El Procurador del Común pidió hoy la aprobación urgente de una normativa que regule la seguridad en las piscinas y zonas naturales de baño de Castilla y León tras recibir varias quejas en las que se solicitaba la adecuación y adaptación de la normativa autonómica de piscinas a la nueva realidad social que se viene detectando en la utilización de estas instalaciones y a los cambios normativos que introdujo un real decreto estatal del año 2013.
Tras la petición de información, la Consejería de Sanidad indicó que se estaba trabajando en los cambios solicitados y que dicha modificación se había incluido como objetivo en el IV Plan de Salud de Castilla y León. Sin embargo, tras analizar los informes recibidos, el Procurador constató que la situación de falta de regulación estatal en cuanto a la normativa de seguridad de las piscinas de uso público se mantenía y esa carencia no había sido suplida por ninguna norma autonómica en Castilla y León.
Según el Procurador del Común, la actual norma autonómica y sus previsiones en cuanto al número de profesionales de salvamento y prevención que deben prestar su servicio en estas instalaciones han resultado superadas por la situación real que se produce en las piscinas, no solo por la cantidad de usuarios que acogen, sino también por los elementos o accesorios que en ocasiones requieren algunas prácticas de ocio o deportivas o los introducidos por los propios titulares de la instalación para incrementar la afluencia de usuarios.
Por ello, el Procurador del Común apuntó que en la norma que se apruebe se deben introducir nuevos requisitos mínimos y actualizados de la dotación de los botiquines con los que deben contar este tipo de instalaciones, así como limitaciones a los materiales de flotación y ropa de baño y marcar limitaciones de altura para las atracciones flotantes, obligando a su efectiva sujeción y/o instalación, en su caso, en una zona acotada del vaso.
En cuanto a las quejas por la falta de seguridad en las zonas de baño naturales, el Procurador del Común comprobó que algunas comunidades autónomas ya prevén la introducción de las piscinas naturales en la normativa de piscinas exigiendo en las mismas la presencia de un servicio de socorrismo.
Asimismo, recordó que todos los fallecimientos de este año 2019, a la fecha de elaboración de esta recomendación, 21 personas, lo han sido en zonas que carecían de vigilancia, por lo que “resulta necesario que se dicten las oportunas instrucciones por parte de la administración en materia de seguridad humana en las zonas de baño en nuestra comunidad, estableciendo un catálogo de zonas prohibidas y garantizando la adecuada protección en las zonas de baño incluidas en el censo oficial cada temporada”, lo que para el Procurador, pasa por la exigencia en las mismas de un servicio de socorrismo o primeros auxilios, que sería el encargado de señalizar y balizar la playa y la zona de baño.