COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Camino al 155

La aprobación por el Parlament catalán de una serie de resoluciones tras el debate de política general que ponen en tela de juicio que España sea un país democrático, que avalan la desobediencia civil e institucional, que pide que sea esta institución quien lidere la respuesta a la previsible sentencia condenatoria de los acusados por el procés y que se retire la Guardia Civil de Cataluña son, una vez más, no solo una provocación de los partidos independentistas JxCAT, ERC y la CUP, sino un desafío a las instituciones españolas que se ocupan de mantener la legalidad en todos sus aspectos, y como tal una forma radical de hacer oposiciones a que el Gobierno en funciones, con el respaldo del Senado, se vea obligado nuevamente a intervenir la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.    

La declaración aprobada en la que el Parlament se reafirma “en su carácter plenamente soberano” y rechaza “las imposiciones antidemocráticas de las instituciones del Estado español”, y en especial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, les lleva a afirmar “la legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales”. Estas apreciaciones, además de contener falsedades de bulto propias del independentismo irredento, constituyen un desprecio a los dos principales órganos jurísdiccionales nacionales y proponen una insurrección ciudadana y política cuyas consecuencias son difíciles de determinar.

El desafío continua con la petición de un “acuerdo nacional” para lograr una amnistía para los presos y exiliados -imposible de conceder por ley-, otra vez la autodeterminación –imposible de conceder por la Constitución y  para la consecución de unos derechos civiles y políticos que solo pueden derivar de una situación de independencia que en ningún caso es posible, que ya  intentaron y en la que fracasaron por la respuesta del Estado de Derecho, que fue ignorada por la comunidad internacional y que ha sido condenada en algunos de sus aspectos por los tribunales europeos.

La detención de siete personas relacionadas con los CDR y su envío a prisión por el juez por los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos, además de provocar una bronca impropia de un parlamento democrático dio lugar a la petición de la retirada de la Guardia Civil de Cataluña, considerada por los independentistas como una policía política.

La respuesta del Gobierno en funciones a las resoluciones aprobadas que ponen en cuestión todo el andamiaje del Estado fue inmediata y anunció que las recurrirá ante los tribunales, con lo que una vez más se volverá a judicializar la política catalana.

Los movimientos y las proclamas del independentismo ante la próxima publicación de la sentencia hacen temer que la reacción de ese sector de la ciudadanía catalana vaya a ser muy duro y se comprobará si realmente pesan más los llamamientos a mantener el espíritu no violento de sus manifestaciones o habrá quien prefiera ‘apretar’ como pidió el propio Torra. De esa reacción dependerá la respuesta del Gobierno en funciones. Pedro Sánchez ha afirmado que no le temblará el pulso si tiene que recurrir al artículo 155.