El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha reiterado a la ciudadanía soriana la petición de que “extreme las precauciones para evitar el contagio de la covid-19. Aunque cabe destacar el espíritu de colaboración de la inmensa mayoría, hay comportamientos que nos siguen poniendo en peligro a todos”.

Así, en las últimas semanas han aumentado las denuncias de la Guardia Civil y de la Policía Nacional a personas que no hacían uso de la mascarilla, algo que es obligatorio y cuyo incumplimiento está sancionado por la Autoridad Sanitaria, la Junta de Castilla y León, con una multa de 100 euros.

Desde que decayó el estado de alarma, el 21 de junio, han sido denunciadas en Soria 33 personas, de las cuales 20 vieron cómo se incoaba este expediente en las dos últimas semanas. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado remiten esta denuncia al órgano competente de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León para su tramitación y resolución.

Latorre ha agradecido también a las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto Policía Nacional como Guardia Civil y policías locales, su profesionalidad, dedicación y eficacia a la hora de preservar la seguridad y salud de todos con una vigilancia “que no sólo es coercitiva sino que tiene en muchos casos una buena dosis de pedagogía”.

De las 33 denuncias interpuestas por no usar la mascarilla 21 corresponden a la Guardia Civil en el territorio rural y 12, a la Policía Nacional en la capital.

Durante el estado de alarma, entre el 14 de marzo y el 21 de junio, se incoaron 2.100 denuncias, de las cuales 1.300 correspondieron a la Guardia Civil, 400 a la Policía Nacional y el resto, a las policías locales, sobre todo, a la de Soria que formuló más de 300 denuncias. Además, hubo 26 detenidos, de los cuales veinte lo fueron por el Cuerpo Nacional de Policía; cinco, por la Guardia Civil, y uno, por la Policía Local de Soria.

De estas denuncias, que se tramitan en la Subdelegación del Gobierno como infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, se han notificado ya más de la mitad a los presuntos infractores. Se ha pagado una tercera parte de las notificadas que se han acogido al 50 por ciento de descuento y se han presentado alegaciones a unos 200 expedientes.