La Consejería de la Presidencia ha iniciado el trabajo interno de elaboración de la relación de puestos de trabajo de funcionarios (RPT), anulada por sentencias judiciales, para la que se prevé al menos un año, con una primera fase centrada en las nuevas consejerías y centros directivos para avanzar después hacia una segunda con la clasificación de los puestos y su aprobación para todos los departamentos con acuerdo sindical.

Este proceso arranca de la decisión del nuevo equipo de Presidencia, dirigido por Ángel Ibáñez, de reorganizar la Función Pública de la Administración de Castilla y León después de aceptarse por acuerdo del Consejo de Gobierno la sentencia judicial de nulidad de la relación de puestos de trabajo de funcionarios de todas las consejerías, del Servicio Público de Empleo, de la Gerencia Regional de Salud y de la Gerencia de Servicios Sociales para su acomodación al Catálogo de Puestos Tipo.

Los tribunales dieron otro varapalo a la Junta. De nuevo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló el catálogo de puestos de trabajo de 2019 del personal funcionario de la administración autonómica, aprobado en marzo de ese año por el anterior Gobierno, si bien el consejero de la Presidencia afirmó que no se recurriría la sentencia en la que se señala que se vulneró el procedimiento legalmente establecido, sino que se va a consensuar con los agentes sindicales. 

“Será un camino largo, llevará al menos un año”, explicó Ibáñez, quien argumentó que con la nueva RPT se quiere dar seguridad jurídica, si bien prepara unas bases para el respeto de los derechos adquiridos por los afectados antes de las sentencias, para garantizar los puestos de los servicios básicos, cubrir las necesidades de personal con pautas comunes y cumplir con el concurso de traslados.

En este momento, se realiza un trabajo interno de análisis y estudio de la relación de puestos de trabajo de las nuevas consejerías y centros directivos creados tras la constitución del Gobierno de coalición en julio de 2019, señalaron a Ical de la Presidencia. Una vez concluido ese paso y tras la posterior negociación con las organizaciones sindicales se cerrará esta primera fase.

Arrancará después, conforme a las mismas fuentes, una segunda fase para establecer la base de estudio y análisis de la relación de puestos de trabajo de todas las consejerías, anulados por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y la clasificación de los puestos también en negociación con las organizaciones sindicales para la aprobación de las RTP de todas las consejerías.

El Grupo Socialista ha criticado que se externalice la elaboración de la relación de puestos de trabajo, algo que ha rechazado el consejero en su última comparecencia en las Cortes para la presentación de los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio.

Carrera profesional

Por otro lado, Presidencia vincula la implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León a la relación de puestos de trabajo y la promoción interna, por lo que también se irá de la mano con las organizaciones sindicales para establecer este sistema.

Según las mismas fuentes, la carrera profesional, otro de los asuntos pendientes de la Consejería, de acuerdo con la denuncia de la oposición, no es solo la aprobación de un reglamento para desarrollar la ley de las Cortes de marzo de 2019, sino que está directamente relacionada con el análisis de los puestos, la promoción profesional y la evaluación al desempeño, todo vinculado directamente con los puestos de trabajo y con los procesos de promoción interna.

La norma, presentada en su día en las Cortes por el entonces candidato del PP a la Presidencia de la Junta y hoy presidente, Alfonso Fernández Mañueco, está orientada a que cada uno de los empleados públicos tenga la oportunidad de ver reconocidos su propia trayectoria y su esfuerzo personal para llevar a cabo una actuación de calidad al servicio de todos.

En la misma ley, se recoge que la primera convocatoria para el acceso a la carrera profesional horizontal para el personal de la Administración de la Comunidad se realizará una vez haya sido aprobado el desarrollo reglamentario de la norma antes del 31 de diciembre de 2019.

También, precisa que, en años posteriores, se convocará la carrera profesional, siempre y cuando no se produzca una alteración sustancial de las circunstancias económicas que afecte al incremento de los ingresos ordinarios de la Comunidad.