Latorre hace balance de  la gestión de esta crisis sanitaria, económica y social, así como del conjunto del periodo que lleva en el cargo.

¿Está Soria preparada para una ‘segunda oleada’ de la COVID-19?

En principio, tenemos una ventaja y es que la seroprevalencia es de un porcentaje muy elevado (14,4%), con lo cual los contagios que se puedan producir en la provincia serán relativamente menores a los de otras zonas. La red de rastreadores, en principio, parece que está funcionando, aunque siempre es deseable que hubiera más, para hacer un seguimiento más exhaustivo. De lo que se trata es que cuando haya un positivo se alcance al mayor número de contactos estrechos, con lo cual, cuantas más personas estén implicadas en el proceso, más fácil es de acotar. La incidencia acumulada [casos que aparecen en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes] es baja. Está en 10 en Castilla y León que, comparado con otras comunidades limítrofes como Aragón [350], estamos en una posición privilegiada. Hay que seguir manteniendo esa tensión y, sobre todo, la distancia, el lavado de manos y la mascarilla, los elementos fundamentales para evitar los contagios y los brotes. El hospital amplió las plazas de UCI y con los índices recomendados por el Ministerio de Sanidad estamos cumpliendo, a diferencia de marzo cuando hubo muchos ingresos y el sistema colapsó. Por ahora, parece que está contenido. 

Menciona a los rastreadores. El Ministerio de Defensa prepara a rastreadores militares ante la escalada de casos en el país, ¿se ha pedido refuerzo para Soria?

En principio, no. Hay muchas opciones de ampliar el volumen de personal dedicado al rastreo. El Ejército está preparándose por si es necesario que intervenga, pero creo que en todas las provincias hay colectivos que podrían implicarse en esa labor de rastreo, con una mínima preparación y no necesariamente personal sanitario. Sin necesidad de recurrir al Ejército, y eso corresponde a la Junta de Castilla y León, podríamos tener personal preparado para afrontar una situación de crisis en cualquier momento. Pero esto hay que planificarlo, estudiarlo y no esperar a que suceda para hacerlo. 

¿Y se está dando algún paso?

Lo que se ha hecho desde la Consejería de Sanidad es contratar a rastreadores [38 en Soria], pero se podría preparar a  más gente de distintos colectivos, para estar dispuestos a intervenir en caso de que fuera necesario.

Si no es necesario que sea un perfil sanitario como dice, ¿qué colectivos podrían prepararse para el rastreo?

En la Función Pública en Soria contamos con 8.000 funcionarios, determinadas unidades administrativas podrían estar preparadas para colaborar en esa labor de rastreo con los servicios de salud. Pueden ser unidades que estén relacionadas con la seguridad y salud laboral o con otros departamentos específicos.

De no ser así, ¿habría que recurrir otra vez al voluntariado?

A estas cosas hay que anticiparse y no cuesta nada realizar unas sesiones formativas y de preparación. Hay funcionarios muy preparados en distintos campos que podrían, perfectamente, asumir esa responsabilidad, coordinados con los servicios sanitarios, claro.

¿Esto se ha expuesto en las reuniones del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado)?

Sí, se expuso hace semanas como una de las opciones. Quien tiene que tomar la decisión son los gestores y responsables de los servicios de salud de la Comunidad autónoma. Pero, sí, esta idea ha surgido como opción para ampliar el número de rastreadores.  

¿Ha habido una coordinación institucional real y eficaz en la gestión de la pandemia en la provincia o se ha politizado más de lo conveniente?

En el Cecopi hay cuatro entidades representadas, la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento de Soria y la Subdelegación del Gobierno. En un nivel 3 de alarma general, la coordinación, por decisión del presidente del Gobierno, en todas las comunidades autónomas se realizó de forma conjunta. Nunca se había decretado el nivel 3 del Plancal [Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León] para otra cosa que no fuera incendios forestales. Es necesario acentuar la preparación de los distintos grupos y del órgano de coordinación, tener una serie de ejercicios y simulacros anuales para que no haya que improvisar. No digo que se haya hecho ni bien ni mal, pero en muchos casos ha habido que improvisar sobre la marcha. Nadie estaba preparado para afrontar una pandemia como esta, pero los distintos escenarios de emergencias se pueden ir simulando cada año para que  los grupos que participan en los operativos estén rodados y preparados.

¿Ha habido lealtad institucional?

