En su Venezuela natal les llaman «escuálidos». Porque son opositores del régimen de Nicolás Maduro. O, mejor dicho, porque «el Gobierno de Maduro piensa que no pensamos como él, y allá no se puede pensar diferente». Por ello fueron amenazados, acosados, golpeados, incluso secuestrados.  Y tuvieron que huir de su tierra natal. 

Su país se ha convertido en una especie de cementerio en vida donde no hay comida, ni trabajo, ni medicinas... un lugar donde además la vida no vale nada y «los derechos humanos son ultrajados a diario». Por lo que la huida era la única salida.  

Atrás quedaron sus casas, sus bienes, sus familias... sus vidas. Y ahora, a más de 7.000 kilómetros, observan con «fe y esperanza» la pretendida transición a la democracia liderada por Juan Guaidó (tras proclamarse presidente de la Asamblea Nacional). 

Saben que el retorno «no será fácil» ni rápido por lo que, mientras llega ese momento, buscan en Soria una nueva opción para vivir -o, mejor dicho, para sobrevivir- en esta tierra «fría» a la que ansían poder devolver, con trabajo, la ayuda prestada. «Queremos sumar, no restar. No queremos vivir de las ayudas. Queremos ganarlo con nuestro trabajo y poder ayudar. Aportar -con lo que nosotros sabemos- al país que nos acoge». 

El mensaje lo repiten los miembros de tres familias venezolanas que viven en Soria. Llegaron a España buscando asilo, buscando una protección internacional que el Gobierno español les ha denegado, como «al 90% de los venezolanos que lo solicitan». Pero esa, la de las largas y duras tramitaciones, es otra batalla... 

«nos secuestraron...» Jackeline Vargas [en la imagen, en el centro, con su hija] llegó a España con su esposo y su hija mayor -«la pequeña venía en la barriga»- en noviembre de 2017 tras sufrir «persecución política». «Nos acosaban, amenazaban, estuvimos incluso secuestrados…», recuerda. Llegaron a Madrid y durante cuatro meses esperaron la cita para tramitar su asilo. En marzo solicitaron la ayuda de refugio y les remitieron hasta Soria, donde permanecen. 

Luis Oliva y su mujer, Mariela Medina, llegaron con sus tres hijos a España hace año y medio [en la imagen, la familia de la derecha]. Luis trabajaba en una empresa petrolera del Estado. «Las decisiones que tomaban en la directiva de la empresa afectaban a mi integridad y a mi ética profesional hasta un término que ya comenzaron las amenazas. Si no hacía en el trabajo lo que ellos dictaminaban, estaba en contra del Gobierno, me tildaban de opositor, escuálido, y así comenzaron los problemas», rememora. Tuvo que sacar a sus hijos de los colegios de la empresa porque les estaban «adoctrinando», y el cerco comenzó a estrecharse. «Comenzaron con amenazas telefónicas a mi familia, primero en la empresa y luego a mi casa, a los celulares, y luego vinieron las persecuciones, hasta que llegó un momento que vinieron a mi casa una serie de grupos armados, llamados allí los colectivos, una delincuencia armada por el Gobierno que se encarga de asesinar a las personas que salen a protestar a las calles». Acorralado por el miedo, Mariela y él tomaron la decisión de «tomar rumbo España». «Por el futuro de mis hijos», justifica el matrimonio. 

La familia de Yaritza Rojas [a la izquierda junto a su hija -de pie- y su sobrino] llegó hace dos años y cuatro meses. Primero, el esposo y la hija. Un poco después, ella, una vez terminó «unos trámites legales». Y hace un año llegaba su sobrino, Miguel José, perseguido por pertenecer al partido Acción Democrática. 

«Yo tenía un negocio y mi esposo trabajaba en una compañía. Te obligan a participar en las marchas, a firmar en cualquier cosa que el Gobierno promueva y, si tú te niegas, automáticamente te ponen en una lista negra. Te votan del empleo, no te renuevan los permisos para tu negocio (yo tenía un locutorio), te empiezan a llamar apátrido, escuálido, te amenazan, no puedes solicitar ningún tipo de documento, no puedes comprar, ni vender…  No te dan lo que por derecho te pertenece», implora Yaritza.

Denuncia que las ‘manos’ aliadas de Maduro «copan todo». Los poderes, la justicia, las empresas, el ejército... incluso los consulados, recrimina. «Es difícil renovar el pasaporte incluso en la Embajada Venezolana, sacar una partida de nacimiento de tu hijo, incluso la cédula (documento de identificación). No te dejan renovar y te obligan a ir para allá, pero ¿quién va a ir?», cuestiona. 

sin medicamentos. Apoya su discurso en algunos pensamientos del político venezolano Simón Bolívar. «La mejor política es la honradez», cita. Sin embargo, «el Gobierno de mi país nos ha demostrado a cada uno de los venezolanos que hemos tenido que salir que no existe la honradez, lo que existe es una corrupción total», reprocha. «El honor es la mejor guía del laberinto de la revolución», cita de nuevo. Pero, «en nuestro país no hay ni honradez ni  hay honor», añade. Porque, «cuando tú estás cumpliendo tus deberes (yo pagaba mis impuestos, luz, agua, tenía mi documentación reglamentaria…) y el Gobierno viola tus derechos, entonces, ¿cómo se llama eso? Dictadura», se contesta Rojas. «En Venezuela vivimos en una dictadura desde hace mucho, solo que ahora es insostenible», añade Mariela. «Una dictadura donde el Gobierno controla todo y miente»,  recalca Rojas. Y alude a los engaños que hay en cuestiones básicas como la sanidad o la alimentación, llegando incluso a impedir la entrada de ayuda humanitaria «a pesar de que la gente está muriendo». 

