Chile vive desde el pasado 18 de octubre una profunda crisis política y social que se ha cobrado ya más de 30 víctimas.Desde Santiago de Chile, Tomás García, presidente de la Colectividad de Castilla y León y descendiente de Fuentestrún (Soria), comenta que la situación se complicó a mediados de octubre por las exigencias sociales ante un contexto de desigualdad, por un lado, y de abuso político e ignorancia de la población, por otro. El país crece un 3%y en los últimos 30 años bajó los niveles de pobreza un 30%, lo que "hace que la clase madia que antes no existía ahora sea tan numerosa y exija cosas que antes no pedía".

«El desencadenante fue la subida del precio del billete de metro [en 30 pesos hasta los 830]. Fue la gota que rebasó el vaso, ese día fue la revolución total. Se quemaron hasta cien estaciones de metro y se atacaron cadenas de supermercados; en los barrios más problemáticos hay desde entonces dificultades para comprar víveres. Era la anarquía total...», describe Tomás García.

En su opinión, no hay diálogo entre la sociedad y el gobierno, por lo que la gente protesta destruyendo porque no tiene con quién negociar ante el bloqueo del presidente, Sebastián Piñera. «Eso hace más complicado el sistema», comenta haciendo referencia también a que los chilenos quieren los beneficios de los ciudadanos europeos en las áreas de salud y educación, por ejemplo, pero sin tener que pagar impuestos. 

"Chile, un joven país que aprenderá de sus errores"El sistema de pensiones en Chile, a diferencia de España, en un sistema donde cada uno de forma individual ahorra para su futuro y de la cantidad que se vaya guardnado dependerá la pensión, el gran problema es que las administradoras de fondos de pensiones son empresas pribadas que obtienen utilidades que no reparten de manera equitativa con las personas que ahorran.  

Allí, el Salario Medio Interprofesional (SMI) es de 400-500 euros y el Salario Promedio de 800-900 euros. Tomás García insiste en que la riqueza del país se concentra en unas pocas familias, por lo que «la gente está disconforme y se siente abusada». Es un país caro y alquilar un piso cuesta lo mismo que en Madrid o Bacelona.

retorno a España.

Al ser un país joven, de 200 años, que está comenzando a andar y con posibilidades de desarrollo, "está pagando los errores porque es un país con muy poca historia y que la está aprendiendo", pero los recursos se han utilizado en aumentar el crecimiento y "ahora hay que destinarlos a mejorar las demandas de la población, sin descuidar el crecimiento económico que ha traído tantos beneficios a la población". 

de una economía que ejecutó el gasto pronto y no supo administrarlo.

Sobre la seguridad de la población, describe que «hay inseguridad total por la falta de acción del Gobierno, ya que no se ha cortado de raíz, y la población sigue con miedo». Tras el estallido, se declaró el estado de excepción y hubo toque de queda. Se criticó la metodología de la policía en cuanto al respeto a derechos humanos. Los negocios sufren la situación porque se ven obligados a cerrar pronto y no pueden trabajar para pagar a los trabajadores; incluso «a una familia descendiente de Soria con negocios le quemaron tres tiendas de las quince que tiene y en las que vende telas de chantilly». «Si vas al centro de Santiago parece un país en guerra, todo lo que esté relacionado con la empresa privada ha sido saqueado por los encapuchados», describe apuntando presiones desde fuera para crear una asamblea constituyente como la de Venezuela. Con los problemas de ahora hay muchos descendientes de sorianos que quieren buscar oportunidades en España y poder estudiar en Madrid o Barcelona. 

La educación es otro de los puntos importantes de las protestas, porque «hay una gran diferencia entre la educación privada, con muchos privilegios, y la pública, con menos proyección». La anterior presidenta, Michelle Bachelet, «intentó equiparar las dos pero la pública quedó muy mal». En cuanto a la universidad, «es costosa». «El Estado da un crédito y cuando se termina de estudiar se está endeudado por lo que hay que trabajar para pagarlo. Se hace un informe comercial para ver si es deudor o buen pagador y si se debe dinero se publica en un boletín y hay problemas para muchas cosas, como para encontrar trabajo. Ahora se pide que se tenga que pagar sin intereses y por un tiempo determinado para que se extinga el pago», detalla. Esta semana ha habido muchos problemas con las pruebas de selección para entrar en la universidad. «La gente llamó al boicot y se suspendió el examen, lo que es un problema porque ahora aquí estamos en verano y la universidad comienza en marzo». 

En salud, hay muchas diferencias entre el sistema público, con grandes listas de espera, y la sanidad privada. El presidente anunció un cambio de modelo para eliminar la espera derivando a la sanidad privada, para asegurar la atención. Pero la oposición bloqeua el sistema porque dice que beneficia a las clínicas privadas pero en el fondo el Gobierno está asegurando una salud eficiente para la población. La esperanza para Tomás García es que en abril habrá un plebiscito para reformar la constitución, confiando en que no se repitan situaciones de violencia.