Ofensiva de Greenpeace contra la macrovaquería de Noviercas

Nuria Zaragoza
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Tras recibir el informe municipal, los ecologistas confían en poder paralizar la inversión apoyándose en «las deficiencias y disconformidades legales» que afectan a la modificación de normas planteada

Ofensiva de Greenpeace contra la macrovaquería de Noviercas

Greenpeace confía en paralizar el proyecto de macrovaquería que la cooperativa Valle de Odieta promueve en Noviercas basándose en dos cuestiones:las «deficiencias y disconformidades legales» detectadas en la modificación de normas urbanísticas de Noviercas necesaria para poder dar luz verde a la construcción de la macroexplotación ganadera, y la concesión de agua que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)debe autorizar para una granja de más de 23.000 vacas. Así lo ha anunciado el portavoz del grupo ecologista experto en la materia, Luís Ferrerim, una vez que ha recibido del Ayuntamiento de Noviercas la documentación solicitada sobre el expediente. 

«Se observan deficiencias y disconformidades legales que afectan de forma sustancial al expediente. Son las palabras con las que rechaza la Diputación de Soria el informe del Ayuntamiento de Noviercas para modificar las normas urbanísticas. Desde Greenpeace celebramos que la Diputación se oponga así a la modificación y, más aún, que especifique que ésta no se justifica en razones de interés público, aconsejando su revisión completa», explica Ferrerim al respecto.

Desde la Diputación de Soria especificaron este jueves que el informe al que se refiere Greenpeace es un documento antiguo y que, aunque señale deficiencias, eso no significa que se pueden solventar y hacer la modificación solicitada. 

El portavoz Greenpeace concretó que el informe está fechado en «abril de 2018», si bien es ahora cuando el colectivo ecologista ha tenido acceso al mismo, una vez que se han personado «como parte» en el proceso y el Ayuntamiento les ha remitido la información solicitada. Independientemente de la fecha, recalcó Ferrerim, el informe detecta «deficiencias legales», por lo que «pedimos la paralización, teniendo en consideración lo que pone en el informe. Entendemos que con esto hay que paralizarlo», insistió. A juicio de los servicios jurídicos de Greenpeace, «el Ayuntamiento debe seguir el contenido del informe de la Diputación, en el que se constata que la instalación de la macrogranja propuesta por la empresa propietaria, Valle de Odieta S.L., es contraria a derecho».

No es la única baza que pretenden jugar los ecologistas. «Estamos actuando en todos los frentes y en coalición con otras organizaciones», recordó el portavoz. Cabe recordar que Ecologistas en Acción, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Food & Water Europe y Greenpeace se reunieron el pasado mes de enero con el alcalde de Noviercas, Pedro Millán, la concejala, Belén Melendo, y el diputado provincial responsable de agricultura y ganadería, Raúl Lozano, para mostrar su frontal rechazo al proyecto. 

DEFENSOR DEL PUEBLO. Además,  desde Greenpeace han presentado una «queja ante el Defensor del Pueblo para que analice todos los aspectos que están en cuestión en este proyecto» y están a expensas de que la iniciativa se presente a exposición pública ya que, anuncian, «por supuesto, presentaremos nuestras alegaciones en el momento conveniente». Han solicitado también el expediente al respecto a la solicitud de autorización de aguas a la CHD. 

«Uno de los aspectos fundamentales es el cambio de las normas urbanísticas. Si no se lleva a cabo el expediente, se tiene que paralizar el proyecto de la macrogranja, o cambiar sustancialmente», insiste. Y a esto hay que sumar los «aspectos medioambientales que vemos. Estamos denunciando las implicaciones mebientales que tiene este proyecto, sobre todo en el escenario de cambio climático en el que nos encontramos. La comunidad científica nos pide que reduzcamos nuestra ingesta de proteínas de animales y, por lo tanto, no tiene ninguna cabida un proyecto como este que sería una auténtica fábrica de cambio climático. Además, pone en cuestión el modelo social que existe en España de ganadería extensiva y sería un mal ejemplo para toda la Unión Europea», sentencia Ferrerim.