El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ante el Congreso de los Diputados su compromiso de «derogar» la Ley de Seguridad Ciudadana (la LOPSC, Ley orgánica 4-215 de protección a la seguridad ciudadana), conocida por sus críticos como ‘ley mordaza’. Lo hizo el pasado 22 de diciembre durante su discurso para pedir la confianza de la Cámara para su investidura.
Este martes, Sánchez obtenía los apoyos necesarios y se hacía con la presidencia, de modo que comienza la cuenta atrás para derogar una norma que, en Soria, ha supuesto entre 2015 y 2018 un total de 1.352 sanciones. El Estado ha recaudado más de 618.000 euros en este periodo (tres años y unos meses) por las pertinentes multas, según los datos del Ministerio de Interior.
Pero derogar una ley orgánica como esta exige del apoyo de la mayoría de la Cámara, por lo que de nuevo tiene que empezar a hacer cuentas y sumar apoyos si quiere sacar adelante su promesa. En 2016 la mayoría del Congreso ya apoyó la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y, aunque el PP mantuvo su apoyo a la ley, se mostró abierto a negociar algunas modificaciones. No obstante, ahora la representación parlamentaria ha cambiado, por lo que deberá empezar a hacer cuentas si quiere sacar adelante una nueva normativa. Pero, ¿por qué es tan polémica esta ley y qué ha supuesto en Soria su aplicación desde su aprobación en el año 2015?
1.352 sanciones desde 2015. Al amparo de esta ley, la irrupción en actos como mítines, espectáculos deportivos o religiosos puede ser penada con entre 601 y 30.000 euros. El que se niegue a ser identificado por la policía podrá ser castigado con una multa del mismo importe. Quien impida un desalojo (una resolución administrativa o judicial) estará penado con multas de entre 601 y 30.000 euros. Se considera falta muy grave (de 30.001 a 600.000 euros) proyectar haces de luz sobre pilotos o conductores de transporte público. Beber en cualquier vía pública, hacer botellón, podrá ser castigado con hasta 600 euros. Fumar un cigarro de marihuana en locales o en transporte público será perseguido con multas desde los 601 hasta los 30.000 euros. También cultivarla. En total, la norma recoge hasta 44 conductas sancionables con multas que van desde los 100 hasta los 600.0000 euros y, según las voces críticas, puede limitar el ejercicio de la libertad de expresión y reunión pacífica, así como derechos constitucionales.
Según datos del Ministerio del Interior, el efecto de la norma en Soria se traduce en 1.352 sanciones impuestas desde su entrada en vigor en 2015 hasta 2018. Faltan por contabilizar los datos de 2018 de la LOPSC, que aún no ha hecho públicos el Gobierno.
Los asuntos relacionados con drogas acaparan la mayoría de las sanciones, seguidos de las faltas de respeto o resistencia a la autoridad. No obstante, cabe apuntar también, el cambio de normativa en 2015 no ha supuesto un aumento de sanciones reseñable en Soria respecto de la anterior normativa que había vigente desde 1992.
En concreto, de las 1.352 sanciones impuestas en Soria entre 2015 y 2018, un total de 821 (más del 60%) responde al incumplimiento del artículo 36.16, relativo al «consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como al abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares». Las multas por este motivo, considerado infracción grave, suman una recaudación en Soria de 410.983 euros (el 66,4% del total de la cuantía ingresada por el Estado en la provincia por infracciones a la LOPSC.
El segundo motivo infractor en Soria son «las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas sean constitutivas de infracción penal). Suman 208 sanciones (27.440 euros).