«El orientador educativo no dispone de tiempo ni de recursos para poder realizar con seriedad y profesionalidad su trabajo debido a la infinidad de funciones y al alto número de alumnado al que tiene que atender». Así lo expresa Anabel Blázquez Lapeña, representante del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Soria (STES) y, a la vez, orientadora educativa. Y es que en Soria capital y provincia hay un total de 29 profesores que desempeñan esta tarea para las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional (FP) y Adultos, por lo que si hay que atender «a una población educativa de unos 15.000», la ratio se eleva a 520 alumnos por profesional, que también tiene que asistir a las familias y a los docentes. Esto supone que se duplica la recomendación de la Unesco, que aconseja que exista un orientador por cada 250 alumnos con el fin de lograr una formación personalizada favorecer una enseñanza integral tanto en conocimientos como destrezas y valores.
Pero la representante del sindicato va más allá en cuanto a la realidad que se les presenta a los profesores que ocupan estos puestos. «Pisamos tierra y trabajamos con las diferentes realidades de cada niño, adolescente o adulto. Pero también nos enfrentamos a la realidad que nos marca la Consejería de Educación, que es la que aprueba la normativa», señala. De esta forma, Blázquez asegura que la administración señala a todo el alumnado como destinatario del trabajo de los orientadores, si bien en la realidad las instrucciones se sostienen sobre una base de datos (ATDI) para «etiquetar a los niños y niñas con la intención de que solo se den recursos a algunos», como son, por ejemplo, los de Educación Especial.
Extensión. A juicio de Anabel Blázquez por ley se señalan funciones «variadas, indefinidas, generales, difusas y con necesidad de intervención» individual, de clase, de centro y también de localidad, incluida la coordinación con «centros de salud, servicios sociales o diferentes colectivos», sobre todo cuando se trata del medio rural. Entre otras cuestiones, deben redactar informes psicopedagógicos de alumnos, participar en tutorías, elaborar documentos de toda índole, etcétera. «La función que impera para la Administración es la burocrática, la de elaborar informes que justifiquen medidas de ayuda como son los apoyos educativos por parte de especialistas que después no tiene el centro o, si los tiene, no pueden ofrecer un tiempo realmente óptimo», denuncia STES.
Por otra parte, desde el punto de vista del sindicato, mientras se ponen sobre la mesa planes y medidas de atención a la diversidad en los centros públicos, «realmente se están fomentando acciones segregadoras» como, en opinión de la orientadora educativa, pueden ser las asignaturas optativas ya en la ESO (matemáticas aplicadas o académicas), grupos bilingües, bachilleratos de excelencia, aulas para alumnado con trastorno de la comunicación...
reivindicaciones. Por todo ello, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Soria urge a la elaboración de políticas que destinen fondos a la atención a la diversidad y a la inclusión educativa. «El alumnado estará realmente bien atendido si hay menos alumnos por clase y si se aumenta el número de docentes, también especialistas. Si se apuesta económicamente por ello, conseguiremos una orientación más cercana y verdadera», indica Blázquez.
Y es que, en general, los alumnos españoles discrepan con el asesoramiento que, por ejemplo, reciben en los institutos. Según el estudio Preparing the new generation for future of work, publicado por la Cumbre Mundial de la Innovación Educativa, para el que se ha entrevistado a más de 2.000 estudiantes británicos, franceses, belgas, alemanes y españoles, ocho de cada diez estiman que la orientación que reciben no es suficiente y, entre otras cosas, echan en falta un asesoramiento personalizado a la hora de escoger sus itinerarios educativos. Y son los españoles, según este estudio, los que se muestran más descontentos.
Descendiendo a lo local, para la integrante de STES es necesario apostar por recursos e intervenciones que favorezcan la prevención de problemas. «Hay que tener en cuenta las peculiaridades de Soria para el desarrollo en la educación de la población, incidiendo en la zona rural y también en los centros de adultos», significa la orientadora.
En este sentido, no hay otra forma que aumentar el número de orientadores educativos, que para cumplir la recomendación de la Unesco de uno por cada 250 alumnos, en Soria se traduciría en una plantilla mínima de 58 docentes preparados para desempeñar estas funciones en el ámbito provincial. «No podemos olvidarnos de la dispersión geográfica de nuestra provincia y de la distancia que hay entre las escuelas que tienen que atender los equipos de orientación», afirma.
Así las cosas, STES insta a «eliminar la sobrecarga» de trabajo y funciones estableciendo responsabilidades más concretas, ampliando el horario para la coordinación y tomando más en cuenta las decisiones que adopten los orientadores. «La Administración debe valorar toda aquella labor que vaya más allá de la de ser puramente transmisores de conocimientos», abunda.
Por último, la representante de STES reitera que los orientadores tienen «más tareas» de las que pueden asumir, por lo que exigen un incremento del personal y una redefinición de las funciones. «Con estas condiciones de trabajo no podemos ayudar realmente. Solo nos quieren para poner parches y ejercer de intermediarios como apagafuegos», zanja.