El Comisionado de Transparencia y Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, afirmó hoy que existen “luces y sombras” en la implantación de la publicidad activa y acceso a la información recogida en la ley de Transparencia y pidió a los grupos dar un “paso más” con una nueva normativa, a lo que unió una reflexión para poder imponer multas coercitivas a las administraciones públicas que incumplen con el “derecho a saber de los ciudadanos”.

En la presentación en las Cortes de la tercera memoria anual correspondiente a 2018, cuyo número de reclamaciones ha aumentado, Tomás Quintana realizó un balance de estos tres años de aplicación de la Ley en el que expuso elementos positivos, como implantar una cultura de transparencia o la ampliación de materias, y otros en los que han visto “omisiones”.

Desde un “ánimo constructivo”, citó la inexistencia en la norma de un régimen sancionador para los posibles incumplimientos, lo que dificulta su actuación por lo que abogó por una reflexión sobre la conveniencia de que su institución pueda imponer multas coercitivas ante la falta de cumplimiento voluntario de las resoluciones. Precisamente, la Consejería de Transparencia ha iniciado la elaboración de una nueva ley, en la que contempla lo apuntado por el comisionado.

De la memoria de 2018, destacó el incremento de reclamaciones hasta las 314, lo que es 112 más que en 2017, y la adopción de 225 resoluciones, de ellas 94 estimatorias y 51 en las que desapareció el objeto al recibir la información de la Administración. Además, apuntó que este año llevan 255 reclamaciones y 155 resoluciones.

Quintana enmarcó ese aumento a un cambio de criterio en diciembre de 2018 en relación a recoger reclamaciones de cargos de entidades locales para hacer valer el derecho a la información y resaltó que se ha reconocido el derecho de los concejales a ese derecho.

Así, tras indicar que el 42 por ciento fueron presentadas por medios electrónicos, afirmó que el 71 por ciento de las reclamaciones fueron por ausencia de respuesta de la Administración y detalló que las entidades locales contaron con un 63 por ciento de las reclamaciones y un 26 a la administración autonómica.

En cuanto al contenido, se centró en las retribuciones de altos cargos y declaraciones de bienes, aspectos relacionados con los empleados públicos, proyección y ejecución de obras públicas, contratación de la gestión de servicios públicos, información urbanística o gasto en publicidad institucional.

A pesar del carácter vinculante de las resoluciones, en la memoria se indica que un 31 por ciento de las resoluciones de 2018 estaban pendientes de cumplimiento, lo que se recoge en la memoria, aunque estimó que ello es “poco eficaz” por lo que abogó por la reforma legislativa para utilizar medios, en concreto la imposición de multas coercitivas.

Quintana señaló que su trabajo como comisionado de Transparencia se encuentra condicionado por el elevado número de sujetos obligados con la normativa, al ser más de 5.000, y por la ausencia de mecanismos formales y de medios y personales. Así, lamentó que en 2018 solo un 55 por ciento, es decir, uno de cada dos sujetos a los que se han dirigido, han devuelto los cuestionarios debidamente cumplimentados.

Portal Abierto

En relación con la publicidad de información o publicidad activa, manifestó que el Portal de Gobierno Abierto de la Junta es en “exceso conformista, tanto en la claridad de la información publicada, como respecto de la facilidad de acceso a esta”. Según estimó, las modificaciones introducidas en 2018 se han centrado en el incremento de contenidos publicados, pero son mínimas en la accesibilidad o su posible reutilización.

Igualmente, se refirió a las dos realidades en la administración local con un cumplimiento aceptable de los municipios de mayor tamaño y de las diputaciones, y menor en el caso de los más pequeños y entidades locales menores.

Por otro lado, observó un incremento en el número de solicitudes de información presentadas ante los entes del sector público, si bien manifestó que el 78,9 por ciento de las que han sido informados fueron estimadas, lo que supone que cuatro de cada cinco fueran atendidas de manera positiva.

Como causa de denegación de la información, apuntó, a parte de los límites de la ley, a que se soliciten datos que se tienen que reelaborar o al carácter repetitivo o abusivo de la petición. “Con sus luces y sus sombras, creemos que la ley se ha erigido en una pieza clave para avanzar hacia un modelo de gobernanza basado en la transparencia de la acción pública”, concluyó.