El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, reivindicó hoy a la Unión Europea (UE) un seguimiento “muy detallado” de la evolución del sector de la carne de vacuno y estudiar las actuaciones en materia de regulación del mercado para “frenar el deterioro de las rentas de los ganaderos”.
Así lo trasladó hoy Carnero en el Consejo Consultivo, celebrado por videoconferencia, que presidió el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, previo al Consejo de Ministros de Agricultura de la UE que se celebrará el lunes, y posteriormente en la Conferencia Sectorial. Uno de los aspectos importantes a destacar para Castilla y León en este encuentro fue el análisis de la situación de los mercados.
En este sentido, “los ganaderos”, añadió el consejero, “están sufriendo un progresivo deterioro de sus ingresos que les afecta a sus rentas, motivado por la reducción de los precios percibidos”. En los últimos años la pérdida es superior al 20 por ciento.
Actualmente, las cotizaciones de terneros están en niveles “mínimos”, en torno a unos 200 euros por cada 100 kilos en vivo, muy por debajo de los cerca de 270 euros anteriores. Esta reducción se ha visto acelerada por las restricciones del COVID-19. Carnero expuso que la situación de precios del sector del cebo y la carne de vacuno “está arrastrando también de manera directa a los ganaderos de vacas nodrizas que surten de teneros al mercado”.
Reforma de la PAC
En relación a las negociaciones con el Parlamento Europeo para acercar posiciones, Castilla y León consideró “claves” las cuestiones medioambientales, un apartado que tendrá reflejo tanto en las ayudas del primer pilar (pagos directos) como en las del segundo (desarrollo rural). Por ello, la Junta apela a la necesidad de “no perder de vista” que el objetivo fundamental de la PAC es que el sistema productivo agroalimentario europeo “se mantenga, por múltiples argumentos”, como son garantizar el suministro de alimentos, permitir que las familias mantengan su forma de supervivencia con la actividad agrícola y ganadera, evitar el despoblamiento de las áreas rurales y de la actividad sostenible con el medio ambiente.
Por lo tanto, Castilla y León insistió tanto al Consejo como al Parlamento que se evite polarizar las grandes decisiones a un solo componente, como es el medioambiental. “El conjunto de componentes o planteamientos tendría que ser el que permita adoptar las decisiones finales”, remarcó la Junta.
En este punto, la Junta defiende que el elemento de apoyo a la renta debe ser “máximo”, no dedicando más del 20 por ciento de los pagos directos del primer pilar a los ecoesquemas. Además, aboga por mantenerse en los pagos directos los apoyos actuales a los sectores que perciben ayudas acopladas, “por la negativa situación de mercado que pueda derivar”, como ocurre, por ejemplo, en el vacuno.
Reglamento de Transición
Por último, la Junta recordó que esta semana se conoció del acuerdo entre el Consejo y el Parlamento para el reglamento de Transición que se pondrá en marcha el 1 de enero de 2023. Para la Comunidad es “importante porque esta normativa permitirá prorrogar para 2021 y 2022 las actuales medidas agroambientales y la agricultura ecológica”. En este sentido, el consejero urgió su aprobación para comunicar estas posibilidades a los agricultores y ganaderos y “evitar así incertidumbres”.
Asimismo, también en este reglamento se definirán las reglas para utilizar los fondos 'Next Generation’ (NG). Castilla y León reiteró que estas partidas se incorporen a los actuales programas de Desarrollo Rural (PDR), en las mismas condiciones que el resto, es decir, “sin cofinanciación”.
Así, la Consejería aseguró que apoya la iniciativa del Consejo y del Parlamento para que “esto finalmente sea así”. Solicita, además, que estos fondos, dentro de los actuales PDR, se puedan asignar a medidas que “fomenten las inversiones”, como la modernización de explotaciones y regadíos o la incorporación de jóvenes, para “ayudar a los negocios ubicados en zonas con limitaciones productivas. También se pueden derivar a acciones agroambientales y de agricultura ecológica. Las previsiones señalan que Castilla y León pueda acceder a unos 85 millones de euros más para su PDR procedentes del ‘Next Generation’ Feader.