El pleno de las Cortes de Castilla y León instó hoy a la Junta a pedir al Gobierno la transferencia a la Comunidad de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ante la “desastrosa gestión” por parte del Ejecutivo central. Así se decidió tras la PNL presentada por el Grupo Popular que contó con el respaldo de Cs, quienes pidieron a PSOE y Podemos que “se aparten” y dejen gestionar esta herramienta “a quien sabe y quien puede, que es la Junta”.
El procurador del Grupo Popular Miguel Ángel García Nieto puso de relieve que después de tres meses desde que entrara en funcionamiento esta medida para ayudar a las personas en situación de pobreza extrema, la situación es “caótica” en su gestión, lo que está generando “frustración y más pobreza” entre los posibles beneficiarios que se quedan “atrás” y “con un horizonte de futuro desolador” que es “lo contrario” de lo que pretendía esta ayuda.
Los ‘populares’ recordaron que ya habían advertido de “la complejidad administrativa” que comporta la puesta en marcha de una prestación de estas características que requieren de una estructura administrativa “ágil y cercana” para la evaluación y seguimiento “puntual” del expediente social del beneficiario, algo que está haciendo “a diario y con mucha eficacia” la Junta de Castilla y León con una prestación de idénticas características como es la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Según incidió García Nieto, esta “caótica situación” no se arregla anunciando una prórroga de tres meses en el plazo para resolver porque “el hambre y la necesidad no se pueden aplazar” y, en el caso de que llegue esa ayuda, auguró que lo hará “tarde” además de que no subsanará la situación de vulnerabilidad de las familias.
Esta petición contó con el respaldo del Grupo Ciudadanos, que se mostró partidario de esta ayuda del Ingreso Mínimo Vital pero que rechazó la gestión que se está haciendo de ella “si se puede llamar así a lo que se está haciendo”, dijo el procurador, Miguel Ángel González, quien relató la necesidad de llevar a cabo un procedimiento “telemático, muy farragoso, con escasa información dedicada a los destinatarios que son los más afectados por la brecha digital”.
Para González, “ha fallado la planificación, la coordinación y la gestión”, y así “es difícil hacer un buen cesto”. La formación naranja consideró que lo que ha habido por parte del Gobierno ha sido “mucha propaganda y muchas ayudas” pero pidió tanto a PSOE como Podemos “que se preocupen menos y se ocupen más”. Frente a este escenario puso de manifiesto la gestión que la Junta hace de la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se gestiona “con agilidad y eficacia” para dar cobertura “a quienes más lo necesitan” sin contar “con ningún tipo de privilegio en la financiación autonómica”, por lo que reclamó que sea la Junta quien se encargue de la tramitación del IMV “asumiendo el mismo nivel competencial que ya se ha dado a otras comunidades”, sentenció González.
Por parte del Grupo Mixto, el procurador de Vox, Jesús García-Conde del Castillo, lamentó que con esta petición, otras comunidades autónomas podrían tomar ejemplo de Castilla y León lo que auguró que generaría “más caos administrativo” en España. Por parte de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz se preguntó en quién recaería la tramitación de los expedientes, ya que previó que si tienen que ser los funcionarios municipales, ya se encuentran “desbordados” ante la situación actual generada por la pandemia del COVID.
Por parte del Grupo Podemos, Laura Domínguez criticó que lo que quiere el PP es “tener la patente del IMV” en lugar de preocuparse “por las necesidades de la gente”, y lamentó que se esté pidiendo igualdad entre comunidades cuando para la procuradora de la formación morada “no hay más igualdad que el Ingreso Mínimo Vital”.
Aunque reconoció los problemas de gestión que se han producido, aclaró que ya se trabaja para solventarlos y ratificó la preocupación por la gente que “no llega a fin de mes” mientras que el Grupo Popular “hace el ridículo” porque “no sé lo que pensarán las familias” ante esta petición, se preguntó. “A ustedes les preocupa de boquilla” acusó Domínguez al Grupo Popular, de quien dijo quiere “ponerse la medalla y tener la gestión”.
Por último, desde el Grupo Socialista, la procuradora María Isabel Gonzalo, recordó el retraso que supuso la Renta Garantizada de Ciudadanía al inicio de su aplicación, y aseveró que después de diez años todavía es de cuatro meses. “¿Qué tenemos que pensar de su gestión?”, dijo. Gonzalo dudó de que la Junta pueda gestionar mejor el IMV porque “el PP tiene competencias en Sanidad y siguen sin hacer nada” e insistió en que “donde tienen competencias tienen caos” y “con este desastre, ¿se atreven a pedir la gestión del IMV?”, concluyó.