Con más de media España en fase 2 desde hoy -un 70% del país se encuentra ya en ese escalón de la desescalada, a la espera de que, previsiblemente, la semana que viene ya se sumen los territorios de Cataluña, Castilla y León y Madrid que faltan-, los autónomos comienzan a ver la luz. Pero el final del túnel aún queda lejos.
Después de que muchos negocios se hayan visto obligados a cerrar durante estos más de dos meses de confinamiento, poco a poco comienzan a levantar las persianas. Así, el 78% de los emprendedores ha retomado ya su actividad paralizada por las medidas restrictivas del estado de alarma, según los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), cuyo presidente, Lorenzo Amor, insiste en reclamar al Gobierno que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a los que muchos de estos se han tenido que acoger se prolonguen más allá del próximo 30 de junio.
Así, señala que aún el 22% de los autónomos no ha podido reabrir sus negocios bien porque sus actividades no pueden reactivarse o porque se ubican en zonas donde continúan en la fase 1 y «no es rentable» su apertura.
Amor reconoce que esta crisis sanitaria y, como consecuencia, económica, ha venido «sin manual de instrucciones», pero reprocha que no se ha sabido «afrontar con la agilidad necesaria ni generando la certidumbre que necesitaba el momento». Ante ello, comenta la situación de los ERTEs, mecanismo al que se han acogido el 50% de las empresas para «paliar» la suspensión de su actividad.
En este sentido, reclama al Ejecutivo que solucione «de una vez» el pago de las prestaciones a los trabajadores que «no han cobrado desde marzo». «Esta situación ha desbordado a todo el mundo, pero es lamentable que los trabajadores no hayan cobrado», subraya.
Igualmente, solicita que los ERTE se amplíen más allá del 30 de junio como está previsto, dado que, a su juicio, son una herramienta «fundamental» para «frenar la caída del empleo, de la demanda y de la actividad» ante la «complicación de mantener la misma plantilla» con la actividad reducida. Además, pide que el sector no se fije como criterio para prolongar los expedientes y, que en su lugar, se tenga en cuenta la caída de la actividad.
Entre otras medidas, apunta que las prestaciones han sido «insuficientes» al no haber llegado a aquellos que han perdido ingresos por las medidas restrictivas, lo que ha generado «inseguridad jurídica», mientras que reitera la solicitud del colectivo de suspender las cuotas de cotización de los autónomos.
Junto a sus peticiones, Amor aboga por ampliar la tarifa plana para los autónomos que no han tenido acceso a la prestación por cese mientras que reclama reformas en el ámbito energético, fiscal y administrativo que cuenten además con un plan de digitalización, aspecto que ha sido clave en las empresas durante el estado de alarma.