Puede que la despoblación también tenga que ver en la pérdida de algunas tradiciones. O más bien que las generaciones más jóvenes no recojan el testigo de sus antecesores. O, simplemente, sea una cuestión de comodidad el argumento de más peso que indica que las matanzas porcinas para consumo familiar se hayan reducido notablemente en los últimos años y, en muchos casos, se lleve al matadero el animal criado para este fin, en lugar de darle muerte en el domicilio, o se compre la carne que se necesite en un establecimiento. Según los datos del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León, el año pasado se analizaron 109 cerdos sacrificados por particulares en la provincia de Soria. Desde el último viernes de octubre hasta el primer domingo de abril es el periodo de autorización para la matanza que establece la Orden del 25 de septiembre de 2000 de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la que se regula el reconocimiento sanitario de cerdos sacrificados para autoconsumo. Por tanto, este domingo termina la campaña 2018-2019.
Así las cosas, las matanzas han disminuido un 72% desde que comenzó el decenio, ya que en 2010 se contabilizaron 382 animales analizados por los veterinarios e incluso dos años después se anotó el pico más alto con 417 sacrificios porcinos domiciliarios y a partir de ahí las cifras han seguido una progresiva caída, con un mínimo de 105 en el ejercicio de 2017.
con garantías. La citada orden autonómica que regula las matanzas domiciliarias pretende garantizar, fundamentalmente, un adecuado análisis de las piezas sacrificadas para evitar la aparición de casos clínicos de triquinelosis humana, por lo que se establecen las características generales de autorización sin excepciones en todos los municipios de Castilla y León, la participación de veterinarios colaboradores, el registro de patologías de interés sanitario en los animales inspeccionados, las instrucciones de actuación en los casos de cisticercosis (cysticercus cellulosae), la especial atención a las actividades de educación para la salud y la investigación del agente etiológico de las triquinas, tuberculosis, quistes hidatídicos y otros agentes de riesgo para la salud pública.
Cabe apuntar que esta misma disposición define el sistema de identificación empleado en el control sanitario en origen de los animales silvestres abatidos en actividades cinegéticas que se comercializan para consumo humano.
Para estos análisis se faculta la participación de los Servicios Veterinarios Oficiales de Salud Pública (SVOSP) y de veterinarios colaboradores. Los primeros tienen encomendada una función informativa; realizan análisis micrográficos (detección de triquinelosis a partir de muestras tomadas en los músculos del diafragma, intercostales, carrillada y lengua); identifican los precintos reglamentarios de animales silvestres; recaban datos de interés sanitario en relación a todas estas actividades; supervisan la intervención de los veterinarios que actúan en su ámbito; y remiten los informes de cada campaña al Servicio Territorial de Sanidad. Por su parte, los veterinarios colaboradores participan con los ayuntamientos en la organización y desarrollo de la campaña de sacrificio de cerdos en domicilios particulares; anuncian su localización y horario de trabajo; identifican en origen las piezas de caza abatidas; también practican exámenes micrográficos de las carnes (debiendo comunicar en un máximo de 24 horas la posible detección de triquinas, cisticercosis y otros riesgos); advierten sobre los peligros de consumir carnes no controladas; y cada mes informan al coordinador veterinario de zona.
De esta manera, el 65% de los análisis los realizan los veterinarios colaboradores (71 en la provincia en la pasada campaña) y el resto los SVOSP (38 en Soria en 2018).