Con la llegada del nuevo año los ciudadanos encaran la temida cuesta de enero resignados a asumir el aumento de las tarifas de productos y servicios básicos. También los contribuyentes de algunos núcleos de población deberán soportar el incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) aunque, en general, la mayoría de los ayuntamientos sorianos  ha optado por no incrementar la presión fiscal a sus vecinos. En concreto, un total de 14 municipios sorianos aplicarán un 3% de subida en el IBI tras la actualización de los valores catastrales.

Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 28 de diciembre de 2019 son: Almazul; Caracena; Carrascosa de Abajo; Covaleda; Espeja de San Marcelino; Fresno de Caracena; Fuentelmonge; Fuentelsaz de Soria; La Quiñonería; Recuerda; Reznos; Rollamienta, Torlengua; y Villanueva de Gormaz.

La variación en estos casos responde a la petición de actualización del valor catastral de inmuebles tramitada por los respectivos ayuntamientos. Y dependiendo del año en que se hubiera revisado por última vez el valor catastral, la modificación resulta al alza o a la baja. Así las cosas, para los municipios cuyos inmuebles urbanos mantuvieran ponencias de valores entre 1989 y 2003, el coeficiente de actualización que se ha fijado asciende al 1,03, equivalente a una subida del 3%. 

En esta situación están todos los sorianos que han revisado sus valores catastrales, teniendo en cuenta que en ocho municipios el año de entrada en vigor de la ponencia de valores fue 1990 y en los seis restantes, en el ejercicio de 1994. Por tanto, en ninguno se aplica una bajada del 3% al no darse el caso de que la entrada en vigor de la actualización fuera 2011, 2012 o 2013, para los cuales se fija un coeficiente del 0,97.

Por ejemplo, en la caso de Covaleda, tal y como recogen las estadísticas de la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda correspondientes a 2018, se emitieron 1.800 recibos y la cuota líquida ascendió a 194.309 euros, por lo que el importe del recibo medio se situó en 107,94%. Con la aplicación del 3% a mayores, el encarecimiento se traducirá en 3,23 euros más, es decir, 111,17 euros la factura media.

en la capital. Después de un paréntesis en 2019 en el que el IBI permaneció invariable en la capital soriana, tras sucesivos incrementos que han duplicado el recibo en la última década, en este 2020 también aplicará a este tributo una subida del 1,8% con el fin de ajustar el tipo impositivo a la inflación, mientras que el resto de impuestos y tasas quedará congelado, frente al IPC aplicado a doce ingresos el pasado año. De esta forma el tipo impositivo pasará del 0,55 al 0,56%. 

Así, si la suma media que desembolsaron los sorianos en los años 2018 y 2019 fue de 274,5 euros (cálculo obtenido de las estadísticas de la Dirección General del Catastro) en este 2020 tendrán que apoquinar 4,94 euros más, en total 279,44 euros. 

Con esta actualización, el Consistorio soriano recaudará alrededor de 235.000 euros más en este ejercicio (cuota líquida), tomando como referencia los 47.520 recibos emitidos de IBI urbano.

mantenimiento. El nuevo equipo de Gobierno de Almazán ha optado por no incrementar la carga impositiva a los vecinos durante esta legislatura y, por tanto, se mantienen las cuantías en las tasas e impuestos de la localidad. «A pesar del compromiso inversor en los presupuestos, se ha decidido no recaudar por la vía impositiva. El esfuerzo por mejorar el capítulo de ingresos se va a dirigir vía recaudación ejecutiva, es decir, en la recuperación de impagos o recibos pendientes de cobro que, por distintas razones, no se realizaron durante los últimos años en el Consistorio adnamantino y cuya estimación podría aumentar considerablemente la inversión», apuntan fuentes municipales. Por ello, se ha decidido no incrementar el índice aplicable del IBI ni repercutir el aumento en el tratamiento de residuos de la Diputación a los vecinos, aunque «supone un 20% más» de lo que se pagaba hasta el año pasado por este servicio.

En Almazán, el índice que se aplica  en el IBI es del 0,40% (mínimo legal)  del valor catastral de los bienes urbanos y del 0,75% de los bienes rústicos. Asimismo, la tasa mínima de 24 metros cúbicos de agua es de 6,50 euros al trimestre; 1,62 euros al trimestre (un 25% de la tasa del agua) se paga por alcantarillado); 11,05 euros por depuración cada tres meses; 84,40 euros al año por el servicio de basuras en viviendas (164,20 euros en industrias; 239,20 en cafeterías; y 447,60 euros en hoteles y restaurantes); el mínimo del impuesto de vehículos es de 16,39 euros al año (turismos de ocho caballos fiscales) y el máximo es de 145 (más de 20 caballos); y el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) supone el 2,5 de la base imponible (existen bonificaciones de hasta el 95%).

próxima revisión. El alcalde de El Burgo de Osma, Miguel Cobo, avanza que este año el Ayuntamiento va a solicitar un revisión catastral para ajustar el IBI, ya que apunta que existe un «problema» por no aplicarse el coeficiente del «0,85%» desde 2016, lo que se hubiera traducido en una «reducción importante». «Como no se hizo se aplica el que determina el Estado del 1%. Ahora tenemos que pedirlo, el Catastro tardará un año y después veremos cómo se puede hacer», resume el regidor.

Además, el alcalde recuerda que en el pleno de diciembre se dio luz verde a la adecuación de las tasas del impuesto de vehículos, que contempla bonificaciones para los nuevos híbridos y eléctricos, y también la actualización con el IPC de la tasa del agua, tal y como figura en el contrato con la concesionaria Aqualia.

modificación. La Diputación de Soria gestiona el cobro de 4 millones de euros de tributos y tasas municipales de 180 ayuntamientos. En concreto, la  institución gestiona el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de 2019 de todos los municipios de la provincia a excepción de Soria, Almazán y Ólvega; la tasa de agua, recogida de basura y servicio de alcantarillado de aquellos municipios que hayan delegado la recaudación a la Diputación y por los periodos que determinen; y la tasa de vados de Golmayo y San Leonardo.

En el pleno del pasado octubre, se aprobó la modificación de las ordenanzas reguladoras de tasas y normas de precios públicos de acuerdo al IPC (licencias de obras e instalaciones en zonas de dominio público; utilización privativa estas zonas; residencias; uso de maquinaria de la Diputación; y aguas). La variación de la ordenanza sobre la recogida, transporte y tratamiento de residuos quedó sobre la mesa.