CRÓNICAS BÁRBARAS

Manuel Molares

Periodista. Analista de la política, la cultura y de la sociedad global


Constitucional, no a los okupas

El derecho de okupación de viviendas era una de las demandas de Podemos que acaba de ser rechazada por el Tribunal Constitucional en una sentencia que ratifica el derecho de expulsión de ocupantes ilegales, noticia que ha pasado desapercibida al competir con las promesas electorales de los partidos.

El pleno del Constitucional ha dictaminado que el acceso a una vivienda digna es un derecho general, pero que no se pueden vulnerar los derechos de los propietarios.

Recuerda el artículo 47 de la Constitución, que los propietarios privados no son los responsables de proveer viviendas; SON los “poderes públicos (quienes) promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”

Podemos había apelado a ese Tribunal en contra de la ley de desahucio exprés de 11 de junio de 2018 que rompía la cadena que permitió, al amparo de una inocente ley de 2000, que cerca de 80.000 viviendas estén ocupadas por quienes sin derecho alguno le han dado una patada a la puerta y la han ocupado dejando fuera a sus dueños.

La ley ratificada ahora iniciaba su preámbulo así: “La ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna”

Al amparo de la liviandad de la ley anterior se han creado mafias que alquilan o venden las viviendas ocupadas, o las convierten en narcopisos o en lugares que le hacen la vida imposible a los vecinos y degradan el valor de su propiedad, o que dejan sin su hogar a personas que se habían ausentado por una hospitalización o un viaje de uno o dos días.


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