Sí. Otra cosa es que ha habido momentos en los que la situación sanitaria en la provincia era crítica y había que recurrir a llamadas de auxilio y de visibilizar la situación en la que estábamos. Somos una provincia pequeña, pero la afectación ha sido muy elevada tanto en residencias como en la capacidad de asistencia hospitalaria. En determinados momentos ha habido, no discrepancias, pero sí distintas formas de ver y afrontar la situación. Desde fuera puede parecer cierta deslealtad, pero el objetivo común de todos era afrontar y paliar la situación de la mejor forma posible. 

¿Cree que si la situación crítica de Soria no hubiera saltado a los medios de comunicación a nivel nacional, en particular por las intervenciones del alcalde de Soria, Carlos Martínez, la provincia hubiera recibido el mismo respaldo?

La llamada de auxilio del alcalde fue muy oportuna porque fue en un momento en el que la pandemia se estaba disparando, la capacidad de asistencia hospitalaria estaba al límite, hubo que trasladar pacientes a Burgos, Valladolid y a otras comunidades autónomas. En ese momento fue una buena decisión y la respuesta fue inmediata, el resultado ahí estuvo con los efectivos del Ejército y del SAMUR de Madrid.

¿Cuál ha sido el peor momento que ha vivido durante la pandemia?

A diario hacíamos un barrido por los servicios funerarios de la provincia. Teníamos datos de los tres registros civiles asociados a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en Soria, Almazán y El Burgo de Osma, pero nos faltaban los de los otros 180 municipios de la provincia. Cada día era tremendo: 18, 20, 21... fallecidos al día en una provincia como Soria que, en un mes normal, son dos o tres diarios, teniendo en cuenta que la gran mayoría era de residencias de ancianos. Con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hacíamos un seguimiento de las residencias y era un drama. Incluso, en alguna fallecieron hasta la tercera parte de los residentes, muchos de ellos, sobre todo al principio del estado de alarma, sin haberles realizado las pruebas, aunque la sintomatología indicaba que la mayoría de los fallecidos eran víctimas de la COVID-19. Esto a diario, a finales de marzo y en la primera quincena de abril, fue muy duro. En el hospital morían dos o tres personas, por lo que 16 o 17 fallecían en sus casas o en las residencias.

Personalmente, ¿a cuántas puertas tuvo que llamar para que se atendiera ese SOS Soria?

A muchas. A través de la Delegación del Gobierno teníamos hilo directo con los ministerios implicados como Sanidad, Fomento y Defensa. La relación era fluida y directa, cada vez que se necesitaba teníamos las puertas abiertas, sobre todo para las intervenciones del Ejército, y la logística por parte de Sanidad y de Fomento. Tengo que agradecer a todo el personal de la Subdelegación y de la Delegación del Gobierno la cantidad de llamadas y horas de trabajo para que todo fuera rápido y tuviéramos la mayor disposición de medios materiales y humanos.

¿Qué valoración hace de la gestión de esta crisis por parte del Gobierno PSOE y Unidas Podemos?

Todo es mejorable. Por circunstancias de la dinámica de la enfermedad, hubo que tomar decisiones de forma inmediata y con agilidad, con lo cual en algún momento esto ha podido suponer alguna disfunción. En cualquier caso, creo que gracias a este Gobierno la crisis se ha podido resolver de la mejor manera. Hay que tener en cuenta que el mando único no significa competencia única. En materia de sanidad y servicios sociales, las competencias seguían en manos de las comunidades autónomas. Desde el Gobierno se han coordinado todas las actuaciones y, como digo, en algún momento ha podido haber alguna disfunción, que de cara al futuro son las lecciones que hay que aprender. En términos generales, España ha sido uno de los países de Europa que mejor lo ha sabido afrontar. 

Hay una diferencia sustancial entre esta crisis y la anterior. Ahora a través de los ERTEs y de las medidas de carácter social y asistencial se ha atendido a la mayor parte de la población. A diferencia de la anterior,  en la que las medidas se orientaron al rescate del sistema bancario, en este caso se ha querido rescatar a las personas, a las familias y a los trabajadores. En tres meses se ha desarrollado una normativa, desde el punto de vista social y asistencial, que no tiene parangón en otras crisis. Y también hay que resaltar el éxito en la cumbre europea con los fondos para afrontar la salida de la crisis.

¿Algún error?

Ha habido que hacer muchos cambios por la propia evolución, las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) marcaban la acción del Gobierno. Se ha podido cometer algún error. Quizás ha podido fallar la homogeneización de los datos por parte de las comunidades.

Del plan de desescalada, tanto el planteamiento del mismo como de su ejecución, ¿qué valoración hace?

