COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Sin excusas

El exsecretario de Estado de Administraciones Territoriales en el Ministerio de Presidencia con el Gobierno de Mariano Rajoy, Roberto Bermúdez de Castro, el encargado de gestionar la aplicación del artículo 155 de la Constitución que intervino la autonomía catalana, está convencido de que tendrá que volver a aplicarse esta salvaguarda constitucional en Cataluña por segunda vez. No por ahora, porque a pesar de las bravatas, las declaraciones incendiarias, la connivencia con detenidos por acusaciones graves, con proyectos de desobediencias institucionales y con sentimientos exacerbados, nada de lo que han hecho hasta ahora ha tenido trascendencia jurídica. Así parece haberlo entendido por fin el Partido Popular que ha gastado mucha pólvora en generar crispación a sabiendas de que nada podía hacerse, mientras que Ciudadanos sigue aferrado a su estrategia del ruido.

El vaticino de Bermúdez de Castro es que el 155 se tendrá que volver a aplicar porque el presidente de la Generalitat, Quim Torra, “cometerá alguna ilegalidad”. Y, en efecto, así puede suceder, si se tienen en cuenta las palabras del presidente catalán en el breve acto institucional de conmemoración del referéndum ilegal del 1-O, considerado como “la jornada fundacional del republicanismo catalán”, en el que ha afirmado que "se compromete a avanzar sin excusas hacia la república catalana, para que sea una realidad".

Una vez más nos encontramos en el territorio de las palabras, porque ni Torra, ni el expresidente fugado, ni los presos de Lladoners, ni nadie, da pistas de cómo se puede avanzar en la creación del nuevo Estado sin vulnerar la Constitución y las leyes. La proximidad de la publicación de la sentencia de los líderes del procés que condujo a la nonata república catalana, será el momento de comprobar si desde el Govern o el Parlament se adoptan decisiones jurídicamente relevantes que obliguen al Gobierno a llevar al Senado la propuesta de activar el 155. Tampoco tendrá excusas para dilatar la decisión.

La previsión en esta ocasión es que no se aplicará un 155 blando y corto en el tiempo, como ocurrió a finales de octubre de 2017 con convocatoria de elecciones inmediata y sin interferencia en algunos de los aparatos propagandísticos del independentismo, A una actuación ilegal del Govern o del Parlament catalán le seguirá la intervención, que tendrá mucho que ver con la respuesta ciudadana a la sentencia, su intensidad y las consecuencias para el orden público que puedan producirse. Pero también es posible que finalmente Torra acabe cediendo a las pretensiones de una parte del secesionismo -ERC- y convoque elecciones autonómicas, que por una parte sería el reconocimiento de fracaso del proceso unilateral a la independencia, y por otro, la posibilidad de que se abrieran cauces de diálogo para resolver el expediente catalán. Pero primero la ley, como ha dicho Pedro Sánchez, no ahora, sino desde que asumió la presidencia del Gobierno...

Quim Torra, experto en incendiar la vida política catalana en lugar de gobernar, y su predecesor fugado, Carles Puigdemont, un cínico que dice oponerse al 155 porque le preocupa que también afecte a los catalanes no independentistas -como si la situación de quiebra de la convivencia que viven no les incumbiera- están convencidos de la inevitabilidad del advenimiento de la república catalana, “de forma pacífica y democrática”. Dos conceptos que no significan lo mismo para todos, salta a la vista.


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