Los ganaderos de extensivo de Castilla y León secundaron hoy la manifestación convocada en Madrid por la Plataforma que agrupa a más de treinta colectivos en defensa de la ganadería y de una correcta gestión de las crecientes poblaciones de lobo ibérico.
La protesta, bajo el lema “Y a los ganaderos ¿quién los protege?”, comenzó a las 12 horas enfrente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ante su decisión de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en régimen de Protección Especial (LESPRE).
Asaja en Castilla y León apoyó la movilización de la Plataforma en Defensa de la Gestión del Lobo “Convivencia Lobo – Ganader@ Viv@”, y lamentó el “empecinamiento” de la ministra Teresa Ribera en la prohibición total de la caza de este cánido, sin importarle los datos ni escuchar al sector ni al medio rural. “Quieren imponer su ideología urbanita y contentar a lobbies ecologistas”, denunciaron, para exigir la retirada del proyecto elaborado.
La Unión de Campesinos de Castilla y León acudió a la protesta y exigió al MITECO que “rectifique y consensue” con las comunidades autónomas y con todas las organizaciones agrarias la gestión del lobo. UCCL advirtió de que una sobreprotección al lobo supone un peligro para las ganaderías extensivas de la Comunidad, de la que viven en torno a 35.000 familias. Las perdidas de los ganaderos en Castilla y León se pueden estimar en más de cinco millones de euros todos los años y la Administración “solamente compensa el 20 por ciento de los daños”, denuncia. La opa advierte de que el lobo se encuentra en expansión y en Castilla y León en el año 2020 se registraron 4.500 ataques de lobos que causó a muerte a 6.000 cabezas de ganado.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) pidió la dimisión “inmediata” de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ante la “callada” por respuesta a la petición de los ganaderos para que retire el proyecto de orden ministerial por el que se incluye al lobo en LESPRE.
La opa sentencia que la publicación del proyecto de orden liquida el marco de negociación abierto para buscar el consenso y la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico incumple de forma unilateral el compromiso de diálogo con el sector.