Sergio Izquierdo Monge y Ricardo Martínez Borque acumulan prácticamente media vida detrás de un mostrador y nunca antes en sus 19 años de experiencia en el sector de la hostelería habían vivido una situación tan crítica como la actual. «Es mucho peor que en la anterior crisis gorda que hubo [en alusión a la de 2008]. Ahora no tiene nada que ver», coinciden los dos. Porque ahora su negocio no depende de su trabajo ni de su esfuerzo ni de su capacidad de reinventarlo para atraer clientela. Ahora, quien decide cuándo y cómo suben la persiana de sus dos bares del centro de Soria, el Avalon y el  Green, es la autoridad sanitaria -la Junta de Castilla y León en este caso-, y, «con las restricciones actuales, cuesta más tener abierto que cerrado», sentencian. 

De hecho, ellos bajaron la persiana de sus dos locales en octubre, cuando vieron que «la situación era ya insostenible». «Necesitabas tener la misma gente, o incluso más, para facturar un tercio de lo habitual, era ya imposible», asumen resignados y lamentando que ahora, además de atender al cliente, hay que «vigilar» que este cumple las medidas COVID. 

Las últimas restricciones les reafirman en su decisión, si bien su situación económica se agrava. Porque, aunque están cerrados, las facturas siguen llegando. 

Acceden a mostrar las cuentas de su negocio a El Día de Soria para evidenciar una situación que asfixia al sector y que, insisten, se escapa de sus manos. Pero su caso no es aislado. Ellos se dedican a la hostelería y, dentro de esta, a «la noche y la cultura». Son quizá dos de las ramas que más se han visto afectadas por las restricciones de la era COVID-19 (por el cierre del ocio nocturno, la limitación horaria, el control de aforo, el adelanto del toque de queda...), pero su situación es extrapolable a cualquier otro tipo de bar y restaurante, a gimnasios, comercios y cines del centro comercial... Y, al final, esto es una rueda donde, si no se mueve el dinero en un sector, acaba afectando a otros de forma directa o indirecta. 

cerrados, pero con gastos... Con las facturas en la mano, cada mes tienen que hacer frente a cerca de 9.000 euros en gastos fijos de sus dos negocios de hostelería, donde dan empleo a ocho personas. Puede parecer mucho, pero los papeles hablan. Solo en alquiler de los dos locales y de un pequeño almacén pagan 4.500 euros mensuales, y eso que sus arrendadores «se han portado bien» y les han rebajado las cuotas, agradecen. 

La segunda partida mensual más elevada es la de impuestos. Sumando el modelo 110 (declaración trimestral de retenciones sobre rendimientos de trabajo, actividades y premios) y el 115 (autoliquidación periódica de las retenciones e ingresos a cuenta, rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos) cada mes tienen que asumir 1.300 euros. Y eso teniendo cerrado. 

En Seguros Sociales ahora pagan unos 900 euros. Es lo que les corresponde en estos momentos, teniendo en cuenta que su plantilla, de siete trabajadores, está en ERTE de limitación de la actividad. Es cierto que las empresas cuentan con determinadas exoneraciones por la situación COVIDque les pueden liberar de parte de la carga de las cotizaciones sociales de sus trabajadores, pero la obligación de cotizar la siguen teniendo y, en estos momentos, estos dos empresarios deben asumir el 20% de las cuotas.Si normalmente pagan unos 4.900 euros, ahora rondan los 900. Y a esto hay que sumar su cuota como autónomo. Otros 366 euros. 

Las luces del bar no se encienden desde octubre pero la factura de la compañía eléctrica sigue llegando y asciende a 370 euros al mes entre los dos negocios. Yla de agua, a 330. Son partidas que en condiciones normales se elevarían mucho más pero, aun estando cerrados, hay que afrontar los ‘mínimos’ marcados.  No obstante, en este punto, Izquierdo felicita la decisión del Consistorio capitalino de «perdonar» las facturas de basuras y agua del último cuatrimestre, así como las terrazas. «Es un sacrificio del Ayuntamiento y eso también hay que agradecerlo», apunta. 

En la cuenta del ‘debe’ hay que añadir los 270 euros de gestoría y los 200 euros mensuales de los seguros obligatorios de ambos locales. De teléfono, internet... pagan cerca de 200 euros y de avales, otros cien. La cuota por pertenecer a diferentes asociaciones empresariales y sectoriales asciende a 35 euros mensuales. Y aún hay un pago más que deben asumir, aunque no suene la música ni se encienda la tele, la SGAE (la Sociedad General de Autores y Editores). Son 65 euros por local «estando cerrados». De normal, se elevaría a 170.

