Un total de 775 empresas tendrán nuevo convenio colectivo a lo largo de este 2019 en Soria en caso de que la negociación entre las organizaciones sindicales y la patronal llegue a buen puerto. En concreto, se trata de sacar adelante seis acuerdos, de los que se beneficiarán más de 3.200 trabajadores. Algunos, como el del transporte de viajeros, son novedad en la negociación colectiva de la provincia, mientras que otros, como los dos que están vinculados al sector de la madera, están paralizados desde hace más de tres años.
El secretario general de CC. OO. en Soria, Javier Moreno, y el secretario de Organización de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, coinciden en «urgir» el cumplimiento del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva firmado con la patronal, CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y con Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), del que ya se llevó a cabo una transposición en Castilla y León en 2017 firmada por el presidente de los empresarios de la Comunidad, Santiago Aparicio, «también de Soria», puntualiza Lobo, para renovar no solo los convenios colectivos que están pendientes, si no para ejecutar medidas del acuerdo «incardinadas en un aspecto sustancial» que no es otro que la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, traducido en un aumento salarial «del 2% fijo, más un 1%» en función de la productividad. «En general, lo que más nos está costando acordar con la patronal son las tablas salariales. Desde el 1 de enero todos los convenios colectivos tienen que recoger los 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y en todas las plataformas en las negocia CC. OO. están presentes los salarios mínimos de convenios, 1.000 euros brutos al mes o 14.000 al año. Es un acuerdo de mínimos. Lo lógico es que la patronal soriana también lo suscriba, independientemente del sector que se esté negociando», especifica Moreno.
Así las cosas, retomando cada uno de los convenios sectoriales en los que se espera avanzar a lo largo de este 2019, el del transporte de viajeros al que aludía el representante de CC. OO. en Soria es la primera vez que se negocia en la provincia, ya que hasta el momento, las compañías aplicaban los acuerdos de Burgos o de Zaragoza, dependiendo de su procedencia. A día de hoy, ya se ha creado la mesa de negociación con una quincena de empresas, y el documento que se cierre afectará a alrededor de 70 trabajadores. «Hay que decir que Soria es la única provincia de Castilla y León que no tenía este convenio. Ha habido cuatro reuniones hasta la fecha, la primera de constitución de la mesa, con la que ya se nos reconoce la legitimidad para negociar, y otras tres de negociación», aclara el sindicalista.
Por otra parte, este martes 7 de mayo se creó la mesa de negociación del convenio agrícola y ganadero, que involucra a 220 trabajadores y 70 empresas, aunque es necesario puntualizar que el número de empleados varía en función de la época del año, teniendo en cuenta que es uno de los ámbitos laborales más condicionados por la temporalidad de las campañas del campo. Asimismo, Aleia Roses de Garray también aplicaba este convenio hasta que el año pasado negoció su propio acuerdo de empresa, si bien siempre puede haber aspectos generales que pueden afectar a sus trabajadores. También ocurre con otras grandes firmas, como Copiso, que cuentan con un documento empresarial que determina sus condiciones laborales. El convenio colectivo afectaría «siempre que haya un contrato por cuenta ajena» como puede darse el caso, por ejemplo, de los empleados de una explotación porcina, aunque ciertamente la agricultura y la ganadería se mueven con frecuencia con autónomos que prestan sus servicios.
Otro de los convenios ya caducados y que hay que abordar este año es el de comercio en general, que en la provincia soriana afecta a 1.030 trabajadores y a 300 empresas. En este caso, ya entrados en el mes de mayo y aunque la vigencia del acuerdo finalizó en diciembre de 2018, aún no se ha constituido la mesa de negociación, al igual que ocurre con el de oficinas y despachos, que implica a 1.200 trabajadores y también a 300 empresas. «Están caducados, denunciados y hay que sentarse a constituir las mesas y a negociar», reitera Javier Moreno.