Los adjudicatarios de viviendas de protección oficial (VPO) deben vivir con carácter «habitual y permanente» en la misma. Es una de sus obligaciones por optar a este tipo de viviendas de precio limitado. Por no hacerlo, el alcalde de Abejar, Miguel Ángel Navas (PSOE), ha tenido que pagar a la Junta una sanción de 9.060 euros (eran 15.001 pero se ha reducido por pronto pago). 

El caso del regidor ha sido el más ‘sonado’ por su relevancia política, pero no el único. Hay más, aunque «realmente se abren muy pocos expedientes sancionadores», reconoce el jefe del Servicio Territorial de Fomento, Jesús Puerta. De hecho, en la última década, la Junta apenas ha tramitado cinco expedientes relacionados con VPO en la provincia. 

El caso de Abejar es el único abierto por «no vivir» en la vivienda asignada. El resto son por «no vivir y ponerla en arrandamiento» (un caso en Almazán), por «tener la vivienda alquilada el heredero» (en Soria y en Almazán) y por«realización de obras no permitidas y sin solicitar la autorización» (en Soria). Todas estas causas son infracciones graves o muy graves a la ley regional de derecho a la vivienda y acarrean sanciones que pueden llegar a los 30.000 euros.  

más casos de los sancionados. Desde Fomento reconocen que son «muy pocos» los expedientes abiertos en Soria y admiten que no es por falta de casos, sino por ausencia de un servicio de «polícía» que permita sacarlos a la luz. «Estoy convencido de que hay más viviendas VPO que están irregularmente pero, salvo que alguien denuncie o, al hacer algún trámite, nosotros veamos que hay algo irregular, es imposible saberlo», asume Puerta, quien insiste en que desde el servicio no se realizan labores de policía y control y, por tanto, es imposible saber si están ocupadas o no, y por quien. De hecho, de los cinco casos, tres han sido por denuncia  previa de vecinos y dos porque el arrendatario solicitó ayudas de alquiler y, al tramitarlas, se observó que era una VPOy no se podía alquilar.