...y con «cero ingresos». La suma de todos los gastos se eleva hasta 8.669 euros mensuales entre los dos negocios. Como en toda cuenta de resultados que se precie, es necesario mirar ahora la partida del ‘haber’, pero ahí acabamos pronto. «Los ingresos son cero». Porque con la puerta cerrada no hay clientes y «las ayudas a la hostelería, de momento, son cero, ninguna», resumen. 

Es cierto, matizan, que ellos han solicitado dos ayudas, una al Ayuntamiento de Soria y otra a la Junta, pendientes de resolución. Si se las concedan, es obvio que llegarán al menos diez meses tarde, porque el primer cierre obligado fue en marzo. Pero, además, quedarán lejos de igualar el desembolso ya asumido: «La de la Junta será como mucho de 3.500 euros», reparan;y la del Ayuntamiento, para empresas que hayan paralizado su actividad durante los meses de pandemia o reducido la misma un 60%, será como mínimo de 1.000 euros y como máximo de 3.000. 

No hay que ser matemático para ver que las cuentas no salen y que la situación financiera es ya «crítica». Y no a nivel solo empresarial, sino a nivel personal porque, admiten, están tirando desde hace ya tiempo de su patrimonio. «Lo que hemos hecho en veinte años de trabajo lo hemos perdido en este tiempo y estamos poniendo ya dinero de nuestros bolsillos, de nuestro patrimonio», admiten ambos socios. 

Porque, recriminan, los mensajes de ayudas, subvenciones, créditos, apoyos... son más publicidad que realidad. Y apuntan directamente a los créditos ICO anunciados por el Gobierno. «Al principio, cuando esto iba a ser una situación puntual, podía estar bien. Nosotros solicitamos uno pensando en salvar esos primeros meses cerrados y con la idea de poderlo devolver cuando se retomara la normalidad. Pero ha pasado el tiempo y seguimos igual o, mejor dicho, mucho peor, porque ahora hay que devolver esos créditos que, cabe recordar, tienen su interés. Yahora hemos intentado solicitar otro ICO y no lo conceden, y lo más curioso es la razón por la que lo deniegan:riesgo del sector», explica Izquierdo. «Se supone que el Gobierno avala pero, como es hostelería y ya dan por hecho que no vas a tener para devolverlo, pues no te avala. Pero, claro, no tienen en cuenta que no tienes porque no te dejan trabajar», añade indignado. A la vista de esta situación, «es una vergüenza y un engaño», resume Martínez. 

Ante este panorama, ahora están «buscando financiación» para salvar sus negocios, con la mirada puesta en que pueda remontar la situación sanitaria, y abrir. La desolación es tal que Izquierdo prefiere ni plantearse el futuro e ir «día a día» porque, reconoce, el negocio está en «riesgo extremo». «La hostelería la veo muy mal porque, además, creo que esto va a traer un cambio. Al principio sí que saldrá la gente y estará animado pero, después, creo que quedarán cuatro bares y la que gente hará mucha vida de casa», apunta su socio. 

ERTE sin cobrar. La situación de su plantilla no es mucho mejor. «Hay dos trabajadores que no están cobrando nada», lamentan. «Nosotros sí estamos obligados a pagar los impuestos por ellos pero, sin embargo, ellos no tienen derecho a cobrar ni un euro de ningún tipo de prestación», apuntan indignados sobre las contrariedades de esta situación. Pero, además, añaden, «tampoco los podemos echar porque, como cerramos y fuimos todos a ERTE de limitación, ahora tenemos la obligación de mantener los puestos al menos durante seis meses». Y otra curiosidad más, «tenemos que mantener los puestos, no a las personas». 

Es la letra pequeña de una ardua normativa que cambia casi al día. Estos dos trabajadores no pueden cobrar paro porque sus contratos eran recientes y, por tanto, tienen acceso a las ayudas correspondientes a sus periodos de ocupación cotizada. Y no pueden despedir a nadie porque la cláusula de mantenimiento del empleo prohíbe a los autónomos que solicitaron un ERTE por fuerza mayor despedir hasta que se cumpla el plazo de seis meses. El tiempo además no empieza a contar desde que se abrió el expediente, sino desde que se recuperó al primer trabajador.  

¿abrir? Echando la vista atrás, recuerdan ahora ese 13 de marzo que cerraron «voluntariamente» preocupados por sus trabajadores. En julio retomaron la actividad, confiados en que «no iba a durar tanto». Tras unas primeras semanas «buenas», en octubre, «asfixiados» por las restricciones, decidieron cerrar. De momento, ni se plantean abrir porque son conscientes de que «es mejor perder uno que tres», en alusión a que ahora para abrir necesitan más gente para trabajar menos (porque hay que controlar aforos, atender terrazas...). Es la nueva hostelería COVID, donde los costes crecen al subir la persiana pero los ingresos... no.