La sexta ola sigue desbocada. La provincia  ha registrado en la última jornada 312 nuevos positivos de infección por SARS-CoV-2.

Castilla y León notifica hoy 9.702 casos de la COVID-19, con lo que su número actual es 427.019; de esa cifra, 420.537 positivos han sido diagnosticados mediante pruebas de infección activa.

Los nuevos positivos se han notificado atendiendo a la definición de caso confirmado de infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria nacional en la Estrategia de Diagnóstico Precoz, Vigilancia y Control de la COVID-19, de 12 de agosto de 2021; de los 9.702 nuevos positivos trasladados hoy al C.C.A.E.S. de acuerdo con el criterio epidemiológico del Ministerio de Sanidad, 7.824 han tenido confirmación el día previo.

Los brotes activos actualmente en la provincia se elevan a 23, con 126 casos vinculados. En el conjunto de la Comunidad son 222 brotes y los casos positivos a ellos vinculados, 1.594.

Las nuevas altas hospitalarias son 95 en la Comunidad y las defunciones en ese ámbito asistencial castellano y leonés, seis más; de esta forma el número de pacientes dados de alta se actualiza en 35.170 y el de personas fallecidas, en 6.456.  

La Comunidad de Castilla y León se sitúa actualmente en situación de riesgo controlado ( Acuerdo 100/2021, de 16 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara la situación de riesgo controlado para todo el territorio de la Comunidad ), con las medidas, obligaciones y limitaciones que, para ese estadio, se recogen en el normativa vigente, entre ella el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y sus posteriores actualizaciones, cuyo texto consolidado vigente puede consultarse en este enlace: Texto consolidado del Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la pandemia por la COVID-19 .

La declaración de situación de riesgo controlado conlleva la eliminación de limitaciones de aforos y horarios, pero manteniendo las obligaciones generales de cautela y protección referidas al uso de la mascarilla y a la distancia de seguridad, además de la recomendación del lavado frecuente de manos; asimismo la obligación de colaborar en la información necesaria para la trazabilidad de contactos y en el cumplimiento de situaciones y prescripciones en aislamientos y cuarentenas; y continúa la prohibición de fumar en vía pública si no se puede asegurar la distancia de seguridad, así como totalmente en terrazas de hostelería.

Asimismo es necesaria la observancia responsable y solidaria de las limitaciones vigentes referidas a sectores y ámbitos sociales y de actividad concretos en cada momento, entre las que se encuentran las 'Medidas especiales de salud pública en el ámbito de los eventos deportivos multitudinarios para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León', en vigor a lo largo del presente mes de enero ( Acuerdo 155/2021, de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas especiales de salud pública en los eventos deportivos multitudinarios, para la contención de la COVID-19 en la Comunidad ).

Las autoridades sanitarias insisten en la relevancia, para superar la pandemia y sus consecuencias de toda índole, de las responsabilidades individual y colectiva de los ciudadanos, cumpliendo con las medidas preventivas referidas al uso obligatorio de la mascarilla, a la distancia interpersonal y a la higiene de manos, además de aquellas otras definidas en la normativa vigente.

Sólo a través de la corresponsabilidad, la solidaridad y la colaboración ciudadana y con el esfuerzo y el compromiso de los profesionales sanitarios y de todos los colectivos sociales y profesionales implicados, la pandemia por la COVID-19 podrá ser superada, siendo para ello fundamental cumplir las recomendaciones sociales y sanitarias de autoridades nacionales, autonómicas, provinciales y locales.