La desescalada se ha realizado, en general y desde luego en Soria, con muchísima responsabilidad por parte de todos los servicios implicados. Ha habido alguna situación que ha generado cierta disconformidad con las decisiones que se iban tomando, pero creo que el resultado está ahí. A diferencia de otras zonas, en Soria la ciudadanía se ha comportado siempre con una responsabilidad digna de agradecer. De hecho, las ‘no fiestas’ de San Juan pasaron sin pena ni gloria como no ha sucedido en otras zonas, donde han aparecido brotes después de estas celebraciones. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han estado en todo momento realizando una labor pedagógica e informativa, y también cuando ha habido que intervenir ante situaciones de flagrante incumplimiento de la norma.

¿Cuántas denuncias se interpuesto en todo este tiempo y cuántas multas se han pagado?

Durante el estado de alarma se incoaron 2.100 denuncias, de las cuales 1.300 correspondieron a la Guardia Civil, 400 a la Policía Nacional y el resto, a policías locales, sobre todo la de Soria que formuló más de 300. Además, hubo 26 detenidos, de los cuales 20 los detuvo el Cuerpo Nacional de Policía, cinco la Guardia Civil y uno la Policía Local de Soria. De estas denuncias, se han notificado ya más de la mitad a los presuntos infractores y 200 han presentado alegaciones.

Cada procedimiento administrativo lleva su curso, se incoa expediente, se realiza una propuesta de sanción, con una reducción del 50% por pronto pago, o se puede recurrir. En la mayoría de las ocasiones el abono se ha producido. El caso más sonado fue el del encierro de Covaleda y las ocho sanciones se abonaron al 50%. En otros casos presentan alegaciones y si está bien justificado, se archiva, y si no, pasa al Contencioso.

Durante este tiempo se han puesto de manifiesto las carencias en materia sanitaria, pero también las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son ajustadas en Soria. ¿Se ha notado la falta de efectivos en este despliegue ?

Siempre va a haber escasez de efectivos, no solo en esta situación. Pero Soria está entre las tres provincias más seguras de España, por lo que es un fiel reflejo de que la plantilla está dimensionada para circunstancias normales. Otra cosa es que puede haber vacantes, una situación generalizada en toda España, ya que entre 2012 y 2017 prácticamente no hubo una reposición de personal. La inexistencia de Oferta Pública de Empleo en las dos legislaturas pasadas implica que ahora tenemos que acelerar el proceso y en dos años se han incrementado sustancialmente el número de plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como en  Instituciones Penitenciarias. En Soria estamos confiados en que, una vez que se haya superado esta crisis, podamos abrir el centro penitenciario, por lo que tanto en la Policía como en la Guardia Civil va a ser necesario que se incrementen las plantillas. En eso trabajamos, en diseñar las necesidades de personal con la apertura de la nueva cárcel, con la ventaja de que hemos podido también desbloquear el tema de la comisaría. Ya se ha licitado la redacción del proyecto básico y de ejecución en la parcela que ha cedido el Ayuntamiento de Soria en Prados Bellacos. Será un edificio funcional, que estará dotado de una plantilla superior a la actual.

¿Cuándo abrirá la cárcel?

Ahora mismo está sin recepcionar por parte de Instituciones Penitenciarias. El parón de los tres meses ha sido un mazazo en muchos sentidos. Entre mayo-junio de 2018 y finales de 2019-principios de 2020 se licitaron 52 expedientes de suministros, equipamientos y materiales, porque nosotros nos encontramos cuatro paredes. Han sido más de seis millones de euros. El proceso de apertura comienza con la entrega del centro por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Para que eso se produzca, antes se tiene que proceder a la recepción del colector y a algún contrato más de equipamiento. La Secretaría General tiene que crear el centro penitenciario de Soria, junto con la nueva RPT, para poder abrir cuatro módulos como estaba previsto. Esos plazos son insalvables. La idea era que en otoño comenzara el traslado, pero estamos pendientes de cómo se va recuperando toda la dinámica de trabajo. Ahora mismo no tenemos una fecha.

¿Podría ser para finales de año o primeros del siguiente, acumulando ese retraso de tres meses?

Todos nuestros procesos están orientados a acelerar los procesos, pero volver al 14 de marzo administrativamente requiere mucho esfuerzo. Tanto desde la Delegación del Gobierno como los parlamentarios socialistas se trabaja para acelerar el proceso al máximo.

¿Está listo el Centro de Referencia Estatal (CRE) para ser un ‘arca de Noé’ de forma inmediata?

