Un total de once empresas sorianas han presentado sendas reclamaciones patrimoniales contra la Junta de Castilla y León, por ahora, por los cierres y restricciones para el periodo comprendido desde el 21 de junio de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021. Tal y como informan desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), se trata de negocios que desarrollan actividades de alojamiento, restauración, ocio nocturno, distribución comercial y transporte de viajeros.

No obstante, se trataría de los primeros expedientes dirigidos a la Administración autonómica, ya que el plazo para su tramitación se extiende hasta el 9 de mayo de 2022, es decir, hay un año desde que se originó el supuesto perjuicio.

Cabe recordar que, a mediados de junio, FOES cerró el proceso administrativo de reclamación patrimonial contra el Estado por el mismo motivo, al que concurrieron 44 empresas de forma conjunta para exigir un volumen de más de 1.250.000 euros por las pérdidas acumuladas entre el 14 e marzo y el 21 de junio de 2020.

También en aquel caso, la mayor parte fueron empresas del sector de la hostelería y alojamiento, también de distribución de alimentación y bebidas, transporte de viajeros y estaciones de servicio.

Las reclamaciones se interponen al considerar que las empresas de Soria no tienen el deber jurídico de soportar los «desproporcionados daños» causados en el tejido empresarial por las medidas adoptadas, cierres y restricciones de actividad que no han venido acompañadas de medidas de reparación, lo que las ha sumido en una total indefensión.

La responsabilidad patrimonial de la administración deriva del artículo 106 de la Constitución Española, que establece que las administraciones están obligadas a responder por los daños y perjuicios causados por sus actuaciones.

Durante el primer año de pandemia, las distintas, repetidas y cambiantes decisiones normativas adoptadas por los dos gobiernos han causado considerables perjuicios y daños permanentes a los empresarios y a los autónomos, sin que se hayan podido beneficiar de medidas de reparación.

El plazo del proceso administrativo que se inicia tras la interposición de las reclamaciones es de seis meses y puede derivar en demanda judicial en caso de que su resolución sea contraria a las peticiones de las empresas reclamantes.

Las reclamaciones patrimoniales al Estado dieron paso a las que se están presentando contra la Junta de Castilla y León. A la Administración regional se le piden compensaciones por los mismos conceptos.

medidas menos drásticas. Según FOES, este procedimiento se complica ya que las medidas en estos meses no fueron tan drásticas como en el confinamiento decretado en el primer estado de alarma y las reclamaciones tienen que presentarse en consonancia con las medidas que se han implementado en distintos municipios. No obstante, FOES anima a las empresas de todos los sectores productivos de la provincia a participar en la reclamación conjunta contra la Junta bajo la premisa de que la reclamación cobrará mayor fuerza cuantas más empresas participen en ella y reclamen por los daños causados por los cierres, limitaciones y restricciones de actividad. 

FOES abrió estos procedimientos de reclamación un año después de constatar cómo el dinero no ha llegado a los empresarios y autónomos, como vía legal para reclamar lo que legalmente les corresponde.