La interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el aborto, es legal en España desde el año 1985. Es un derecho y es una prestación sanitaria incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, lo que supone que (en los casos en los que contempla la ley) debe ser asumida por el Servicio de Salud correspondiente (en el caso de Soria, por Sacyl). Sin embargo, el ejercicio de este derecho cuenta con algunas trabas. 

Las sorianas que quieren llevar a cabo una interrupción voluntaria de su embarazo deben recorrer al menos 460 kilómetros para poder acceder a esta prestación sanitaria. 

Es la distancia que separa Soria de la clínica Isadora, en Madrid, el centro con el que la Gerencia de Salud de Área de Soria tiene concesionado desde 2016 «la prestación de la gestión del servicio público consistente en procedimientos de interrupción voluntaria de embarazos a pacientes beneficiarios del Sacyl en la provincia de Soria». Este contrato, que se ha venido extendiendo hasta ahora, puede prorrogarse hasta un máximo de diez años (hasta el 31 de diciembre de 2025), según concretan desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. 

de 240 a 1.050 euros. La Gerencia destina cerca de 22.000 euros para sufragar este servicio, con una previsión de llevar a cabo hasta 74 IVE a sorianas en un año, una cifra que se queda corta año tras año ya que las solicitudes superan con creces esta previsión. 

En esta partida se contemplan desde los procedimientos que solo precisan intervención farmacológica, con un coste de 240 euros, hasta las intervenciones instrumentales más complejas, en casos de embarazos de entre 20 y 22 semanas de gestación, con una tarifa estimada de 1.050 euros por procedimiento. 

1.500 abortos en una década. No existen datos actualizados del año 2020 pero las estadísticas de ejercicios pasados evidencian que no es una situación puntual que sufren solo unas pocas mujeres. En 2019, el último dato que facilita el Ministerio de Sanidad, se practicaron 113 IVE a pacientes de Soria. Un año antes fueron 105. Solo en la última década, más de 1.500 mujeres residentes en Soria han tenido que viajar fuera de la provincia para poder interrumpir su embarazo dentro de los requisitos que recoge la ley que, en síntesis, es a petición de la mujer, por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada, por riesgo grave de anomalías en el feto o por anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable. 

por qué fuera de soria. El por qué de este peregrinaje hay que buscarlo en la propia normativa. La ley del aborto de 2010 (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) contempla esta práctica como un derecho y lo incluye en la cartera de servicios sanitarios públicos. Pero, al mismo tiempo, el artículo 19 de este texto legal establece también la posibilidad de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que debían practicarlo. «El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito», reza textualmente el articulado.

En este marco legal, todos los profesionales del Servicio de Ginecología del hospital Santa Bárbara de Soria se declaran objetores, según confirman desde la Delegación Territorial de la Junta, de modo que ambos derechos, el de objeción y el de interrupción del embarazo, se solapan y chocan. 

Es un derecho, un servicio y una prestación reconocida, pero no hay nadie que la pueda practicar en el complejo asistencial de Soria. Esto explica que ninguna de las más de cien IVE que se practican cada año se desarrolle en el Servicio Público de Salud.  

Obligadas por ley a atender los derechos de sus mujeres, la Junta de Castilla y León, para garantizar el servicio, ha optado por externalizar el servicio, derivándolo a clínicas privadas con las que se ha establecido un concierto, de modo que cualquier soriana que precisa de una IVE debe viajar para poder someterse a este procedimiento médico. 

En Castilla y León, hay tres centros están autorizados para la realización de actividades de interrupción voluntaria del embarazo: el centro ginecológico Buenavista, de León, la Clínica Ginecológica Ginemédica, de Valladolid, y la Clínica Multimédica Centro, en Salamanca, las tres de gestión privada. Sin embargo, según confirman fuentes de la Delegación Territorial, las sorianas son remitidas a Madrid. 

La situación de Soria no es única. Más del 90% de las IVE que se llevan a cabo en España se llevan a cabo en clínicas privadas, y hasta trece provincias de España no llevaron a cabo ni un solo aborto dentro de su servicio público en el último año. 

el trámite. La práctica se realiza fuera de Soria pero, cabe apuntar, el acceso a la prestación de la IVE puede hacerse desde cualquier centro sanitario dependiente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. 

En el supuesto de que la interrupción sea a petición de la mujer, debe acudir a su centro de salud de referencia y allí sus profesionales de Atención Primaria le facilitarán información sobre el procedimiento a seguir.  Tras solicitar las pruebas necesarias para confirmar el embarazo y la edad gestacional, si la mujer decide continuar con la interrupción del embarazo, la trabajadora social del centro de salud tramitará la solicitud de IVE. Eso sí, para autorizarse debe ser siempre dentro de las primeras catorce semanas de gestación y la mujer embarazada debe ser informada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y esperar al menos tres días desde que se facilite esta información para la realización de la intervención.

En el supuesto de que la mujer se plantee la interrupción del embarazo por causas médicas detectadas durante su seguimiento, los profesionales que atienden a la paciente le deberán proporcionar la información sobre el procedimiento a seguir y, en su caso, trasladar la solicitud de IVE para su tramitación posterior. Una vez presentada la solicitud de IVE, se derivará a la mujer al centro concertado para su atención, previo dictamen emitido por un especialista. 

los gastos. Aunque las sorianas son remitidas a un centro privado, esta prestación corre a cargo del Servicio de Salud de Castilla y León. Eso sí, la mujer debe estar en posesión de la Tarjeta Sanitaria Individual, cumplir las condiciones legales de la interrupción del embarazo y contar con informe que atestigüe que ha sido derivada por un profesional de Sacyl. 

Excepcionalmente, si el Servicio Público de Salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, se le reconocerá a la mujer el derecho a acudir a un centro acreditado en el territorio nacional, asumiendo el Servicio Público, por escrito, el abono de la prestación. Si hubiera transcurrido un plazo de diez días naturales desde la solicitud de la prestación de IVE sin que la mujer solicitante hubiera recibido del Servicio de Salud indicación del centro donde se realizará la prestación, se considerará tácitamente el reconocimiento del derecho.

El perfil. Mujer de entre 20 y 29 años, con estudios de ESO, Bachillerato, FP o equivalente, sin hijos, que no ha tenido otros abortos voluntarios anteriormente, que no utilizó métodos anticonceptivos, que interrumpe su embarazo antes de las ocho semanas de gestación y que acude a un centro sanitario público a solicitar la información. Es el perfil mayoritario de las sorianas que optan por interrumpir voluntariamente su embarazo.