«No se puede cazar en Castilla y León, y efectivamente, es un problema». Con estas palabras la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, lamentaba ayer el auto del Tribunal Superior de Justicia que anula cautelarmente la Orden de Caza, y advirtió de los problemas que supondrá esta prohibición en la región.Marcos avisó que la imposibilidad de cazar en la región degenerará en riesgos para el campo, los jardines de las ciudades o en la seguridad vial. Durante su intervención en la rueda de prensa posterior alConsejo de Gobierno, la también consejera de Agricultura valoraba la decisión del TSJ, algo que ya vaticinó la pasada semana el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
«No cambia nada la situación de la semana pasada», aseguró la consejera en referencia al anterior auto del TSJ que suspendió de forma cautelar el catálogo de especies cinegéticas al que se une ahora el que paraliza la orden de caza con efecto para las actuaciones posteriores a estos fallos ni para las previas. «No se puede cazar en Castilla y León», asumió la portavoz, que advirtió del perjuicio de esos fallos para la economía de la Comunidad, para actividades como la agricultura y la ganadería e, incluso, para la siniestralidad vial. «En buena lógica, ya lo esperábamos», manifestó Marcos para quien el auto sobre la orden de caza «replica» el del catálogo sobre las especies cinegéticas.
Una situación que llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, estimase la petición del Pacma y suspendiera cautelarmente la orden anual de caza dictada por la Junta. En el auto los magistrados reproducen en esencia los argumentos por los que la pasada semana suspendieron de forma provisional el decreto que regula la conservación y el aprovechamiento de estas especies cinegéticas, así como el control poblacional de la fauna silvestre.
Según la Sala, las dos normas suspendidas (decreto y orden) incurren en los «mismos vicios» por los que el TSJ ya anuló la normativa anterior que regulaba la caza en sendas sentencias de 2017 y 2018. «No existen informes científicos objetivos y actuales que garanticen el ejercicio de la caza en condiciones de sostenibilidad», precisó.En el escrito del tribunal, aseguran que «no basta con autorizar la práctica de la caza si no que hay que hacerlo en condiciones que aseguren que la misma no perjudica el estado de conservación de las especies».
No es legal
Por su parte, la presidenta del partido animalista Pacma, Silvia Barquero, sostiene que el fallo del Tribunal Superior de Justicia, la actividad cinegética «no está amparada legalmente» en esta Comunidad. La representante del Pacma avanza que su organización defendía que con el fallo inicial la caza en Castilla y León había quedado prohibida al ser la norma encargada de regular esta actividad, si bien advierte de que los cazadores no entendían los mismos al entender que la Orden Anual de Caza, no había quedado afectada. Sin embargo, Barquero apunta que las dudas quedan ahora totalmente despejadas. «Por tanto, en la actualidad no hay en vigor norma jurídica alguna que permita la caza en Castilla y León de forma legal. Ningún cazador puede salir a matar animales en la Comunidad. El análisis que hacemos es que el Alto Tribunal se reafirma en su intención de continuar con la prohibición de la caza en el territorio regional», concluye la máxima responsable del partido animalista, informa Europa Press.