La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró que la Junta reforzará las medidas de seguridad para acabar con la existencia de pozos ilegales en la Comunidad que, además, generan problemas de «inseguridad» para las personas.

Del Olmo respondió a una pregunta planteada ante el pleno por el procurador de Ciudadanos José Ignacio Delgado, quien se interesó por esta situación después del siniestro ocurrido en Totalán (Málaga) que se saldó con la muerte de un niño de dos años.

De este modo, Delgado insistió en la importancia de que se aplique la legislación vigente en este tipo de instalaciones y puso como ejemplo la situación de la mina de San Martín de Herreros en Cervera de Pisuerga (Palencia), una instalación en estado de abandono y sobre la que advirtió su «peligro» tras provocar la muerte de caballos y vacas.

Delgado avanzó que su grupo parlamentario defenderá una proposición no de ley para impulsar «protocolos específicos de seguridad y supervisión sobre los pozos abandonados o ilegales de la Comunidad». «Estamos aquí para intentar arreglar los problemas de los ciudadanos», señaló Delgado, quien cifró en 72.040 los pozos legales dependientes de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), a lo que se suman otros 29.000 de la Confederación del Tajo en la Comunidad.

Asimismo, recordó que se registran además 505 expedientes sin resolver. «No somos ágiles, tenemos que dar soluciones, simplemente intentar que la Junta sea ágil en la rúbrica de distintos convenios para solucionar de una vez por todas este problema», concluyó.

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda garantizó que la Junta está «intentando» cumplir la normativa en el ámbito de sus competencias con medidas de seguridad sobre las personas y aseguró que la administración minera aplica el régimen sancionador existente en el caso de que haya obras, sondeos o fondos sin permisos.

«Comparto que hay que reforzar las medidas de seguridad y acabar con esos problemas», aclaró Del Olmo, quien detalló que hay varios tipos de pozos, como los destinados a labores de agua o cuando se tratan de técnicas mineras, que dependen de los organismos de cuenca o de las empresas concesionarias. 

  No obstante, defendió la necesidad de controlar las minas abandonadas, sobre las que actúa la Junta para garantizar la seguridad y rehabilitarlas, una labor en la que se ha invertido unos 100 millones en los últimos años, según informa E. Press.

«Hay que seguir reforzando estas instalaciones con medios propios y con las Fuerzas de Seguridad del Estado», finalizó Del Olmo.