En Soria residen cerca de 10.800 extranjeros en situación regular, lo que significa que en torno al 12% de la población soriana ha nacido en otro país. Según los datos facilitados por la Subdelegación del Gobierno, el 52% proceden de países comunitarios y el 48% son extracomunitarios. Entre los primeros, Rumanía (22% del total) y Bulgaria (18%) son los países que mayor aportación han hecho al censo provincial. Y, entre los extracomunitarios, Marruecos (casi el 15%) y Ecuador (5,5%).
Pero esta cifra queda incompleta, ya que no incluye a la inmigración irregular. Son los que han venido en patera, los que llegaron con visado de turistas pero se quedaron, los que no vinieron por los cauces reglados y ahora no tienen permiso de residencia en vigor. Es imposible disponer de un dato exacto de lo que supone este movimiento migratorio ya que, obviamente, no hay censos oficiales. No obstante, algunos datos evidencian que es posible que se hayan reducido en los últimos años: entre 2013 y 2018 se concedieron 2.268 nacionalidades en Soria, según el INE. El 81,39% fueron por residencia.
No es exacto pero, desde que en 2018 se recuperó el derecho a la sanidad universal, la cifra que puede resultar más orientativa es el número de extranjeros en situación irregular incorporados a la sanidad pública. En Soria, desde julio de 2018 hasta noviembre de 2019, el Sacyl ha incorporado a 344.
situación irregular, principal motivo. «Encontrarse irregularmente en territorio español» no es un tema pueril. Puede acarrear la expulsión del país, en base al artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. De hecho, es el motivo que justifica la mayoría de las órdenes de expulsión que se tramitan en España, y en Soria.
Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior al Defensor del Pueblo, el año pasado España repatrió a 11.384 personas extranjeras, una media de 31 al día. La mayoría de las expulsiones, el 47,3%, tuvieron como motivo principal la estancia irregular. Soria replica estos datos, en su proporción. «En lo que va de 2019 se han ordenado 36 órdenes de expulsión» y «todas han sido por estancia irregular», especifican desde Extranjería.
No residir legalmente es el motivo principal que justifica la expulsión del territorio nacional, pero no el único. «Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas tipificadas como muy graves, o algunas de las graves, recogidas en la Ley de Extranjería podrá aplicarse la expulsión del territorio español». Aquí se incluye, entre otras cuestiones, sanciones por participar en actividades contrarias a la seguridad nacional, estar implicados en actividades contrarias al orden público... Asimismo, puede ser causa de expulsión «que el extranjero haya sido condenado por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año». Es decir, si un extranjero, aunque esté residiendo en España de forma legal, es condenado por un juez a una pena de cárcel de más de doce meses, se procederá en la mayoría de los casos a su expulsión del país.
Así las cosas, resumen desde Extranjería, «los motivos que pueden estar detrás de una orden de expulsión pueden ser numerosos», si bien «la realidad» nos dice que en Soria se reducen prácticamente a dos, «por estancia irregular (53.1a) o por tener una condena de prisión superior a un año». Estas dos causas han motivado de hecho la totalidad de las 145 órdenes tramitadas desde 2015 en la provincia. Pero ¿cómo se tramita una orden de expulsión? ¿Cómo arranca y cómo se llega a la expulsión?
«Las órdenes de expulsión se inician una vez que se detecta a una persona extranjera que se encuentra en situación irregular», explican desde Extranjería. Detectarlo supone «tener conocimiento bien por un control que se hace en la calle, porque cometa una falta, por tener conocimiento por un empadronamiento…», especifican. «No se van haciendo controles en la calle para detectar extranjeros irregulares. No se hace de forma sistemática, es por alguna cuestión que se ponga en conocimiento de las autoridades», aseguran desde Extranjería. Insisten además en que se trata de un «procedimiento bastante garantista» que «incluye diferentes fases en las que el afectado puede manifestarse, con un trámite de alegaciones, otro de audiencia…».
Esto explica que la resolución puede tardar en llegar «dos meses» cuando se trata de un procedimiento ordinario. Estos casos, cabe apuntar, son cuando «no hay elementos negativos», de modo que mientras dura la tramitación la persona queda en libertad y, una vez se le comunica la resolución, dispone de un plazo voluntario para su salida del país. Si no lo hace, se dispondrá toda la documentación para que, cuando sea detenido de nuevo, sea expulsado «de forma inmediata», en menos de tres días.
Es lo que se hace también en los casos preferentes (cuando hay elementos negativos). El plazo máximo que la persona puede estar detenida es de 72 horas, por lo que el expediente debe resolverse de forma ágil y disponer el vuelo. Si no se consigue llegar a tiempo, la persona podría ser remitida a un CIE, pero eso exige la autorización judicial y que haya plazas disponibles, algo que hoy en día no resulta del todo sencillo.
De las órdenes tramitadas en la provincia en lo que va de año, 23 han sido preferentes y trece ordinarias.