El campo está en pie de guerra. Las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG han movilizado al sector para exigir, una vez más, la adopción de medidas que resuelvan los desequilibrios que arrastran desde hace décadas y comprometen la viabilidad de las explotaciones agrarias. Las centrales sindicales manejan algunos cifras que dejan patente cuál es la situación: según Asaja Soria, le precio medio anual del trigo en 1986 se situó en 17,19 euros los 100 kilos, mientras que en 2018 se pagó a 18,41 euros; por el contrario, los abonos simples nitrogenados costaban en 1990 334,78 euros la tonelada y en el ejercicio de 2019, el coste era de 754,37 euros, un 125% más.

Las cifras oficiales, las que publica la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta en sus anuarios, dan una idea de cuál es el panorama. Puede concluirse que la rentabilidad de las explotaciones permanece estantacada en la última década, mientras que los profesionales del campo de Soria desembolsan un 38% más en los gastos de consumos intermedios que hace diez años.

Según los resultados del último informe Las Cuentas Económicas de la Agricultura en Castilla y León, correspondiente a 2017, los consumos intermedios se elevaron a 198,61 millones de euros, mientras que la renta agraria (valor añadido bruto, amortizaciones, subvenciones e impuestos) fue de 144,93 millones. En comparación con los mismos datos del estudio de 2009, los agricultores y ganaderos han gastado 55 millones más en semillas, energía, fertilizantes, fitosanitarios, veterinarios, pinesos, mantenimienot de material y edificios, etcétera, mientras que la renta agraria se ha incrementado en 20,12 millones. 

En este sentido, cabe puntualizar que la serie recopilada desde 2009 hasta 2017 también revela que la renta agraria en Soria ha fluctuado en este tiempo, con picos desiguales: por ejemplo, ascendió a 124,81 millones en 2009 y se disparó hasta los 196,78 millones al año siguiente, cayó estrepitosamente hasta los 101 millones en 2012 y se ha ido recuperando alcanzando la cifra más alta en 2016 con 198,68 millones y desplomándose de nuevo a 144,93 millones de euros hace dos campañas. 

También los consumos intermedios han bajado y subido, pero la tendencia general ha sido al alza, teniendo en cuenta que si el gasto en 2009 fue de 143,57 millones en la provincia de Soria fue subiendo hasta llegar al máximo en 2014 con 215,78 millones y desde hace cinco años ha bajado, registrándose en 2017 la suma de 198,61 millones.

Así las cosas, el Valor Añadido Bruto (VAB), que es el resultado de la resta entre la producción agraria y el gasto en consumos intermedios fue de 122,60 millones en 2017, mientras que en 2009 fue de 104,98 millones. Igualmente, las fluctuaciones son constantes en este periodo de tiempo. Para ilustrarlo: el VAB en la provincia de Soria fue 75,04 millones en 2012 y ascendió a la cifra más alta en 2016 con 170,70 millones. 

pérdida de activos. En este escenario incierto del sector agrario, hay que tener en cuenta que el campo soriano ha perdido en las dos últimas décadas a un tercio de sus profesionales. Según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social correspondientes a enero de este año, 621 profesionales están afiliados en Soria al Régimen General en la rama agraria, mientras que 1.644 son autónomos incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).  En total, 2.265 profesionales dedicados al campo, una cifra muy inferior a dos décadas antes. En 1999, la suma ascendía a 3.704 trabajadores (711 por cuenta ajena y 2.993 autónomos). En resumen, el agro soriano ha perdido en 20 años un total de 1.439 trabajadores.

Además, cabe reseñar que los profesionales agrarios representan el 5,86% del total de afiliados a la Seguridad Social en la provincia al terminar el mes de enero, y que el sector primario sigue estando masculinizado, con casi un 84% de hombres y el resto mujeres.

La superficie de cereal sembrada en la campaña de 2019 ocupó 212.982 hectáreas del campo soriano, con una producción de 641.000 toneladas, lo que implica un rendimiento de 3.010 kilogramos por hectárea, tal y como informaron durante la campaña de cosecha desde la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta. Estas cifras están en la media del último lustro (216.262 hectáreas cultivadas de cereal, 631.220 toneladas y un rendimiento de 2.919 kilos por hectárea). 

reivindicaciones. El presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, resume en tres pilares las reivindicaciones que han llevado a movilizarse a las organizaciones agrarias. En primer lugar, se refiere a la rentabilidad agraria ya asegura que los profesionales del campo están vendiendo sus productos «a los mismos precios que hace 30 años», mientras que los costes de producción se han elevado sustancialmente. Calcula que se ha perdido un 10% de renta agraria y pone el acento en que los únicos ingresos que tienen son las ventas y las ayudas de la PAC. «Nos están echando del campo. Hijos y nietos de agricultores se lo piensan antes de continuar porque ven que no es rentable», sostiene.

Cabe puntualizar que la mitad de la renta agraria procede de las sunvenciones (medidas agroambientales, ayudas a fondos operativos, indemnizaciones a zonas desfavorecidas, pago único, compensación del IVA, etcétera). En concreto, los datos de Soria del informe ‘Las Cuentas Económicas de Castilla y León’ de la Junta correspondiente a 2017 indica que 73,23 millones se percibieron en concepto de subvenciones, uno de los cuatro apartados, junto con el Valor Añadido Bruto (VAB), amortizaciones e impuestos con los que se calcula la renta agraria, que en esa anualidad sumó en Soria 144,93 millones de euros.

El segundo pilar que menciona Gómez se refiere a los daños causados en las parcelas agrícolas y en la cabaña ganadera por parte de la fauna silvestre, que se ven agravados con las reticencias por parte de Agroseguro a la hora de prestar cobertura, mientras que cree que la tercera «pata» sobre la que se sustentan las protestas del campo es el señalamiento social que sufre el agro por parte de colectivos ecologistas y animalistas. «Hace falta mucha pedagogía. Pido respecto para nosotros, que somos los que producimos los alimentos para la sociedad y tenemos que competir en los mercados en franca desventaja», defiende.

Por su parte, el secretario general de UPA Soria, Raúl Ramírez, pone el acento en que la rentabilidad del campo está «limitada» a las ayudas. «El sector está subvencionado lo que significa que no es rentable», señala. Culpabiliza a los «grandes grupos que gobiernan la distribución» del desfase de los precios y también al hecho de que «solo un 20-25%» de los trabajan la tierra son propietarios, por lo que estima inviable la incoporación de los jóvenes al campo.