El juez que investiga el caso Púnica ha archivado la causa respecto a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes al considerar que no se ha acreditado que participara en la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.

Investigada en esta pieza de la causa desde el 2 de septiembre de 2019, Cifuentes solicitó el sobreseimiento del caso el pasado 10 de noviembre, decisión que adopta este martes el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón "al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos" por los que figuraba como investigada.

Así lo explica en el auto con el que también acuerda el sobreseimiento provisional de la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y del presidente del Grupo Cantoblanco, el empresario Arturo Fernández, investigados hasta ahora, como Cifuentes, por presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea en los procesos de licitación de 2009 y 2011.

La investigación, indica el magistrado, se ha basado en un informe policial donde se daba cuenta de las presuntas irregularidades cometidas en dicho contrato y se ponía el foco en donaciones por parte de algunos empresarios a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam).

Pero, tras todas las diligencias practicadas hasta ahora, el juez concluye que no se ha acreditado que Cifuentes participase en la gestión económica de Fundescam, y considera que la imputación de que supiese de la existencia de aportaciones por parte de empresarios a sus cuentas "se basa en una mera especulación, ausente de todo elemento indiciario que la sustente".

Considera que no hay indicios que permitan sostener que Cifuentes supiese "quiénes eran los donantes" de Fundescam, que conociese las aportaciones vinculadas a Arturo Fernández o que su actuación en ese proceso de licitación investigado "estuviera presidida por una voluntad de favorecer a este empresario por las donaciones que éste había realizado en la Fundación señalada".

De igual manera rechaza el magistrado que haya quedado acreditada su participación en la presunta financiación ilegal del PP a través de la empresa Swat, algo que, indica, "no se sustenta en ningún tipo de indicio que permita corroborarla, tratándose de una mera sospecha ausente de fundamento alguno".

La resolución, contra la que cabe recurso, señala que la imputación se sustenta en las manifestaciones de la ex directora general de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, que son contrarias a las de la propia Cifuentes, que negó haberse reunido con el empresario Juan Miguel Madoz, quien también negó haberlo hecho.

Todo ello unido a que Cifuentes "no ostentaba cargo alguno vinculado con la contabilidad, gestión o administración de las elecciones del año 2008".