En la Guardia Civil de Soria, dentro de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, se encuentran los Equipos EMUME, Equipo de Mujer-Menor. En Soria, tres personas (dos mujeres y un hombre) integran esta unidad especializada que se encarga de «la supervisión y control de todos los casos de violencia de género que se denuncian en las Unidades Territoriales», unas 30 denuncias al año, concreta el capitán jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria, Isaías Galache Herran, quien especifica que, en el medio rural soriano, la cifra de denuncias por violencia de género «se mantiene de manera estable» en los últimos años. «Soria es pequeña y la población es estable», de modo que «no hay éxodo en la población que pueda generar nuevos casos o un aumento de los mismos», justifica.
La pandemia no ha supuesto un cambio significativo, aunque Galache reconoce que se anotó «un leve aumento de los casos de violencia de género, pero muy leve», que ya se ha estabilizado. Las restricciones, asegura, «no supusieron a nivel policial un impedimento a la hora de atender a las víctimas y el procedimiento con ellas fue el mismo que en un año normal», garantiza.
cómo se actúa. Cuando una mujer acude a pedir ayuda a la Guardia Civil, «en primer lugar, hay que escuchar a la víctima y tranquilizarla, ya que en muchas ocasiones llega en estado de shock, nerviosa y sin saber muy bien qué contar o cómo contarlo». Posteriormente, se trata de «recabar toda la información posible respecto al caso, antecedentes o episodios anteriores, datos familiares sobre si tienen hijos en común, si la víctima teme por su vida, si solicita orden de protección o no, etc», especifica el responsable de la unidad en Soria. Del mismo modo, se «informa y facilita a la víctima cualquier servicio que solicite o necesite, como por ejemplo asistencia psicológica, asistencia letrada o asistencia médica en caso de agresión», explica el capitán jefe sobre el proceder de los agentes ante una denuncia.
Pero pedir ayuda no siempre es fácil. «En muchos casos es necesaria la colaboración del entorno familiar y social de la víctima», apunta Galache, quien concreta que este respaldo se puede hacer «bien directamente con ella, para animarla a denunciar en los casos en los que esta no desea hacerlo (en la mayoría de los casos por miedo o para no perjudicar a su entorno familiar)», o «bien para que, a través de dicho entorno, llegue a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el conocimiento del caso y poder actuar en consecuencia».
En este sentido, desde la Guardia Civil son conscientes de que, a veces, las mujeres víctimas de violencia de género tienen miedo, no quieren meter en prisión al padre de sus hijos, están asustadas… y eso hace que, cuando acuden a su casa los agentes tras la llamada del entorno, incluso nieguen ser víctima de su maltratador. «En los casos en los que la víctima niega los hechos o bien su deseo de denunciar, se actúa conforme a dos directrices. Una, si se aprecia un delito flagrante y la víctima tiene lesiones evidentes, se procedería a la detención del presunto autor e inicio del protocolo establecido. Otra, en caso de que no haya síntomas evidentes y que sean valorados por los agentes, se instruyen unas diligencias para puesta en conocimiento de la autoridad judicial del episodio ocurrido», especifica el capital de la Guardia Civil, quien insiste así en que siempre se actúa.
riesgo. Una vez que se ha registrado la denuncia, es necesario proteger adecuadamente a las víctimas y, para ello, es necesario hacer una buena valoración del riesgo que sufre esa mujer. «El nivel del riesgo se marca en base a unos parámetros e indicadores establecidos en el protocolo. Básicamente son una serie de preguntas que se realiza a la víctima, obteniendo en función de sus respuestas y de la situación del autor un nivel de riesgo u otro. Una vez que las causas y/o condiciones del entorno de víctima y autor se establecen, dicho nivel de riesgo puede ser modificado, normalmente a la baja, y con ello establecer unas medidas de protección adecuadas a la víctima», apunta .
Soria es de las provincias de España donde, proporcionalmente, más órdenes de protección aceptan los jueces. En el medio rural soriano «nos movemos en torno a 38-40 órdenes de protección activas actualmente», concreta. «Normalmente la orden de protección acordada por la autoridad judicial consiste en una prohibición de acercamiento a una determinada distancia por parte del autor hacia la víctima y/o su entorno familiar», añade. La protección a la víctima es prioritaria pero, también, a los menores, que siguen siendo las víctimas invisible de esta lacra: «Al igual que con la víctima, las medidas de protección con ella se extienden a su entorno familiar. Más que a nivel policial a nivel judicial, se determinaran dichas medidas, así como si el entorno familiar en el que se encuentra el menor es el adecuado o se deben de tomar otro tipo de medidas. Pero siempre en primer lugar y la primera actuación, en el momento en el que se produce el hecho, debe ser el aseguramiento de la víctima y sus hijos en caso de tenerlos», recalca.
«No hay un perfil predeterminado» de la violencia de género en los pueblos de Soria. «Hay víctimas y/o autores nacionales y de otras nacionalidades. Tampoco hay una edad concreta ni una determinada posición social», asegura. Y, en contra de lo que ocurre en la capital, en el medio rural no se aprecia un incremento en los jóvenes de reproducción de estos viejos patrones discriminatorios. «Entre los adolescentes predominan otro tipo de tipologías delictivas, pero no la violencia de género, al menos en Soria provincia», asegura el capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria. Tampoco se aprecia en Soria rural que el porcentaje de víctimas y agresores extranjeros sea mayor (como ocurre a nivel nacional). «El número de víctimas españolas y/o extranjeras es más o menos estable, en términos proporcionales. No hay disparidad de casos que inclinen esos porcentajes hacia un lado u otro».
denunciar en los pueblos. Desde las entidades que trabajan con las mujeres víctimas de violencia de género se viene alertando desde hace tiempo que es más difícil denunciar en el medio rural, porque los entornos son más cerrados, por el miedo a que la juzguen en el pueblo, porque en muchas ocasiones no ven salida (ya que dependen económicamente de su agresor), porque temen no ser creídas y ser rechazadas en un entorno tan pequeño… «Sí es cierto que, cuantos menos recursos posee una víctima, más cuesta arriba se le hace dar el paso a denunciar», admite Galache.
No es fácil salir del agujero pero casos televisivos como los de Rocío Carrasco, Juana Rivas... tienen su efecto positivo en las víctimas, y el capitán de la Guardia Civil de Soria reconoce que, «ante un caso mediático, televisivamente hablando, algunas víctimas pueden reunir la valentía o la fuerza necesaria para dar el paso de denunciar». No obstante, apunta, «en Soria no se ha detectado un porcentaje o aumento significativo directamente relacionado con este tipo de casos mediáticos».
Sabemos que la única vacuna es la educación, pero algo falla porque los datos no bajan. Por ello, Galache invita a seguir trabajando en «la concienciación desde la infancia», en la «necesidad de inculcar el respeto hacia la mujer». También, «firmeza judicial frente a los agresores».