Términos como ‘emisario’, ‘colector’, ‘expropiaciones’ están instalados a fuego en el imaginario colectivo de agravios y de excusas para las infraestructuras en Soria y provincia. A estas alturas de la película ya habrá caído en la cuenta el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, de que no es conveniente poner plazos que no se puedan cumplir aunque a uno le traicionen las ganas y venga a confundir realidad con deseo -recientemente declaraba a una agencia de noticias que el traslado de presos al nuevo centro penitenciario llegaría en otoño y, por lo visto, tras esa ilusionante afirmación lo que quería decir es que “se estudiará”, afirmación vacua que viene a sustentar una posibilidad y su contraria, y por estos dominios, perdón por la tristeza, es bien conocido de que lado cae la moneda en un ejercicio de procrastinación institucional que afecta a Soria en beneficio de otros territorios que han visto abrir, por ejemplo, la de Archidona, inaugurada con cuatro años de retraso.
Sirva el circunloquio previo para dar la bienvenida, cuando sea, a una de las instalaciones más esperadas de los últimos tiempos en Soria, un centro comprometido hace más de una década pero que por distintos avatares ha dormido el sueño de los justos. Incluso, ante la caída del número de presos, tal como les adelantó El Día de Soria en los últimos estertores del Gobierno de Rajoy y en plena crisis de refugiados se pensó en dar a la dotación otro uso más allá de centro penitenciario. Tal como les contamos hoy, el nuevo penal, está casi equipado, pero sigue costando al día en materia de seguridad, mantenimiento y varios, sin poner el cartel de ‘open’ o ‘se admiten reservas’, 2.500 euros al día. Sin hacer una tuerca. Hoy arrojamos más luz acerca de una instalación sobre la que pesan numerosas prórrogas y promesas incumplidas. La última la del ministro de Interior, por entonces en funciones, Fernando Grande-Marlaska que en mayo del pasado año en una visita electoral, y al calor del inminente paso por las urnas que enciende las pasiones, a Soria volvió a comprometer que a finales de 2019 o principios de 2020 entraría en servicio el centro penitenciario Soria II. Hasta hoy. Casi provoca el mismo sonrojo que cuando Íñigo de la Serna, exministro de Fomento ‘popular’ afirmó en 2016 tras recibir a el expresidente Herrera que todos los tramos de la A-11 estarían concluidos en 2019. Ver para creer.
Volviendo al centro penitenciario, en 2019, la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) invirtió más de seis millones de euros en equipar la nueva cárcel de Soria, que cuenta con equipamiento deportivo (gimnasio), cocinas, lavanderías y oficinas. Unas instalaciones dignas, adecuadas a los tiempos que ya se encargarán de criticar aquellos que quisieran ver a los reos en salas de torturas más que en espacios donde se trabaja en la reinserción y donde el castigo es la privación de libertad. Mucho ha llovido desde que se puso la primera piedra: el Ejecutivo ha invertido 100 millones de euros en esta prisión cuyas obras comenzaron en 2010, actuación contemplada en el PAES, esos planes específicos que hablan de la inferioridad numérica poblacional de Soria y que tan bien quedan sobre el papel pero poca repercusión están teniendo en términos repobladores. A pesar de los retrasos del futuro penal, tras años varada en el paisaje de las Casas, hay que felicitar los trámites y el empuje en los últimos tiempos de los Antón, Martínez… así como los de Virginia Barcones que, para bien de Soria, supo aprovechar y sacar jugo a su estadía al frente de la Delegación de Gobierno.
Esta costumbre de no llegar a las citas con el calendario se hace extensiva a otros proyectos como el Centro de Referencia Estatal, donde se trabaja a puerta cerrada aún no se sabe para qué y con otros proyectos que no dependen en exclusva del Estado y que ya hemos glosado en varias ocasiones. Sin embargo, en el caso del centro penitenciario, como en el de la Autovía del Duero, la gravedad de los retrasos es mayor no solo temporal sino por su repercusión en términos de seguridad. Cuando hablamos del futuro centro penitenciario ponemos en foco, el bolsillo parece ser lo primero, en su repercusión en términos económicos y sobre el empleo. Así, como analizamos hoy, del futuro centro penitenciario se pone el foco principalmente en los costes pero también en su repercusión sobre la economía y de creación de empleo. No hay que pasar por alto el valor de las cifras que convertirán a la cárcel en la principal ‘fábrica’ de Soria con 500 puestos de trabajo directos, 200 indirectos, dinero en la ciudad y pueblos de alfoz en alquileres de funcionarios que vengan de fuera, proveedores locales que se beneficiarán de forma indirecta, depende de los módulos que se vayan abriendo dado que, en principio, su apertura será parcial. Pero olvidamos en todo este proceso que estamos ante una institución que cumple una incontestable labor social y que contribuye a la seguridad del entorno tal como lo conocemos. Que tiene carácter punitivo pero también ofrece, o debería, a los reos oportunidades de reinserción y de empezar una segunda vida. Aquí hemos destacado en alguna ocasión, no somos sospechosos, el buen trabajo que se realiza de puertas para dentro creando espacios de entretenimiento, ocio y formación para aquellos que viven intramuros privados de libertad. 
El trabajo mencionado que se hace en ese sentido es ejemplar con la Dirección del penal al frente. Por ello sorprende que un espacio que precisa de máxima seguridad y cuidado (no exento de riesgos ya que no todo el monte es orégano ni es mi intención santificar a los que se hallan entre rejas), no cuente con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad. Esta misma semana nos hemos sobresaltado con el fallecimiento en condiciones cuando menos extrañas de tres presos del penal de Segovia. Nos acordaremos de Santa Bárbara cuando suene pero no será porque los diferentes sindicatos vienen avisando de la situación del actual centro penitenciario soriano con un déficit importante de personal de prisiones y las instalaciones de aquellas maneras (alguno de ustedes recordará las imágenes que publicamos tras un desprendimiento del techo de uno de los baños. Los sindicatos insisten en las vacantes existentes que superan la veintena para una plantilla que alcanza los 150 trabajadores con una media de edad de 57 años (nada jovencitos para determinadas labores). Por contra, en torno a 170 presos que también merecen una buena atención. No sobran médicos y detallan los sindicatos que la carestía de personal en cocina obliga a los internos a echar una mano en cocina. El trabajo en galerías se complica con funcionarios que tienen que cubrir varios puestos o doblar turnos. Problemas comunes, según advierte Latorre, «a todo el sistema penitenciario del país» donde faltan 3.500 empleados. Que la situación de la cárcel de Soria se vea incluida dentro de esa vorágine general no eclipsa la necesidad de abrir puertas a un centro del siglo XXI que garantice la seguridad y dignidad a internos y personal funcionario. Diez años de travesía en el desierto, ahora con retraso todo parece indicar que ha comenzado la cuenta atrás para un centro que sigue cerrado a cal y canto.