El diputado provincial, José Antonio de Miguel Nieto, consideró hoy que fue la judicialización de la Ciudad del Medio Ambiente lo que "seguramente" le costó el puesto a la entonces vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, y requirió “responsabilidades”, tras conocer que el Tribunal Supremo haya establecido que el proyecto, tras tramitarse a través de Decreto, se ajusta a derecho.

Los responsables del tripartito que gobierna la Diputación de Soria mostraron hoy su satisfacción, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo mediante la que desestima el recurso presentado por la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza soriana (Asden) contra el desarrollo del ahora denominado Parque Empresarial de la Ciudad del Medio Ambiente (PEMA), un proyecto impulsado por el Gobierno autonómico en el Soto de Garray.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, aseguró hoy que es necesario “depurar y demandar responsabilidades” sobre la paralización del PEMA, y aludió también al trabajo para crear un polo industrial en Soria por parte de María Jesús Ruiz.

“No tengo ninguna relación política y personal con ella, pero sí es cierto que hay que valorar su capacidad de trabajo. Si la justicia hubiera sido contraria y no permitiera desarrollar esa área industrial ya sabemos donde se hubiera apuntado con las escopetas. Ahora hay que demandar responsabilidades”, dijo, para incidir, que “es fácil apuntar al político de turno”.

Benito Serrano se refirió a la sentencia del Alto Tribunal, y manifestó que él y su equipo nunca entendieron porque el colectivo ecologistas recurría tantas veces el proyecto y mantuvo la lucha judicial.

A pesar de las críticas, insistió en que es necesario “mirar hacia delante e ir todas las administraciones de la mano” para que la inversión de 100 millones de euros que la Junta de Castilla y León realizó en la extinta Ciudad del Medio Ambiente permita ahora desarrollar esta área industrial.

“Nunca hemos entendido que está inversión no se defendiera y ahora podemos pedir a las administraciones que se invierta en Soria en un suelo que tiene todas las infraestructuras (depuradora y potabilizadora)”, indicó.

En este sentido, reiteró la necesidad de recobrar la unidad de todos los agentes sociales y económicos de la provincia de Soria con respecto a este proyecto, y añadió que muchas empresas solo querían instalarse en esa área industrial.

Al respecto, afirmó que el empecinamiento de judicializar el PEMA provocó que iniciativas empresariales de empresas como Telefónica, Iberdrola o NH, que pretendía crear un hotel en las Cúpulas de la Energía, se hayan disipado, y agregó que el proyecto pretendía crear 1.000 empleos de alta cualificación. 

En este sentido, subrayó que es muy complicado volver a recuperar esas inversiones, pero destacó que el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones sí le trasladó la intención de mediar para la llegada de nuevas empresas al PEMA, con la concreción de un Plan a futuro.

Asimismo, indicó que el futuro inmediato del PEMA “sea compartido con todos”, incluida la Plataforma Soria ¡Ya!, y animó a Asden a cesar en el litigio, ya que recurrir al Constitucional o a la Unión Europea “sería algo incomprensible”. “Pedimos que Soria ¡Ya!, los sindicatos y la Patronal se pronuncien a favor del proyecto para ganar el futuro”, indicó.

Por último, señaló que el desarrollo de este polo no va en contra de los intereses del polígono industrial de Valcorba ni de la localidad del Golmayo, sino que más bien será un punto de apoyo para la instalación de otras empresas en otras áreas. 

Intereses ocultos

Por su parte, José Antonio de Miguel recordó que en 2007 se aprobó la Ley de la Ciudad del Medio Ambiente, un proyecto que rechazó el entonces procurador socialista, Carlos Martínez Minguez, ahora alcalde de la ciudad, y agregó que el proyecto preveía invertir más de 500 millones de euros entre la inversión pública y privada.

En este aspecto, indicó que fueron 50 diputados socialistas del Congreso, a petición del PSOE de Soria, los que recurrieron ante el Constitucional el proyecto, al considerar que la Junta “se excedió en el rango legislativo". Tras ello, la Junta anuló la Ley  tramitó por Decreto el proyecto que no dejó de recibir recursos. 

“Había muchas empresas que querían instalarse en la CMA, pero incluso asociaciones ecologistas de Segovia pusieron recursos y  palos en la rueda para que no ocurriera”, dijo, para acusar al colectivo Asden de presentar los recursos en diferentes instancias por motivos“espurios y ocultos, que no ecológicas”, ya que en el paraje del Soto de Garray, lugar donde se ubica la CMA, había otras licencias concedidas anteriormente para extraer grava sobre las cuales “nunca se dijo nada”.

Para de Miguel judicializar el proyecto ha sido fácil por parte de las asociaciones sorianas por tener la justicia “gratuita”, y agregó que, a pesar de 13 años perdidos, Soria está de “enhorabuena”, pues se vuelven a abrir nuevas expectativas de desarrollo.

Asimismo, avanzó que será necesario reactivar el Consorcio del PEMA, conformado por el Ayuntamiento de Garray, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria, para impulsar de nuevo el proyecto.

“¿Quién va a reparar los daños causados a Soria, las oportunidades ?”, preguntó el diputado provincial para exigir a los ecologistas que cesen de judicializar el PEMA y pidan perdón a la sociedad soriana por paralizar el proyecto empresarial más "ilusionante" para Soria.

Por su parte, la alcaldesa de Garray, insistió que hoy es un día de alegría para el Ayuntamiento de Garray, que mantuvo que “los terrenos de la Ciudad del Medio Ambiente eran considerados el basurero de los garreños”, y agregó que se han perdido 13 años de oportunidades para Soria.

Asimismo, lamentó que los proyectos empresariales que pretendían instalarse en el Soto de Garray hayan desistido en su idea, pero precisó que ahora “el Ayuntamiento sí podrá conceder licencias”.

Por último, el vicepresidente de la Diputación, Saturnino de Gregorio, insistió en que es el momento de mirar hacia delante para que Soria deje de ser el paradigma de la España vaciada y lograr “sacar del ostracismo a esta tierra”.

De Gregorio precisó que la Junta prevé invertir entre tres y cuatro millones de euros para la finalización de las Cúpulas de la Energía y convertirlo en un centro de formación.

Al respecto del recurso presentado para las Cúpulas de la Energía, edificio emblemático de este proyecto, De Gregorio resaltó que se trata de una pieza separada, pendiente de la sentencia del Supremo, que no tendrá "mayor problema en resolverse porque se trata de establecer quién debe conceder la licencia de obras sobre este proyecto".