El sector autonómico de la caza no pudo ocultar ayer su alegría después de que elTribunal Supremo anulase este martes la sentencia delTSJ contra el decreto cinegético de la Junta de Castilla y León de 2015, y que supuso el inicio de un tortuoso camino para el mundo cinegético y la Administración autonómica. Sin embargo, elSupremo dictaminó que el decreto de abril de 2015 por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre estaba ajustado a derecho, informa Ical. Algo que para la Junta servirá para aportar seguridad jurídica a los más de 120.000 cazadores de la Comunidad, titulares cinegéticos, a los agricultores y ganaderos y, en definitiva, a un sector que desde la Administración autonómica siempre se ha entendido como estratégico para el desarrollo del mundo rural. La propia Federación de Caza de Castilla y León consideró una «excelente noticia» la sentencia y auguró que permitirá «enfriar los ánimos» a la hora de frenar el «ataque contundente» de las asociaciones animalistas hacia esta actividad, algo que había «golpeado» en un principio en la Comunidad pero que pretendía hacerse extensivo «a todo nuestro territorio nacional».
Desde la institución auguraron que esta sentencia favorecerá también la seguridad jurídica necesaria para «perfeccionar» el anteproyecto de la Ley de Caza de Castilla y León en el que se trabaja actualmente, y en la que habrá que «flexibilizar» algunas medidas de control de la norma «excesivamente rigurosas» y que afectan «de forma negativa y directa al cazador». Tal y como explicaron, el mundo de la caza se felicitó de que la información «veraz» y el sentido común se estén «imponiendo», y la caza empieza a descubrirse como «valor en alza en todos los ámbitos».
Con la sentencia, el Supremo confirmó el criterio que los cazadores han mantenido «todos estos años» junto con la Consejería de Fomento y se sienta jurisprudencia al mantener dos líneas argumentales «esenciales» para «desmontar» la sentencia del TSJ: por un lado, confirma que no son preceptivos los estudios científicos que ha exigido el tribunal autonómico y que ha anulado en varias ocasiones la normativa regional de caza; y tampoco considera el Supremo que sea exigible una norma de mayor rango a la orden anual de caza para regular las especies cinegéticas cazables ni los periodos hábiles, como se mantenía desde el TSJ.
Desde la Federación de Caza se recordó que estos criterios que ahora ha «echado por tierra» el Supremo, provocaron la paralización temporal de la actividad cinegética «en varias ocasiones», en especial el año pasado cuando la reforma urgente de la Ley de Caza aprobada en las Cortes evitó «una catástrofe de consecuencias imprevisibles» para el medio ambiente, la agricultura, la sanidad animal y el tráfico rodado.
Acciones legales
De hecho, desde la Federación se aseveró que aún es momento de exigir las responsabilidades civiles o penales que correspondan y se avanzó que así lo hará la entidad «en la defensa de los intereses de los cazadores castellano y leoneses».
Las cosas se han hecho bien
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó que el Tribunal Supremo pone con su sentencia «punto y final» para respaldar que la Junta «ha hecho las cosas bien en materia de caza», después de un procedimiento judicial largo. «Es una sentencia muy importante para Castilla y León y para la Junta. Es la primera vez que el Supremo se manifiesta en estos aspectos de sus resoluciones y cierra un debate existente sobre cómo hacía las cosas la Junta», sostuvo el consejero.
Igualmente, admitió que «ha habido muchas presiones» y «daba la sensación» de que su departamento «no hacía bien las cosas», principalmente después de la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que «ponía vuelta abajo nuestras decisiones», pero a la que, no obstante, mostró todo su respaldo, informa Ical.
Afortunadamente, añadió, el Supremo «ha dicho la palabra final, que la Junta había hecho bien su trabajo» cuando dictó un decreto, el de especies de 2015, que «no tenía ningún defecto y contaba con informes suficientes» que, según el alto tribunal , «no eran absolutamente necesarios». «Pero a pesar de ello, la Junta había fundamentado de forma razonable y proporcional su potestad ejecutiva y reglamentaria», defendió.
La sentencia, aseguró, «avala» la política sobre caza de la Junta y «ratifica» la importancia para el desarrollo rural de la caza, su respaldo económico, «evitar problemas de salud pública, de la ganadería, agricultura y seguridad vial». También mantiene «el equilibrio de especies, protegiendo a los más débiles por la sobrepoblación de los más fuertes».