero solo en tres supuestos: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada; violación; y si el feto podía nacer con graves problemas físicos o psíquicos. Aún así, esta primera ley contemplaba de seis meses a un año de cárcel (o multa de seis a 24 meses) para las  mujeres que abortaran fuera de estos tres supuestos. 

En 2010 llegó la denominada ley de plazos, que sigue hoy vigente. La Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo permite el aborto libre en las 14 primeras semanas; dentro de las 22 semanas si existe grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías en el feto; y en cualquier momento si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida (...) o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable. El PP la recurrió ante el Tribunal Constitucional, y sigue pendiente de resolución. 

El debate ha estado siempre sobre la mesa pero ahora, en plena campaña electoral, algunos partidos políticos han decidido ponerlo en el primer nivel informativo para hacerse con el voto más conservador. Las voces más críticas llegan desde PP y Vox. Los primeros, proponen regresar a la ley del 85. Desde Vox, el mensaje se endurece y hablan de «cultura de la muerte», «fracaso de la sociedad», y «la mayor tragedia que hay para una mujer». Ambos han anunciado que, si gobiernan, tomarán medidas y dispondrán más fondos públicos y recursos económicos para «ayudar a las madres» y «paliar» los abortos voluntarios. 

LAS SORIANAS, DERIVADAS. En Soria no se practican abortos en el hospital público, toda vez que los médicos pueden acogerse a la objeción de conciencia. No obstante, esto no significa que las sorianas estén privadas de este derecho. La IVE es una prestación sanitaria incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, debe ser asumida por el Servicio de Salud correspondiente. El Sacyl deriva a las pacientes a las tres clínicas de la Comunidad autorizadas para ello en León, Salamanca y Valladolid.