El CRE lleva ya funcionando más de seis meses, hay doce personas trabajando en un diseño de actividades relacionadas con la atención a personas con alta dependencia en el medio rural. Va a ser un centro de investigación que va a desarrollar modelos de atención. Lógicamente, se atenderá a personas porque para el diseño de estrategias de atención hace falta trabajar con enfermos, pero también en las zonas donde residen. Los resultados de esas investigaciones se extrapolarán a otras zonas con la misma problemática. Y en cuanto al ‘arca de Noé’, el centro sigue equipado con las camas de la enfermería del centro penitenciario y preparado para si es necesario en previsión de que pueda haber una segunda oleada de la COVID-19 se ponga a disposición de la Consejería de Sanidad.

¿Cómo ha condicionado al funcionamiento del propio centro el hecho de que forme parte de este plan de contingencia contra el coronavirus?

No se ha condicionado porque el trabajo es muy de gabinete, no hay una atención directa a usuarios, y aún está en esa fase de desarrollo de metodologías y procedimientos de trabajo. Una de las plantas está dedicada a centro hospitalario y el resto del espacio se ha podido usar por los trabajadores. Durante el confinamiento, algunos hicieron teletrabajo y otros se incorporaron, por su especialidad como auxiliares de enfermería, al hospital Santa Bárbara.

¿Cuál es el futuro del Centro de los Alimentos?

La intención es que el abanico de posibilidades de investigación sea más amplio que lo que es meramente calidad alimentaria. El Inia ha convocado una plaza de investigador que pueda relanzar las distintas actividades que se realizan en Soria, pero siempre hemos sido partidarios de que el Inia asuma plazas todos los años hasta que las investigadoras que ahora están trabajando puedan incorporarse mediante un proceso selectivo adaptado a las especialidades que se han desarrollado en Soria. Se ha empezado con una, que está a punto de resolverse. El Inia debería hacer un pequeño esfuerzo en intentar fijar un número de investigadores, más lo que se puedan incorporar con carácter eventual.

Otros organismos que dependen de la Administración General del Estado también han estado desbordados por la pandemia, como es el caso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por el volumen de ERTEs. ¿Se prevé reforzar plantilla ante la evidente crisis económica y laboral?

Ahora mismo las plantillas están diseñadas de acuerdo a una situación de normalidad, pero en el caso del SEPE se incorporó personal de otras unidades a colaborar en prestaciones. En comparación con otras provincias de la Comunidad, gracias a ese trabajo de los funcionarios hemos sido una de las provincias que mayor porcentaje de prestaciones se han resuelto y en el menor tiempo posible. Siempre se ve más la excepción que la norma, cuando se habla que se ha llegado al 90% de los afectados, lógicamente el 10% restante se queda en una situación de disconformidad absoluta. 

En este mes de julio se han cumplido dos años desde que tomó posesión como subdelegado del Gobierno, ¿qué objetivos de los que se marcó ha cumplido hasta el momento?

En Soria nos encontramos con una situación de bloqueo y paralización de muchísimos proyectos, con tramos de autovía suspendidos, con una comisaría que no se sabía si iba o venía, con el Banco de España si iba a ser o no la Subdelegación, con el centro penitenciario paralizado porque no se habían licitado las obras del colector y sin equipamiento, en el Centro de Referencia no había personal, Santa Clara con un proyecto que no se sabía que iba a ser, la depuradora de Soria en ‘stand-by’... Los proyectos estaban iniciados, pero prácticamente la paralización era total.

Los tramos de la A-11 van avanzando, ¿en qué punto se encuentran?

Desde la Delegación del Gobierno de  Castilla y León lo primero que se impulsó fue el desbloqueo de los tramos paralizado. Por ejemplo, La Mallona-Venta Nueva porque la empresa quería presionar un modificado a su favor a falta de un 15% de finalización. Entre Venta Nueva-Santiuste, el tramo de la calzada romana, llevaba dos años paralizado, la intervención de la Delegación del Gobierno fue providencial y ha supuesto un modificado de cerca de siete millones para incorporar esa calzada como recurso turístico, por lo que se podrá visitar este elemento infrautilizado hasta ahora como es la calzada romana a lo largo de seis kilómetros. Ese tramo estará concluido el año que viene, con lo que tendremos 50-60 kilómetros de autovía continúa en la provincia.

¿Y el tren y el proyecto de la estación intermodal en El Cañuelo?

