COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Franco, fondo y forma

La decisión de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar la exhumación de los restos de Francisco Franco, para su entierro posterior en el cementerio de Mingorrubio (El Pardo) retrasa unos meses la decisión final sobre cuál será su destino último, que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a sacar del Valle de los Caídos, apenas unos días después de haber asumido la presidencia del Gobierno.

Desde ese momento todos los planes previstos por el Ejecutivo que pretendía una exhumación rápida y había fijado la fecha del 10 de junio como el punto final del proceso, han ido de tropiezo en tropiezo y aún ahora habrá que esperar unos meses más para que los jueces del Supremo decidan sobre el fondo del asunto. En las formas, la familia del dictador ha recurrido a todas las argucias posibles –está en su pleno derecho-, desde las legales a las administrativas, alguna tan chusca como la relacionada con el permiso de obras para levantar la lápida de granito que cierra la sepultura.  

Después de tanto tiempo la posición del Gobierno es que no hay problema por esperar unos meses más y que todo se haga de acuerdo con la legalidad para acabar con un anacronismo incomprensible en el resto de la Europa democrática donde ningún dictador cuenta con un mausoleo convertido en centro de peregrinación. Bien estará lo que bien acaba a pesar de la actitud de la familia, y de la provocación de querer enterrar a Franco en la cripta de la catedral de la Almudena, de los diputados que no votaron a favor del último decreto ley que modificó la Ley de Memoria Histórica para afianzar la cobertura legal de la exhumación, o de la Fundación Francisco Franco, destinada a exaltar la figura de un dictador y que recibe subvenciones públicas, otro absurdo que habrá que abordar en su día.

Si, como afirman quienes quieren que Franco permanezca en el Valle de los Caídos, la izquierda y el PSOE desentierran cada cierto tiempo a Franco para ocultar otros tipo de problemas, nada sería mejor que terminar con esa coartada por la vía de acabar de una vez por todas con este fantasma del pasado. A no ser que quienes se manifiestan a favor de no tocar los restos del dictador con la excusa de no perder tiempo en una cuestión superada, oculten el deseo de que se le siga rindiendo homenaje, o de no soliviantar a una parte de su electorado, mostrando además una escasa solidaridad con las víctimas del franquismo que yacen junto a su verdugo en Cuelgamuros. Ejemplos de esos ha habido bastantes en los últimos años. Desde las desafortunadas palabras del exportavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, hasta la decisión política de los gobiernos de Mariano Rajoy de no destinar ni un solo euro al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. O que la Iglesia dude y la comunidad benedictina se oponga al traslado de los restos.

Franco tiene el derecho a ser enterrado en una tumba normal, como el resto de las víctimas de la guerra y el franquismo enterradas en las cunetas tienen derecho a estar en una sepultura. El Gobierno socialista ha actuado con prisas hasta ahora y el Supremo ha mandado parar.  Pero si no gana al final sobre el fondo del asunto tendrá cuatro años sin urgencias para cumplir su propósito y que los restos de Franco dejen de aparecer en la política española. 



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