La Justicia decidirá si impide de forma cautelar la práctica de esquí en la vertiente segoviana de la estación de Navacerrada tras caducar la concesión del terreno, propiedad de Parques Nacionales, y si la Junta de Castilla y León ha incurrido en dejación de funciones al no hacer cumplir la orden de desmantelamiento de la infraestructura deportiva.

El organismo autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), interpuso ayer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, días antes del fin de semana en el que la estación pensaba retomar su actividad con el inicio de temporada, según informa Efe.

Todo comenzó cuando el pasado marzo Parques Nacionales anunció que no renovaría la concesión otorgada en 1996 para la explotación deportiva de las 7,7 hectáreas que forman parte del Monte Pinar de Valsaín, actualmente ocupadas por las pistas de esquí.

En aquel momento, Parques Nacionales solicitó a la Junta que declarase la caducidad de la concesión porque, aunque el organismo del Miteco es el titular del terreno y a quien corresponde tomar la decisión, entendía que el Ejecutivo autonómico era el que debía declarar la caducidad y vigilar su desmantelamiento. A ello respondió la Junta el pasado 14 de octubre, declarándose «no competente» para ello.

Por su parte, la empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí solicitó una prórroga del cómputo de tiempo de la concesión alegando que, por culpa de la crisis sanitaria, no habían podido realizar su actividad en el último año.

A la espera de que se resolviera la petición y ante la falta de una orden «oficial y clara» de que debían desmantelar las instalaciones, la estación anunció que retomaría su actividad a inicios de diciembre.

Sin embargo, el presidente de la Junta, Fernández Mañueco, tras reunirse con la presidenta madrileña, reactivó la polémica el lunes al señalar que «no hay razones ni políticas ni jurídicas» para declarar el cierre de las pistas.

Ante estas palabras, el Miteco anunció un recurso contencioso-administrativo contra la Junta por dejación de funciones al no atender su requerimiento y en él, la Abogacía del Estado solicita medidas cautelares que impidan el esquí y el uso de las instalaciones.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó que la decisión de la Junta de no cerrar las pistas segovianas «incumple de manera muy clara los límites» de la administración. Ribera lamentó que «desgraciadamente» hayan tenido que «judicializar» este asunto.

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, también acusó a Mañueco de «invitar a vulnerar los derechos del propietario del monte, el procedimiento administrativo y el Estado de Derecho para favorecer el interés privado sobre el general» ante sus afirmaciones de que no había inconveniente en que la concesionaria siguiera con su actividad.

No lo ve igual la Junta, cuyo vicepresidente, Francisco Igea, señaló que la Comunidad ejerce sus competencias y estarán a «lo que diga la Justicia», a la vez que el propio Fernández Mañueco, pidió ayer mismo a Sánchez que «no ponga trabas» para que siga abierta.