En el tren hay tres aspectos. Por un lado, está el estudio de viabilidad de la Soria-Castejón que quedó suspendido al no aprobarse los Presupuestos; por otro lado, está la estación intermodal, proyecto en el que está trabajando el Ayuntamiento de Soria con Adif y Renfe para desbloquearlo y va en el buen camino; y las mejoras de la Soria-Torralba. En este caso, se hicieron en su día entre los kilómetros 13 y 58, que se renovó en 2009, mientras que en los otros dos tramos, entre el 0 y el 13 y el 58 y el 93, se rescindió el contrato que ya estaba adjudicado y hubo que indemnizar a la empresa con 800.000 euros. Ya se ha licitado el proyecto de renovación y el tramo en el que se había ha actuado también está licitado para su modernización. Estas son partidas que no están afectadas por el presupuesto. El año que viene se podrán acometer las obras de todo, entre Soria y Torralba. Si se eliminan todas las limitaciones de velocidad y curvas, y se mejoran las vías, podremos acortar ya el viaje a unos tiempos muy competitivos al autobús, entre 15 minutos y media hora. Hay que animar a que se utilice ese medio de transporte, también se adelantaron los horarios, a las 7.00 sale el primer tren. Hay que seguir mejorando, también se ha renovado la flota y ya apenas hay averías.

Los parlamentarios del PP se reunieron este jueves con el subdirector general de Planificacion Hidrológica para trasladar la incertidumbre de los vecinos de Tierras Altas por las obras de la presa del río Mayor, ¿tienen motivos para preocuparse?

Tendrán que pedir responsabilidades también a quien adjudicó en su momento una obra con un 40% de baja, con un Gobierno del Partido Popular. La preocupación la tenemos nosotros desde el primer momento, pero tiene que quedar claro que unilateralmente la que ha paralizado la obra es la empresa adjudicataria. Todo esto hay que enmarcarlo en un aspecto técnico y el proyecto se ha ejecutado, en unas partidas de forma favorable a la empresa y en otras, de forma desfavorable. El modificado que se propone está equilibrado. El Ministerio de Fomento tiene que velar por que la obra se ejecute de la mejor forma posible, de acuerdo al proyecto, pero también por los intereses de todos los ciudadanos, que no son los de una empresa que intenta ‘recuperar’ un dinero que no le corresponde. Desde el punto de vista técnico, están las cosas claras y no ha habido otra circunstancia que no haya sido la paralización unilateral por parte de la empresa para obtener un rédito de la necesidad que tienen los vecinos de Tierras Altas.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, invitó este martes al Gobierno a que se sume al II Plan Soria 2021-2024, ¿cree que el Ejecutivo central debe estar en ese segundo plan?

El Ejecutivo central invierte en la provincia de Soria entre 60 y 70 millones al año, con el Partido Socialista los presupuestos siempre han sido superiores a los del Partido Popular, con lo cual esa aportación que hace el Gobierno de España también se puede incorporar al Plan Soria. Y, además, podemos generar más inversión con  las partidas que no están provincializadas, aportaciones que nadie tiene en cuenta. Por ejemplo, los caminos naturales, con tres millones o el proyecto de electrificación rural, con una aportación del Idae de más de cinco millones... Son partidas que no están provincializadas, pero están ahí.

¿Pero el Gobierno se incorporará al Plan Soria?

Nos podemos incorporar al Plan Soria, pero si hablamos de infraestructuras o equipamientos da igual que estén o no en el Plan Soria, lo importante es que esas partidas se vayan ejecutando. Al final de lo que se trata es de invertir. En el regadío, por ejemplo, en la modernización del Campillo de Buitrago, el Gobierno de España ejecuta el 74% de la obra, que son 14,5 millones, el resto lo acomete la Comunidad autónoma. ¿Lo incorporamos al Plan Soria? Perfectamente, o la construcción de la nueva comisaría, con tres millones, la renovación del cuartel de San Esteban de Gormaz, otros tantos millones... 

¿En qué punto se encuentra la estrategia del Gobierno frente al reto demográfico?

Las directrices están aprobadas, hay que desarrollarlas en estrategias concretas, que permitan llegar a objetivos a medio y largo plazo, y hacer un seguimiento. No vale con establecer una estrategia si no hay un análisis a posteriori de qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal. La Conferencia de Presidentes que se reúne este viernes en La Rioja va a abordar, entre otras cuestiones, este aspecto del reto demográfico y, tal y como avanzó la ministra, a lo largo de este año se podrá presentar esa estrategia con medidas concretas.

¿Con medidas concretas también para Soria?

Para Soria ya hay medidas concretas. Se anunció una semana antes de la declaración del estado de alarma, cuando se reunieron los ministros relacionados con el reto demográfico, la dotación de un nuevo centro de almacenamiento de datos de la Seguridad Social en la provincia de Soria. Cuando se apruebe la estrategia habrá medidas concretas para la provincia y para todas las zonas más desfavorecidas.