La plataforma Revuelta de la España Vaciada, colectivo integrado por 28 asociaciones de toda España, ha elaborado un documento en el que reclama la puesta en marcha de una estrategia nacional y un pacto de Estado por la repoblación para revertir la despoblación que sufre el medio rural, y en el que reclaman que durante un plazo de 30 años el siete por ciento de la recaudación por los impuestos del IRPF, Sociedades y Patrimonio se destine a la mejora de las infraestructuras del medio rural.
La plataforma reclama este mecanismo estable de financiación, adicionalmente a los fondos que puedan provenir de la UE, y asegura que se trata de una operación con una finalidad similar al llamado Pacto de Solidaridad que se ha venido llevando a cabo en Alemania desde 1991 para sufragar la reconstrucción del Este tras la reunificación,
En otros aspectos, proponen que el pacto de Estado tenga en cuenta las líneas fijadas en el documento ‘Principios sobre Política Rural dela OCDE’ y también la estrategia de territorios y pueblos inteligentes que está promoviendo la Red Europea de Desarrollo Rural. “Ambos referentes son, sin duda, el mejor planteamiento de políticas de desarrollo rural existente hoy día, basado en las experiencias de Escocia, Laponia y muchos otros territorios y comunidades rurales a nivel europeo y mundial”, se asegura en el documento.
Por su parte, a la Unión Europea se reclama la asignar a las zonas rurales sometidas a desventajas naturales o demográficas una financiación especial y un tratamiento fiscal similar al menos al de aquellas que se rigen por el Estatuto de Región Ultraperiférica (RUP), como Canarias.
Además, se indica que uno de los objetivos prioritarios a alcanzar en materia de infraestructuras de transporte debe ser el de garantizar que todo ciudadano, independientemente de cual sea su lugar de residencia, disfrute de una accesibilidad a los servicios básicos sanitarios, educativos, sociales y de seguridad ciudadana equivalente a un desplazamiento igual o inferior a los 30 minutos.
En este sentido, plantean convertir las comarcas en “territorios funcionalmente homogéneos susceptibles de una ordenación con uno o más centros principales de servicios al alcance de todos los núcleos de población cercanos y éstos como asentamientos secundarios que pueden albergar también algunos de los servicios comunes”.
Recupera el objetivo del Ministerio de Fomento de que no existan localidades a menos de 30 kilómetros de una autovía y mejorar la cobertura de internet, dando prioridad en la implantación del 5G a las zonas despobladas, son otras de las reivindicaciones, junto con una reducción fiscal y medidas que impulsen la actividad económica.
En el documento, en el que se denuncia la “radical injusticia social, territorial, patrimonial y cultural” que sufre buena parte del medio rural, también se advierte de que si la acción política durante esta legislatura que se inicia no evidencia una voluntad real “manifestada en los sucesivos Presupuestos” de buscar solución a esta crisis estructural territorial, “seremos capaces de articular una respuesta firme, estable y permanente”.