COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


El frente judicial que no cesa

Cuando la maquinaria judicial se pone en marcha su camino es imparable hasta que se produce la decisión definitiva. En el expediente catalán se han producido novedades en este ámbito en todas las ramas que han salido del procés independentista, sin que por parte de los soberanistas se den muestras de querer transitar por las vías políticas para que pueda ser encauzado mediante el diálogo como reclaman aunque a la hora de la verdad no hacen sino poner palos en las ruedas a esa vía.

La decisión de los republicanos independentistas de no votar a Miquel Iceta como senador autonómico, con la previsión de que fuera el presidente del Senado, ha sido interpretada por el líder socialista, Pedro Sánchez, como “un veto a la convivencia y el diálogo”, que además afecta a un dirigente político que podría contribuir a explorar respuestas políticas. Mientras los socialistas resuelven esta contrariedad, los jueces y la fiscalía no pierden el tiempo.

Tampoco en este ámbito los independentistas renuncian a la estrategia de la tensión. En el Tribunal Supremo los testigos de la defensa se reparten los papeles de forma orquestada: a unos les corresponden la explicaciones y a otros las provocaciones para que el tribunal que juzga a los procesados puedan incurrir en una vulneración de sus derechos que pueda ser enviada envuelta en celofán a Estrasburgo. Dada la rapidez de reflejos del juez que preside el tribunal, Manuel Marchena, su estrategia puede ser contraproducente para sus intereses. Una actitud de firmeza para que nadie se desvié del objeto del proceso que complementa con decisiones que respetan escrupulosamente los derechos políticos de los encausados que han obtenido acta de diputados y senador y acudan el próximo día 21 a la Constitución de las Cortes, que viene a demostrar de forma palmaria que no están siendo juzgados por sus ideas pero que les mantiene férreamente sujetos por su actitud presuntamente delictiva.

El ánimo de condicionar la acción de la justicia también se ha demostrado en el paseíllo del presidente de la Generalitat Quim Torra, acompañado de la parafernalia tradicional en este tipo de actos, cuando se dirigía a prestar declaración ante el juez del Tribunal Superior de Cataluña, que instruye la denuncia de la Junta Electoral Central por su reiterada negativa a retirar de los edificios públicos los lazos amarillos durante la campaña electoral y que le podría costar la inhabilitación si llega a ser condenado por lo que él considera una muestra de  libertad de opinión y los denunciantes un acto consciente de desobediencia.      

La declaración de Torra ha coincidido con la decisión de la fiscalía de procesar por organización criminal a una treintena de miembros del Govern, de medios de comunicación públicos y de empresarios que contribuyeron a la preparación del referéndum ilegal del 1-O, que se suma a las acusaciones por otros cinco delitos –malversación, desobediencia, prevaricación…- relacionados con este tipo de corrupción política, que se investigan en el juzgado 13 de instrucción de Barcelona.  

Las soluciones políticas están estancadas mientras los procedimientos judiciales prosiguen, aumentados próximamente con la decisión de Miquel Iceta de recurrir al Constitucional su veto como senador.  



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