«Dice que hay medicinas pero mi hermana murió hace un año con una enfermedad tropical y solo duró dos días y medio en el hospital porque no había médicos. Ha muerto mi hermana, vecinos, amigos, primos… El Gobierno dice que hay medicina y que no hay crisis humanitaria, pero nosotros palpamos la realidad», denuncia. 

«el pueblo pasa hambre». Y lo mismo pasa con la alimentación. «Quitan la comida y hacen al pueblo  pasar hambre, para que el mismo Gobierno dote al pueblo de lo poco que pueda tener», explica Mariela sobre el desabastecimiento que existe y cómo este es utilizado para controlar a la población. «El salario allí es de seis euros al mes. Con eso compras un kilo de carne y un kilo de queso», puntualiza su esposo, que recuerda que la mayoría de las empresas de alimentación han sido expropiadas por el Gobierno y, el resto, se han visto obligadas a cerrar o irse del país, de modo que no hay producción y, la poca que queda, es excesivamente cara.

Miguel José apunta a un dato más para denunciar el control que el poder ejerce sobre el pueblo:«El Gobierno tiene allí un sistema que se llama el CLAP [Comité Local de Abastecimiento y Producción]. Es una bolsita de comida que da a la población. Ellos dicen que llega cada 15 días, pero donde estamos nosotros llega cada seis meses». «Es una cantidad mínima que no alcanza ni para una semana y que cuesta mucho dinero», añade Jackeline. «El pueblo está pasando hambre, muchísima», coinciden todos. 

«el gobierno controla todo». Sin alimentos, sin sanidad, sin trabajo... la libertad de la población queda aprisionada. El móvil de Rojas atesora dos vídeos donde queda en evidencia cómo se manipula al pueblo para que firmen el «acta de reconocimiento del presidente [Maduro]». «El beneficiario que no quiera firmar, no la firma, pero no se le garantiza la bolsa [el CLAP] para el despacho siguiente», se escucha textualmente a una voz que habla en nombre del Gobierno. El otro vídeo es un alto mando dirigiéndose al ejército: «Deben presentarse a las dos de la tarde en el comando central para firmar el cuaderno en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro y en respaldo de nuestro país. El que diga que ya firmó, igualito tiene que presentarse en el comando para que me firme un acta donde diga que ya firmó. El que no se presente, automáticamente le voy a colocar que es de la oposición y lo voy a poner a la orden de Caracas», se puede escuchar. «Lo pongo a la orden de Caracas significa votado y preso. Y las cárceles allá no son como aquí», advierte Miguel José, quien conoce de cerca cómo actúan las fuerzas del orden. Su participación en el partido Acción Democrática y en las manifestaciones le costó tener que huir. A su salida, fue revisado, esposado, mandado analizar por si era mula [transportaba droga] e, incluso, le robaron. 

información, también copada. No son comunes los vídeos como  los que nos muestran. Las pruebas de la «situación real» que se vive en Venezuela son «escasísimas». Porque, recuerdan, hace ya años que allí se impuso «la ley mordaza», «se denegaron los permisos a medios históricos que no estaban del lado del Gobierno» y «se controla toda la información» que se ofrece a los venezolanos. «Nuestras familias incluso nos preguntan qué se está informando aquí, ya que allí no se  informa de nada», apuntan. De hecho, denuncian, cuando se está retransmitiendo por redes alguna manifestación en directo, algún acto de la oposición, «tiran los servidores o cortan la señal de todo el país». 

«Acabó con la alimentación en todos los mercados principales de la nación para que sean ellos quienes controlan la alimentación. Acabó con los medicamentos para que sean ellos quienes den los medicamentos. Expropió todas las empresas. Entonces, las personas viven con ese miedo. Si tú no estás con ellos, no te dan lo poco que te pueden dar de comida y tampoco puedes acceder a las medicinas. Si no estás con ellos, no te pagan la pensión», resume Oliva.  De hecho, recuerda Vargas, «hace dos años sacaron un carnet, como aquí el ciudadano, el carnet de la patria. Sin él, el pensionado no cobra». 

«Allí ninguno de los poderes es autónomo. Tampoco el poder electoral», añade Mariela. «El derecho a voto es un derecho secreto en cualquier democracia del mundo, pero en Venezuela hasta eso se ha perdido», apunta Luis. Mariela recuerda la conocida como lista tascón [una publicación en Internet de las firmas recolectadas entre y 2004 para la destitución del presidente Hugo Chávez mediante un referéndum revocatorio, que culminó en contra de los firmantes]. 

intervención internacional. Ante esta situación, ni siquiera los últimos movimientos políticos con Guaidó al frente de la Asamblea Nacional y el respaldo de la comunidad europea les ofrecen ninguna confianza de que las cosas van a cambiar. «Para que puede haber una situación legal, se tiene que intervenir desde fuera», considera Mariela, instando a actuar a la comunidad internacional.  No creen que habrá golpe de Estado porque «el ejército está con ellos», ni tampoco revolución civil porque «ya han matado a gente» y «el pueblo no puede combatir con piedras y banderas frente a las armas». Así que, insisten, solo queda «tener confianza» para que el mundo no de la espalda. 

La conversación termina con otra cita a Bolívar: «La primera de todas las fuerzas es la opinión pública». Yaritza, apunta, «hay un pueblo que está clamando justicia, alimentación, seguridad…» El resto de su nueva familia soriana se encarga de completar la lista:«...salud, empleo, poder pensar diferente, ser libres». Porque en Venezuela la libertad de pensamiento se paga caro. Y la guerra se libra cada día, aunque no suenen las bombas.