"Vais allí y conseguís ganado de Mayendit; también secuestráis y matáis a mujeres guapas que encontréis, y saqueáis propiedades". Ese es el mensaje que recibieron cerca de 8.000 jóvenes en Leer, en el estado de Unidad, para animarles a enrolarse en las filas de uno de los grupos armados que operan en Sudán del Sur. 

Así lo documenta la Comisión sobre los Derechos Humanos de la ONU en ese país africano en su último informe, publicado hace unos días, en el que denuncia la «continuación de la violencia y las violaciones de los Derechos Humanos», incluidas agresiones sexuales en la nación y advierte de que «podrían constituir crímenes de guerra». 

Desde su segundo análisis, elaborado a finales de 2017, el organismo ha constatado que «la situación se ha deteriorado marcadamente», incluso después de la firma el pasado mes de septiembre de un acuerdo de paz entre el Gobierno de Salva Kiir y las principales milicias rebeldes, incluida la encabezada por el exvicepresidente Riek Machar, tras el fallido consenso rubricado en 2015.

Por eso, Naciones Unidas ha instado tanto al Ejecutivo de Yuba como a todas las partes en el conflicto a respetar el cese de las hostilidades y aplicar el pacto firmado hace medio año. «Existe una pauta confirmada de cómo los combatientes atacan las localidades, saquean los hogares, se llevan a las mujeres como esclavas sexuales y luego prenden fuego a las viviendas, a menudo con personas dentro», denuncia la presidenta de la comisión, Yasmin Sooka. 

«Las violaciones, las agresiones en grupo, la mutilación sexual, los secuestros y la esclavitud sexual, así como los asesinatos, se han convertido en algo corriente en Sudán del Sur», lamenta. «No hay ninguna duda de que estos crímenes son persistentes porque la impunidad está tan arraigada que todo tipo de norma se rompe», subraya. 

Según el organismo que dirige Sooka, se ha constatado un aumento en el número de casos de violación entre noviembre y diciembre pasados, especialmente en el estado de Liech Norte. Esta denuncia coincide con la realizada a finales de febrero por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que desveló un aumento de las agresiones sexuales en la región de Unidad en el último trimestre de 2018. Como dato escalofriante, «en el área de Bentiu (norte), en diciembre de 2018, más de 125 mujeres experimentaron múltiples violaciones en grupo en un periodo de 10 días», asegura la dirigente.

En el caso de los jóvenes reclutados en Leer con el reclamo de que podrían violar a mujeres, también les aseguraron que enrolarse sería la ocasión perfecta para vengarse de los familiares que hubieran perdido durante el conflicto armado y que nunca tendrían otra oportunidad así. 

Según los datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 25 por ciento de las víctimas de violaciones son menores, incluidos casos de niñas de tan solo siete años. También se incluyen embarazadas y ancianas. 

Además, la comisión ha recibido informaciones de hombres que han sido objeto de violencia sexual, una situación de la que se habla menos que en el caso de las mujeres, puesto que existe «un nivel mucho mayor de estigma». 

Falta de progresos. Para que la paz prevalezca en Sudán del Sur hace falta que haya rendición de cuentas y que se haga Justicia para las miles de víctimas. Y, aunque desde el Gobierno de Yuba se han hecho algunos esfuerzos para que los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos rindan cuentas, según señala Andrew Clapham, uno de los miembros de la comisión, lo cierto es que «la impunidad generalizada sigue siendo la norma».

Asimismo, el organismo de la ONU expresa su preocupación por la «falta de progresos en el establecimiento de los mecanismos de justicia transicional, en particular el Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, la Comisión de la Verdad y la Autoridad de Reparación y Compensación», todos ellos contemplados en el acuerdo de paz rubricado en 2015. 

En este sentido, pide igualmente que «las víctimas y comunidades vulnerables, en especial las mujeres y los desplazados internos y refugiados», sean incluidos en el diseño y puesta en marcha de los citados mecanismos. 

Por otra parte, la comisión recuerda que su mandato incluye recabar y preservar pruebas y, en ese sentido, sigue documentando infracciones de los Derechos Humanos, elaborando documentos sobre los perpetradores y recabando pruebas para los eventuales procesos judiciales. 

En su último informe, ha estudiado tres casos concretos y ha remitido los nombres de los presuntos responsables de forma confidencial al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

«Las pruebas que hemos recogido y preservado estarán disponibles para el fiscal del futuro Tribunal Híbrido y otros mecanismos de justicia transicional», señala Barney Afako, el tercer miembro de la comisión, que asegura que «estas pruebas pueden usarse más allá de los órganos sursudaneses ya que están disponibles a petición para cualquier órgano regional y Estado parte para futuros procesamientos».