La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, aseguró hoy que la Junta tiene, “desde la responsabilidad”, que revisar las condiciones de las plazas concertadas que la Junta tiene en centros asistenciales e incrementar las prestaciones vinculadas a los usuarios para acceder a estos centros por los nuevos requisitos, aprobados por decreto, para luchar contra la pandemia del COVID-19. Una revisión que Blanco enmarcó en la petición de una mayor financiación a la Dependencia por parte del Gobierno central.

En la reunión de las comunidades autónomas con el secretario de Estado de Servicios Sociales, Castilla y León se sumó a esta petición de incrementar la financiación de la Dependencia porque “éste es el momento” de negociar y aprobar esta mejora,  tras el esfuerzo que las autonomías y las entidades locales han realizado para “solventar el problema”.

En caso de Castilla y León, con una financiación de 20 millones ahora y de diez millones destinados en febrero, así como a través del Acuerdo Marco, apoyando donde se necesitaba. “Es el momento de revisar esa financiación”, sentenció. Isabel Blanco argumentó en declaraciones recogidas por Ical que, tanto los centros públicos y privados, tiene que adquirir EPIS; reforzar el personal; tener una reserva de plazas para los protocolos de aislamiento en caso de positivos por COVID-19 o síntomas compatibles. 

Todos estos nuevos requisitos, aprobados por Decreto para evitar la propagación de la pandemia, incrementan el precio de las plazas concertadas, que tendrán que ser revisadas al igual que las prestaciones vinculadas para que los usuarios puedan ir a este centro. Una petición que se puso encima de la mesa en la reunión de trabajo con el Ministerio. Blanco señaló que igual que salió adelante del Ingreso Mínimo Vital ahora hay que revisar la financiación porque es “cuando las personas y los centros más lo necesitan”. 

La consejera de Familia puntualizó que la decisión, en el caso de los centros residenciales privados, repercutan estos costes en los usuarios o lo asuman ellos, es “una decisión de los centros”, ya que su propuesta se centra en las plazas concertadas por la Junta. 

Isabel Blanco señaló que, en materia de financiación, no hubo compromisos cerrados por parte del secretario de Estado, que “se remitió a los 16.000 millones”, ya aprobados por el Ministerio, que “tirásemos de ellos y del Ingreso Mínimo Vital”, en espera de lo que pueda pasar en una próxima convocatoria del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales. De momento, concretó, habrá una segunda reunión de trabajo con la Secretaría de Estado el 8 de septiembre.

La consejera de Familia de la Junta señaló que la reunión, a la que finalmente no asistió el vicepresidente Pablo Iglesias, se convocó para poner en común el protocolo de recomendaciones para el resto de Servicios Sociales pero, según Blanco, “no salió adelante” porque las comunidades se dieron un plazo para ver las condiciones, hacer una evaluación y redactarla.