CRÓNICA PERSONAL

Antonio Casado

Periodista especializado en información política y parlamentaria


El Supremo, con Puigdemont

El Tribunal Supremo, cúpula del Poder Judicial de ese Estado Español que el independentismo quiere sustituir por otro diferente en Cataluña, se ha puesto de parte de Puigdemont en el pleito que el expresidente de la Generalitat, Clara Ponsatí y Toni Comín mantienen con la Junta Electoral Central, que los vetó hace una semana como candidatos al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 26 de mayo. 
En realidad lo que ha hecho el Alto Tribunal es inhibirse a favor de los tribunales ordinarios (jurisdicción de lo contencioso-administrativo) pero adelanta su opinión favorable a la elegibilidad de los tres dirigentes independentistas declarados en rebeldía. 
Es de suponer que esa posición del Supremo, coincidente con la de la Fiscalía, la de cuatro miembros discrepantes de la Junta Electoral y la doctrina del Tribunal Constitucional, determinará la decisión final de los juzgados en el sentido de hacer prevalecer el derecho fundamental al sufragio pasivo (participación en asuntos públicos, según el articulo 23 de la Constitución) por encima de cualquier otra consideración. 
En la duda, el desenlace siempre ha de ser el más favorable al derecho fundamental que está en juego. En este punto es donde a veces los tecnicismos judiciales acaban atropellando el sentido común y generando estupor de la opinión publica. También es un derecho fundamental, por ejemplo, la libre circulación. Pero en ningún caso prevalecerá sobre la exigida detención por mandato judicial de un presunto delincuente en plena calle. 
Por eso será inevitable que mucha gente contraponga el deber básico de un ciudadano a ponerse a disposición de la Justicia, si la Justicia lo reclama, al derecho también básico de un ciudadano a presentarse a unas elecciones y formar parte de determinada candidatura con todas las de la ley. Y este es el caso de tres ciudadanos que huyen de la Justicia española pero exigen su derecho a participar en los asuntos públicos. 
¿Rebelde para la Justicia y al tiempo libre de presentarse o no a unas elecciones? Aunque parece un contrasentido, esa es la posición del Tribunal Supremo, que se declara incompetente para decidir sobre los recursos presentados por Puigdemont, Ponsatí y Comín contra el veto de la Junta Electoral, pero adelanta su opinión favorable a la elegibilidad de los tres. 
Uno siempre guarda la esperanza de que tal vez un día, algún juez o jueza de España diga a Puigdemont lo mismo que hace unos días la jueza Taylor le ha dicho al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, por haber huido de la justicia británica hace siete años: 
"Usted aprovechó su posición de privilegio para situarse por encima de la ley y expresar internacionalmente su desdén hacia la Justicia de este país".


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