En otras zonas, como La Rioja, Cataluña o Galicia, apuestan por los bancos de tierras como una oportunidad para frenar la despoblación y favorecer la incorporación de jóvenes a la agricultura. Sin embargo, en Castilla y León y en la provincia de Soria la iniciativa de la Junta que se contemplaba como uno de los puntos más novedosos de la Ley Agraria, que quedó paralizara poco después de su entrada en vigor, no llegó a cuajar. Además, en 2015 gobierno regional decidió sacar a subasta 258 fincas agrícolas procedentes de sobrantes de concentraciones parcelarias de la comunidad.
La Ley Agraria lo planteó como instrumento para poner en contacto la oferta y la demanda de parcelas rústicas, cultivadas o cultivables con el fin de recuperar tierras abandonadas, asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias y promover la incorporación de jóvenes y mujeres al sector agrario. Se pretendía configurarlo como un registro administrativo de carácter público, únicamente con carácter informativo, sin producir ningún efecto sobre el régimen jurídico de las parcelas que lo integraran, ni sobre el derecho de propiedad sobre estas. La procedencia de las parcelas agrarias sería muy variada, destacando los suelos cuyos propietarios hubieran solicitado voluntariamente su inscripción en el mismo, los procedentes de agricultores que hubieran optado por ayudas a la prejubilación y así lo solicitaran, los que hubieran sido objeto de declaración de incumplimiento de la función social del uso de la tierra, por su infrautilización o las masas comunes y fincas sobrantes en las concentraciones parcelarias.
El Banco de Tierras se gestionaría desde la Consejería de Agricultura, que establecería condiciones y requisitos para la incorporación de los suelos agrarios aptos para la explotación agrícola, sus efectos, las causas y el procedimiento para la resolución de cesiones, el procedimiento de consulta de los datos incorporados y el régimen de prioridades en la celebración de los contratos, en los supuestos de concurrencia de solicitudes sobre un mismo suelo.
La Rioja presenta al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el proyecto ‘Acceso a la tierra’, que incluye un Banco de Tierras para captar terrenos infrautilizados, facilitar el acceso a las tierras de jóvenes que quieran ganarse la vida en el campo y carecen de fincas y maquinaria. Las principales líneas de actuación son inventariar fincas privadas que no se usan, las que son propiedad de ayuntamientos y las que no están en uso; analizar las posibilidades de regadío o de naves; identificar tierras cultivables y cultivos con mayores posibilidades, así como realizar estudios agronómicos y sostenibles y promover la formación respecto a los mismos. En el caso de Galicia, el Banco de Tierras apenas gestiona el 1% de la superficie infrautilizada, lo que corresponde a 5.239 hectáreas.
valoración. Para el presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, el Banco de Tierras no era viable en Soria «porque la administración piensa una cosa y los propietarios piensan otra». «Al propietario no se le puede obligar a incluir las tierras en un banco, como tampoco se haría con la vivienda», incide mostrando su escepticismo al respecto y recordando que se planteó pero «no cuajó». «Cada propietario tiene claro a quién quiere dejar las fincas y en qué condiciones, no se las va a dejar a la administración.Primero porque no sabe cómo las va a manejar ni que problemas surgirán», explica. Además, no hay cantidad de tierras de cultivo abandonadas en Soria y a los jóvenes se les exige una mayor cantidad de hectáreas de tierra de las que pueda proporcionar la administración.
El problema de la despoblación y del relevo generacional se soluciona de otra manera, no tan propagandística. Como fórmula más efectiva, habla de una jubilación «anticipada y digna»; «quedarían fincas libres y las podrían utilizar los jóvenes, dando un incentivo al que las deja». «En la actualidad las fincas están todas copadas y no se pueden ofrecer las que no están en el mercado», concluye.